El rostro de la justicia no es el rostro del afianzamiento de igualdad, imparcialidad y legalidad; es el rostro de todos aquellos que reciben órdenes del poder político para buscar quedarse como magistrados, donde se combinan la fuerza biliosa del magistrado y la inhumana decisión de usar la Ley sin tener explicaciones legales eficaces para arrinconar a quienes pensamos diferente al putrefacto modelo del socialismo del siglo XXI.
Pedir que se aplique lo que manda la Constitución Política del Estado, CPE, y las leyes es pedir peras al olmo, porque los movimientos sociales, parlamentarios y gobernantes maniobran a los operadores del sistema judicial en todos los niveles, al que, penosamente, se prestan muchísimos políticos y abogados.
Las clarividencias de los maestros de la utopía jacobina que rodean al gobierno desde el 22 de enero de 2006 avivan y someten la cachazuda habilidad de asegurar que sus fieles operadores jurídicos permanezcan donde están para descifrar la CPE obedeciendo las decisiones del gobierno, que se presume ser único y auténtico representante del pueblo boliviano. La penumbra en la que se encuentra el sistema judicial, profundizado por el compromiso político de los magistrados con el gobierno, no puede ni debe anular la elección judicial de manera parcial.
La justicia neoliberal hasta el año 2006, de lejos, ha sido mucho más digna frente a la justicia desintegrada de la revolución democrática y cultural que impulsaron los intelectuales del proceso de cambio e impulsan los revelados socialistas del nivel central del Estado. El gobierno, y también toda la oposición parlamentaria, equivocaron el camino porque sus profesionales y militantes de confianza se aplazaron en la competencia del ejercicio libre de la profesión público-privada.
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El debido proceso, la legalidad, la objetividad, la seguridad jurídica o la verdad material no cuentan en las decisiones que se arrogan los altos magistrados del Órgano Judicial, y eso se participa con mucha habilidad a jueces y fiscales que, con mayor disposición y a gusto y sabor, vulneran derechos fundamentales.
No habrá una reestructuración ni fortalecimiento del Órgano Judicial, que es altamente pernicioso y tenebroso de una estructura que ha generado en 18 años, disociando, sembrando miseria, eliminando y violando derechos fundamentales, garantías constitucionales y jurisdiccionales.
Los sepultureros de la justicia boliviana, el 4 de enero de 2012 hablaron de enterrar a la justicia neoliberal, pero 13 años después se olvidan poner en marcha la nueva justicia, mientras siguen procesándonos a quienes repensamos opuesto al perverso partido de gobierno, por quienes ejercen como magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional Plurinacional, que poco o nada han contribuido a la renovación y el fortalecimiento del Órgano Judicial, que es el que debería regular el comportamiento de la sociedad y del Estado. Si la cosa sigue así, jodidos estamos todos.
La justicia en Bolivia no necesita de una reforma, como prometieron el año 2009, y seguramente prometerán los próximos candidatos a la Presidencia, ni precisa de una selección/elección de magistrados, lo que el pueblo demanda es que exista voluntad política de este y del próximo gobierno, para una efectiva reestructuración del sistema judicial, y entre tanto no ocurra ello, vanos serán las menciones, energías y ofertas que se realizan para querer mejorar el sistema, ya que sin presupuesto apropiado, sin jueces probos, idóneos y sin independencia, ningún sistema judicial será fuerte, porque los operadores terminan siempre, de modo rastrero, sometiéndose totalmente al gobierno de turno.
Henry Gonzalo Rico García, es abogado y docente en la UMSS