El 26 de noviembre de 2024, en una conferencia de prensa, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, anunció que, para 2025, el gobierno boliviano continuará asumiendo la subvención de combustibles, una medida que se estima representará un desembolso de al menos 15.000 millones de bolivianos (aproximadamente 2.000 millones de dólares), según el Presupuesto General del Estado (PGE). El ministro detalló que este monto será asegurado a través de la puesta en marcha de la planta de hierro del Mutún, la planta de biodiésel de El Alto y las exportaciones de carne hacia Chile y chía a China.
Sin embargo, más allá de las fuentes de divisas que respaldarán esta subvención, persiste un problema grave y estructural para el país: los vehículos indocumentados, conocidos como “chutos”. Aunque este fenómeno parecía haberse resuelto en 2012 con la implementación de una amnistía de 90 días que permitió la nacionalización de 71.995 unidades a través del Programa de Saneamiento Legal de Vehículos Indocumentados, la situación sigue siendo un desafío sin resolver. Según datos hasta 2023, alrededor de 250.000 vehículos continúan consumiendo combustibles subsidiados a diario, sin cumplir con sus obligaciones fiscales. Este problema se ha convertido en una cuestión de gran relevancia, que sigue sin una solución definitiva en la agenda nacional.
La persistencia de este fenómeno, que se mueve en una zona gris entre lo ilegal y lo necesario, plantea la urgente necesidad de una nueva nacionalización de vehículos indocumentados, especialmente en el contexto de la crisis económica que atraviesa el país. Los propietarios de estos vehículos, quienes han organizado grupos al margen de las normativas democráticas, demandan una solución que, aunque no resuelva de fondo la problemática, podría mitigar los efectos del problema en el corto plazo.
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Una de las condiciones previamente propuestas para una nueva amnistía consiste en que los vehículos importados no sean excesivamente antiguos y que no puedan ser vendidos hasta tres años después de su nacionalización. Además, se considera que estos vehículos no hayan sido reportados como robados en otros países. Finalmente, se sugiere que, una vez nacionalizados, los vehículos “chutos” consuman combustibles a precios internacionales, y no los subsidiados.
Si bien estas condiciones podrían ofrecer una salida temporal a un problema persistente, es probable que esta no sea la última amnistía. El Estado aún enfrenta serias dificultades en la resolución de los problemas sociales y económicos que originan esta situación. A pesar de los esfuerzos previos, la situación de los vehículos “chutos”, se podría decir que no tiene una solución definitiva en el horizonte cercano. No obstante, en el corto plazo, una nueva nacionalización podría ser una medida paliativa necesaria para mitigar el impacto económico de la subvención de combustibles en Bolivia.