El rector de la Uagrm anunció, en días pasados, que estaba listo para ir a declarar, el 10 de noviembre, en el Trópico de Cochabamba.
Fuente: Red Uno
Milen Saavedra
El Juzgado de Villa Tunari declinó su competencia en la denuncia presentada por el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, contra Evo Morales acusándolo por los conflictos, enfrentamientos y consecuencias del bloqueo de carreteras que sectores afines al expresidente durante más de tres semanas. En ese sentido, el caso fue remitido al municipio de Sipe Sipe.
La semana pasada, Cuéllar presentó la denuncia en la Fiscalía de Santa Cruz, que la derivo a Cochabamba. Entonces, la Fiscalía departamental la designó a Villa Tunari, en el Trópico de Cochabamba, porque sería el lugar donde se registraron los hechos.
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Según dijo el rector la semana pasada, lo correcto era que la investigación proceda en Santa Cruz porque en la denuncia se hizo énfasis en que gran parte de los hechos ocurrieron en el puente de Yapacaní, donde la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno tiene una facultad y «los estudiantes estaban siendo privados de poder asistir a clases».
Luego, el lunes informó que el próximo 10 de noviembre acudiría a Villa Tunari para prestar declaración en calidad de testigo. Manifestó su compromiso de presentarse ante la justicia y exhortó a Evo Morales a responder también a las citaciones judiciales pendientes en su contra.
Sin embargo, el juez de Villa Tunari, Gualberto Quispe, determinó que, de acuerdo con la normativa territorial, la denuncia debía ser remitida a Sipe Sipe, donde se considera que están ubicados los hechos clave y las pruebas materiales, especialmente en Parotani, donde hubo enfrenamientos con dinamitas y policías heridos. Así, el caso ahora será gestionado por el Juez de Instrucción Penal de esa localidad, quien continuará con la investigación y determinará las responsabilidades penales correspondientes, informan medios locales.
Además, al aceptar la denuncia de Cuéllar, la Fiscalía solo admitió los delitos de Atentado contra la seguridad de los medios de transporte, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, impedir o estorbar en el ejercicio de funciones, atentados contra la libertad de trabajo.
Mientras que no se aceptó los delitos de alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, Asociación delictuosa, Terrorismo, Tenencia, porte o portación ilícita, Atentados contra los miembros de organismos de seguridad del Estado, Atentado contra bienes públicos, sabotaje, asesinato en grado de tentativa, lesiones gravísimas y lesiones graves y leves.
Ante este panorama, el rector afirmó que la decisión «demostraba» protección y encubrimiento por parte del Estado a Morales, además, comentó que la investigación no iba a continuar.
En ese sentido, este miércoles, Cuéllar formalizó una nueva denuncia contra Morales y algunos de sus allegados por Terrorismo, Asociación Delictuosa, Portación Ilícita de Armas, Traición a la Patria, entre otros delitos, ante la Fiscalía Departamental de La Paz.
«Por estos 23 días de paro que ha estado haciendo sufrir a la familia boliviana, bloqueando al sector productivo, por estar privando de que lleguen los alimentos de primera necesidad a los diferentes mercados (…), inicialmente la denuncia es contra Evo Morales y sus colaboradores, pero será el Ministerio Público quien haga la investigación correspondiente. En la ciudad de Santa Cruz no me admitieron la primera denuncia. El propio Evo Morales, el año 2009, promulgó un Decreto Supremo 138, donde se establece que toda persona denunciada por Terrorismo debe ser investigada en la ciudad de La Paz, haciendo uso de ese decreto (…), estoy presentando esta denuncia y espero que el Ministerio Público pueda investigar como corresponde», dijo el rector cruceño, citado por ABI.