La permanencia de magistrados autoprorrogados en el Órgano Judicial, quienes han superado el tiempo estipulado en la Constitución para su mandato, ha erosionado la confianza pública en la justicia. La prórroga ilegal de sus cargos no solo es un golpe a la democracia, sino que también deja en evidencia el rol de estos funcionarios en la protección de personajes políticos como Evo Morales, cuya extensa lista de delitos debería ser investigada, pero cuya inmunidad persiste gracias a esta red de protección judicial. La justicia boliviana ha dejado de ser un pilar de imparcialidad y se ha transformado en una herramienta para la defensa de intereses particulares y partidarios.
A escasas semanas de las elecciones judiciales, el panorama se complica aún más. Estas elecciones judiciales, pospuestas en dos ocasiones, ahora enfrentan la posibilidad de un nuevo retraso, impulsado por una sentencia constitucional que prohíbe la elección en cinco departamentos. Esta decisión crea una absurda situación donde se plantea la posibilidad de elecciones parciales: en algunos departamentos se elegirían nuevos magistrados, mientras que, en otros, aquellos que llevan años en el poder extenderían su mandato por seis años más, totalizando 12 años de control ininterrumpido. La alternancia en la justicia queda relegada, y se refuerza la percepción de que el sistema judicial está capturado.
La verdad es que estas elecciones judiciales no resolverán la crisis de fondo que enfrenta la justicia en Bolivia. No solo han surgido irregularidades en el proceso de preselección, sino que la naturaleza misma del proceso electoral es insuficiente para garantizar una reforma judicial integral. Para devolverle su legitimidad, el sistema judicial necesita una reforma que asegure la transparencia y la meritocracia en la elección de sus autoridades, en lugar de servir de plataforma de acceso para candidatos impulsados por el partido de gobierno, quienes llegan al poder con compromisos que los atan al oficialismo. Los actuales magistrados, que se niegan a ceder sus cargos, parecen más interesados en proteger su mandato que en hacer cumplir la justicia.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Esta dinámica se complica aún más con la debilidad del Tribunal Supremo Electoral (TSE), un órgano que debería ser independiente, pero que, al no contar con beneficios de corte ni el amparo de la Ley 044, queda desprotegido frente a una justicia manejada por el Movimiento al Socialismo (MAS). Esta situación genera serias dudas sobre la transparencia del TSE de cara a las elecciones nacionales de 2025. Los vocales del TSE están atrapados en un callejón sin salida: o cumplen con los intereses de Evo Morales y Luis Arce Catacora, o enfrentan la posibilidad de ser procesados por una justicia manejada por los mismos magistrados que protegen al partido de gobierno. Este entramado de presiones y amenazas hace que la manipulación de los resultados electorales en 2025 sea una amenaza inminente.
Esta grave situación debería ser una llamada de alerta para todos los sectores de la oposición. Bolivia necesita urgentemente un frente amplio y unido, no solo para oponerse a un partido político, sino para enfrentar a una estructura de poder que se asemeja a una mafia organizada. Esta mafia, que lleva años apoderada de las instituciones del Estado, ha desmantelado la democracia y consolidado un sistema autoritario que ha sumido al país en una crisis prolongada. La única forma de combatir esta situación es a través de una coalición opositora robusta y decidida, capaz de restituir la democracia, la justicia y el respeto a las leyes.