La guerra de la que nadie habla: atrocidades y pedido de ayuda internacional urgente en Sudán

 

Fuente: infobae.com

 

Human Rights Watch (HRW) denunció este lunes que las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) han perpetrado graves abusos en el estado de Gezira, incluyendo asesinatos, detenciones ilegales y violaciones en el marco de sus ataques. Frente a esta situación, la organización ha solicitado a Naciones Unidas el despliegue urgente de una misión de protección para la población civil en Sudán.

El grupo estuvo intensificado sus ataques, impactando al menos a 30 localidades, desde la deserción de Abú Aqla Kikil, líder de RSF en Gezira, el pasado 20 de octubre. Estos incidentes han provocado el desplazamiento de unas 130.000 personas, quienes han huido hacia zonas más seguras bajo control del Ejército sudanés.

“Este repunte masivo de los atroces ataques por parte de las RSF contra civiles debe poner fin a cualquier esperanza que quedaba de que estos crímenes iban a parar sin una firme respuesta global”, afirmó Mohamed Osman, investigador de HRW para Sudán. “La mínima acción del Consejo de Seguridad de la ONU está fallando claramente a la hora de proteger a los civiles”, aseguró Osman.

Una mujer de 55 años, residente de Tambul, relató que los milicianos abrieron fuego contra varias casas cuando irrumpieron en la localidad el 22 de octubre. “Vi a un soldado de las RSF disparar en el pecho a un hombre”, explicó, y agregó que los paramilitares ordenaron a los habitantes que abandonaran el lugar, advirtiendo que “cualquiera que se quede no será considerado un civil”.

Otro residente afirmó que los miembros de las RSF “estaban furiosos”. “No paraban de preguntarme si tenía relación con Kikil o si sabía dónde está su familia”, dijo, añadiendo que amenazaron con “matar a cualquiera que estuviera relacionado con él”. Según datos de HRW, los ataques y enfrentamientos en Tambul entre las RSF y el Ejército resultaron en la muerte de 300 civiles.

Posteriormente, las RSF atacaron Al Sireha, donde se enfrentaron a residentes armados. Los combates en esta localidad dejaron 125 civiles muertos. Un residente que logró huir horas después del asalto relató: “Vimos pilas de cadáveres, incluidos dos niños, cerca de uno de los canales de irrigación”.

Observadores locales denunciaron además la detención de más de 150 personas en Al Sireha. Dos vídeos publicados en Facebook y verificados por Human Rights Watch muestran a miembros de las RSF deteniendo a cerca de un centenar de hombres en la localidad.

Human Rights Watch ha subrayado que los milicianos, designadas como grupo terrorista por Jartum, han perpetrado violencia sexual contra mujeres y niñas en sus ataques recientes. Según la organización, al menos 25 casos de violaciones, incluidas violaciones en grupo, han sido documentados por la Iniciativa Estratégica para las Mujeres en el Cuerno de África, que afirma que entre las víctimas habría al menos diez niñas. La organización también reportó seis casos en los que las supervivientes se suicidaron tras estos episodios de abuso.

El 30 de octubre, Naciones Unidas reveló que equipos de salud en Sudán reportaron que “más de 27 mujeres y niñas de entre seis y 60 años” han sido víctimas de “violaciones y agresiones sexuales”.

Ante esta situación, HRW ha instado a Reino Unido, país que lidera el caso de Sudán en el Consejo de Seguridad de la ONU y ocupa la presidencia rotatoria en noviembre, a impulsar acciones para atender la crisis humanitaria. “Reino Unido, como organizador principal sobre Sudán, necesita dar un paso al frente en este momento de crisis y garantizar que no se ignoren los llamados de quienes necesitan desesperadamente protección en Sudán”, aseguró Osman. “Los líderes mundiales y regionales no pueden permitirse el lujo de estar desaparecidos dadas los alarmantes patrones”, advirtió.

Sudán está inmerso en una guerra civil desde abril de 2023, cuando estallaron los enfrentamientos entre el Ejército y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), un grupo paramilitar que anteriormente integraba el aparato de seguridad del país.

El origen de estas tensiones se remonta al acuerdo firmado en diciembre de 2022, cuyo objetivo era integrar a las RSF en las Fuerzas Armadas y reactivar la transición hacia un gobierno civil. Esta transición había comenzado en 2019 con la caída de Omar Hasán al-Bashir, quien gobernó el país durante tres décadas. Sin embargo, el proceso se quebró en octubre de 2021, cuando un golpe militar encabezado por el general Abdel Fattah al-Burhan destituyó al entonces primer ministro de transición, Abdalá Hamdok, y aumentó la rivalidad entre el Ejército y las RSF.

La violencia ha sido particularmente devastadora en Darfur, donde los ataques indiscriminados y la violencia étnica han provocado masacres y desplazamientos masivos. Los abusos contra los derechos humanos se han extendido a otras regiones del país, intensificándose en diciembre de 2023 cuando las RSF tomaron el control de Uad Madani, la capital del estado de Gezira. Desde entonces, la organización ha cometido asesinatos, secuestros y violencia sexual, y, tras la deserción de su líder regional, Abú Aqla Kikil, ha incrementado los ataques en represalia, incluso contra miembros de la tribu del exlíder.

La comunidad internacional ha intervenido en diversos momentos mediante sanciones y esfuerzos de paz, aunque estos han mostrado un éxito limitado debido a la falta de cohesión política en Sudán y a la complejidad de las facciones enfrentadas. La continua inestabilidad en el país preocupa a la comunidad internacional, pues el conflicto amenaza con desestabilizar toda la región. Se teme que sus repercusiones puedan afectar a países vecinos como Chad, Egipto y Sudán del Sur, y conllevar serias implicaciones para la seguridad en el Cuerno de África.