A las 13.30 del 10 de noviembre de 2019, el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, renunció a su cargo. Lo hizo bajo presión, iban a matar a su hermano en medio de la crisis poselectoral.

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”No ha sido casualidad; no querían que ningún masista asuma el poder. Yo era el último eslabón constitucional”, contó el 23 de junio de 2021 a La Razón el otrora diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Entonces, el país se encontraba en una grave situación de conflicto luego de las elecciones generales del 20 de octubre, descalificadas por la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Un motín policial, tres fallecidos —un joven contratado por la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) que manipulaba una bomba casera y dos personas en una trifulca civil en Montero— y una movilización en La Paz del entonces presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, eran los hechos precedentes.

Luis Fernando Camacho, Marco Pumari y Jeanine Áñez, hace unas semanas, protagonistas de la crisis poselectoral de 2019. APG

Muy temprano de ese domingo, seguidores del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) habían tomado de rehén a su hermano Marco Antonio. “Me llaman a las 10.00 de un celular y me dicen que renuncie al cargo; me hacen hablar con mi hermano. Yo, escéptico, no acepto la renuncia. Mi plan era refugiarme en la embajada de México”, recordó Borda.

“Me dan un ultimátum; si no, lo iban a quemar. Para que presente mi renuncia. En ese interín lo llamo al presidente Morales. Le digo llorando y acongojado: ‘Voy a tener que presentar mi renuncia’.

Borda fue el primero de la línea de sucesión constitucional en renunciar. Luego lo hicieron la presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, y el primer vicepresidente de ese órgano camaral, Rubén Medinacelli.

“Adriana (Salvatierra) nos dijo que la estaban esperando con una citación de aprehensión en el aeropuerto y tuvo que irse a asilar a la Embajada de México, a Medinaceli le pusieron dinamita en su casa de Oruro, iban a hacer explotar si no renunciaba”, contó también a La Razón la entonces senadora del MAS Eva Copa, ahora alcaldesa de El Alto.

El orden de prelación para una eventual sucesión establecido en la Constitución de 2009 es éste: Presidente, Vicepresidenta y presidentes de las Cámaras de Senadores y de Diputados.

Luis Fernando López, amigo de Luis Fernando Camacho, cuando era ministro de Defensa en el régimen de Jeanine Áñez.

Mientras Borda sufría la presión, Camacho, movilizado en La Paz, trabajaba arduamente en la caída de Morales. Según las investigaciones judiciales, había encomendado a su amigo Luis Fernando López, ahora asilado en Paraguay, un cabildeo con las Fuerzas Armadas.

Además de un flujo de llamadas, López —posteriormente ministro de Defensa en el régimen de Jeanine Áñez— se reunió ese domingo con el entonces comandante de la institución castrense, William Kaliman, en el mismo Comando de las Fuerzas Armadas en la zona de Obrajes, en La Paz.

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Según conoció La Razón, a las 14.53’57 de ese día, Kaliman llamó a López. También hubo dos llamadas anteriores, a las 14.43’52 y a las 14.46’19, y luego otras dos a través del número de su ayudante, José Luis Torrico; una a las 14.55’19 y otra a las 14.59’13.

Casi dos horas después, se conoció el desenlace de esas conversaciones presenciales y a través del teléfono.

A las 15.48, Kaliman leyó un comunicado del Alto Mando de las Fuerzas Armadas cuya parte final demandaba: “Sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia”.

Para entonces, el comandante de las Fuerzas Armadas había suspendido el contacto con el aún Presidente. Una “triangulación” de llamadas, conocida por La Razón, estableció que Morales no logró contactarse con Kaliman —celular 73243045— entre las 16.37’27 y 16.46’39; lo hizo personalmente desde su número, 72000006, en cuatro ocasiones y, a través de su ayudante (71540791), seis veces. Las 10 llamadas tuvieron origen en Lauca Ñ, Cochabamba.

Luis Fernando Camacho en los cabildos de 2019.

Segundos después de la última llamada a Kaliman, a las 16.48, Morales y García renunciaron a su mandato desde Chimoré. Estaban acompañados por la ministra de Salud, Gabriela Montaño.

Lamento mucho este golpe cívico y que algunos sectores de la Policía puedan replegarse para atentar contra la democracia. Quiero decirles, hermanas y hermanos: la lucha no termina acá”, decía Morales.

En esos momentos, en la Universidad Católica Boliviana, en La Paz, a convocatoria de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), analizaban la situación del país el clero de la Iglesia Católica, algunos embajadores y representantes de la oposición.

Asistían Jerges Justiniano, en representación de Camacho; Waldo Albarracín, del Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), y Ricardo Paz, por Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana (CC).

Presidía el encuentro el arzobispo de El Alto, monseñor Eugenio Scarpellini.

“El diálogo se centró en la ruptura del orden constitucional producida por la renuncia del Presidente y toda la línea de sucesión”, recuerda la memoria de la CEB sobre los hechos, presentada más de un año después de los sucesos de 2019.

En esa reunión extralegislativa surgió el nombre de Jeanine Áñez.

Un jefe militar impone la banda presidencial a Jeanine Áñez, el 12 de noviembre de 2019

La memoria recuerda un pasaje clave de la cita. Paz llamó a Áñez, a quien, “con micrófono abierto, y le preguntó acerca de su disponibilidad para asumir la Presidencial del Estado”.

“Ella respondió: ‘Si es para servir al país, aquí estoy’”, relatar el informe.

A partir de entonces, la entonces segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores se supo presidenta por sucesión y comenzó a hablar con los medios en esa línea.

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“No busqué la Presidencia, me tocó asumirla”, admitió Áñez en 2023 en su libro, Jeanine, de puño y letra, sobre los sucesos de entonces.

Dos días después de la renuncia de Morales, Áñez se autoproclamó, primero, presidenta del Senado y, luego, mandataria en sendos actos en la Asamblea Legislativa, sin quorum ni asistencia del MAS.  “Al no haber quorum, suspendimos la sesión, no había tiempo de esperar formalidades”, admitió en su libro.

Todo comenzó el 2 de noviembre de ese año, a dos semanas de paro en Santa Cruz. En un furibundo discurso de Camacho en el cabildo del Cristo Redentor. Entonces, anunció el “punto final”, en referencia al propósito de los 14 días de protestas que hasta entonces lideraba.

Conminó a Morales a renunciar en 48 horas. Hay que esperar, “pero que el día lunes, se va a ir, se va a ir; se los garantizo”, arengó.

Es domingo 10 de noviembre, López había hecho la tarea.

Minutos antes de la renuncia de Morales, Camacho esperaba que el entonces comandante de la Policía Boliviana, Yuri Calderón, se sume a la posición de Kaliman. Así fue.

Con la noticia, Camacho pudo irrumpir a las 16.00 en el Palacio Quemado, acompañado por el presidente de Comcipo, Marco Pumari, y el abogado Eduardo León. Plantaron en el hall la carta de renuncia de Morales redactada que el líder cruceño, una tricolor y la Biblia.

Sabido de su cabildeo ante Kaliman, López jugó un rol crucial en la crisis poselectoral de 2019. Camacho lo cita en el video que fue difundido el 28 de diciembre de ese año sobre las movilizaciones y la caída de Morales.

También cuenta el rol de su padre. “La historia fue tan hermosa en el transcurso de todo, que fue mi padre que cerró con los militares para que no salgan; fue por esa razón que la persona que fue justamente a hablar con ellos y coordinar todo fue Fernando López, actual ministro de Defensa; es por eso que está de ministros de Defensa para cumplir los compromisos. En la Policía, fue de la misma manera mi padre”, dice Camacho.

Por estos hechos, Camacho fue acusado en al caso Golpe de Estado I, que investiga los sucesos precedentes al derrocamiento de Morales. Recientemente, Áñez fue apartada del expediente. La otrora senadora, no obstante, purga 10 años de prisión por delitos relativos a su autoproclamación, el caso llamado Golpe de Estado II.