La niñez y adolescencia en Bolivia constituyen más de la mitad de la población del país. Según datos de UNICEF (2022), el 51% de los bolivianos tiene menos de 18 años, lo que convierte a esta población en un pilar esencial para el futuro de la sociedad. Sin embargo, este sector vive en una preocupante vulnerabilidad, ya que son víctimas de crímenes atroces como la pedofilia, el estupro y el infanticidio.
Lo más alarmante es la impunidad que rodea estos casos, donde los perpetradores, ya sean personas comunes o autoridades, viven en completa impunidad y reciben apoyo de algunos sectores de la sociedad. Esta situación perpetúa un ciclo de violencia, con consecuencias profundas y desgarradoras para toda la sociedad boliviana.
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El abuso sexual infantil y juvenil en Bolivia es un problema devastador y generalizado, que afecta cada año a miles de menores, desde hace más de 50 años, hay muchos estudios al respecto y las cifras son escalofriantes, pues muchos de estos niños y niñas ni siquiera alcanzan los diez años y entre adolescentes las cifras son alarmantes porque está normalizado e incluso existe permisividad de parte del padre, la madre o las tías, tíos para exponer u ofrecer a la adolescente como objeto de intercambio.
Lo más perturbador es que en la mayoría de los casos el agresor no es un desconocido, sino alguien del entorno cercano de la víctima: un familiar, vecino, conocido o incluso una figura de autoridad. Esta proximidad no solo agrava el daño, sino que obstaculiza la denuncia. Las víctimas enfrentan una batalla en la que el silencio y el temor juegan a favor de los agresores, especialmente en un contexto donde el sistema judicial es incapaz de proteger a los menores y de llevar a los culpables a la justicia y donde la misma sociedad alcahuetea estos comportamientos o justifica, culpabiliza a la víctima, con tal de defender al agresor.
Los infanticidios son otro acto abominable que han alcanzado cifras alarmantes en los últimos años: a pesar de las denuncias y el conocimiento de estos casos, la mayoría de estos crímenes quedan impunes. El sistema judicial en Bolivia enfrenta serios problemas: las investigaciones suelen ser lentas, los procesos se dilatan, y la corrupción parece estar presente en diferentes niveles, permitiendo que muchos responsables evadan cualquier sanción significativa. Este estado de impunidad no solo genera una sensación de injusticia para las familias afectadas, sino que crea un entorno en el que estos crímenes parecen tolerados o, al menos, ignorados por las autoridades.
Las víctimas y sus familiares quedan atrapados en un sistema judicial vicioso que termina agotándolos, hasta que dejan el caso o retiran las denuncias por falta de recursos psicológicos y económicos; mientras tanto, los agresores logran evadir la justicia, amparados en un sistema que, en muchos casos, falla en ofrecer respuestas o sanciones efectivas.
La impunidad en Bolivia tiene múltiples causas, sin una infraestructura adecuada y un sistema judicial corrompido, los derechos de las víctimas quedan relegados, y los crímenes contra los menores pasan a ser solo una estadística más en un país donde la justicia parece estar al alcance de unos pocos y ni eso.
El estigma y la percepción social también contribuyen a esta situación. Aunque el rechazo hacia estos crímenes es generalizado, persisten prejuicios en torno a las víctimas y sus familias, quienes muchas veces sufren revictimización durante el proceso judicial y son crucificadas a lo largo de toda su vida, por el mismo círculo cercano donde interactúan. Este estigma crea un clima de silencio en el que las víctimas, en lugar de recibir apoyo, experimentan una serie de enfermedades y somatizan estos traumas, hasta llegar al suicidio o una vida en la que estos episodios rebrotan y le quitan la posibilidad de tener una vida plena y en paz.
La sociedad, en muchos casos, contribuye a la impunidad de forma indirecta, ya que el temor al qué dirán y la falta de comprensión hacia las víctimas generan un ambiente donde el sufrimiento es ignorado o minimizado y se carga con ello hasta la vida adulta.
Para enfrentar esta crisis, es imperativo que la sociedad en su conjunto asuma una postura activa y decidida, de tolerancia cero, contra los agresores, que pueden ser hombres o mujeres, esto es un tema que afecta a toda la estructura de género y diversidades. Es fundamental hablar de estos temas en las familias, entre hermanas, hermanos, conversarlos, ponerlos sobre la mesa, para poder identificar a los agresores y prevenir a las próximas generaciones de estas desgracias.
Es crucial también que se establezca un registro nacional de personas condenadas por delitos sexuales contra menores. Este registro debe estar regulado, pero accesible a las autoridades locales y a la comunidad, de modo que se pueda prevenir la reincidencia y proteger a las poblaciones más vulnerables. Una base de datos de esta naturaleza permitiría a las comunidades conocer y estar alertas sobre la presencia de agresores en su área, contribuyendo a la protección preventiva de los menores.
Las víctimas necesitan, además, un sistema de apoyo integral que incluya asistencia psicológica, acompañamiento legal y protección física. Este apoyo debe ser continuo y garantizado, independientemente de la situación económica o social de la víctima. Es esencial que el sistema de protección no se limite a la atención inmediata, sino que brinde un seguimiento y apoyo duradero, ayudándolas a superar el trauma y a recuperar su bienestar emocional y social.
Por último, el sistema judicial en Bolivia debe adoptar una postura estricta y ejemplarizante en los casos de violencia infantil y juvenil, los “presuntos agresores” deben ir a la cárcel hasta que se demuestra que son inocentes, la impunidad de estos seres despreciables es alarmante, más aún cuando son autoridades o ex autoridades que siguen gozando de popularidad.
Es imperativo que la justicia boliviana, si es que queda algo de ella, envíe un mensaje claro de que los delitos contra menores no serán tolerados en ninguna circunstancia, y que cualquier persona que cometa o encubra estos crímenes no puede quedar impune.
Claudia Vaca, educadora y filóloga