Es necesario “ponerle un punto (final) para que esto no vuelva a suceder”, pero ¿cómo?: “Con un juicio de responsabilidades, aquí los magistrados han cometido el delito de prevaricato”, afirma el abogado Ramiro Orias.
Fuente: ANF / La Paz
Los “magistrados” del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Yván Espada y Gonzalo Hurtado, gozan de una “estructura de poder” que los protege, así se explica el fallo que atenta contra las elecciones judiciales y contra el derecho de todos los bolivianos; corresponde iniciarles un juicio de responsabilidades, afirma el abogado Ramiro Orias.
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“La actuación de estos dos magistrados está carente de todo sentido de integridad ética, probidad, por lo tanto, ya no merecen seguir ejerciendo esa posición. Ahora lo hacen porque tienen una estructura de poder que los respalda y facilita que tomen esas decisiones que constituyen verdaderos exabruptos jurídicos”, dijo Orias en declaraciones a la ANF.
Analizó la decisión de ambos “magistrados” autoprorrogados, que mediante una sentencia resolvieron suspender las elecciones judiciales para el Tribunal Supremo de Justicia y TCP, en algunos departamentos, y han resuelto que la Asamblea Legislativa Plurinacional emita nueva convocatoria.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) que ya había empezado la organización del proceso electoral, que tiene como fecha de realización el 15 de diciembre, ha resuelto continuar con su misión independientemente el auto constitucional. Su presidente Oscar Hassenteufel ha llamado a los poderes públicos a respaldar esta decisión para lo cual ha convocado a una reunión este lunes.
“Magistrados” vulneraron el principio de preclusión
En primer lugar, la Sala Cuarta del Tribunal Constitucional Plurinacional emitió un auto constitucional “bastante débil”, porque vulnera el principio de preclusión que está protegido y que es la base de la certeza de un proceso electoral.
“Desde que la lista fue remitida al Tribunal Supremo Electoral ha precluido la fase de selección y no se puede retrotraer y se da por bien hecho”, explica. Observa que los eventuales perjudicados” que querían demandar la protección de sus derechos tuvieron el tiempo para hacerlo cuando la ALP realizó la calificación y aprobó las listas.
En segundo lugar, dijo que no es posible que para proteger los derechos individuales de quienes eventualmente pueden estar afectados por el proceso de preselección se comprometa los derechos del conjunto de la sociedad boliviana y de los candidatos.
“Se supone que los recursos constitucionales son para restablecer la constitucionalidad de las cosas, pero la consecuencia de este fallo es llevar a la inconstitucionalidad de todo el sistema de administración de justicia del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.
Ramiro Orias, oficial de Programa Senior de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), comenta que el TCP ha jugado un rol penoso, no solo porque es un fallo en conflicto de intereses, sino porque la natural consecuencia de ese fallo es otro año o cinco años más la autoprórroga, que desde el principio se constituía en un incentivo que iba a poner en jaque el proceso electoral.
Insistió que claramente incurrieron en un “gran conflicto de intereses”, porque pudiendo limitar sus potestades fallaron en beneficio propio lo que está prohibido incluso a nivel constitucional. Incluso las normas prevén la excusa.
Juicio de responsabilidades por prevaricato
El abogado sostuvo que es importante “ponerle un punto (final) para que esto no vuelva a suceder”, pero ¿cómo?: “Con un juicio de responsabilidades, aquí los magistrados han cometido el delito de prevaricato”, afirma.
Es decir, cuando un juez falla “en contra de una ley que es clara (y está) vigente, y aquí se han vulnerado varias disposiciones, y además en beneficio propio, corresponde juicio de responsabilidades”, al añadir que la Asamblea Legislativa debería abrir una causa de manera inmediata en contra de los dos magistrados Gonzalo Hurtado e Yván Espada.
Añadió que con la prórroga de los “magistrados” hay quienes ganan, porque hay intereses políticos para inviabilizar la elección judicial y que el poder político no pierda el control del TCP. Cree que existe un contubernio entre el gobierno y los autoprorrogados
“Claramente hay una actuación dirigida a mantener un estatu quo y cuando uno se pregunta a quién beneficia el estatu quo, la judicialización de la política está mostrando que se ha vuelto el sistema de justicia y se ha vuelto el brazo jurídico del proceso de cambio.