El exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana dijo este jueves que acudirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en caso de que se active la orden de aprehensión en su contra, tal como solicitó la Procuraduría General del Estado (PGE).

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“Estamos en un contexto de persecución sañuda e inclemente, pero si apareciera esa figura de la detención, obviamente tenemos que defendernos y vamos a presentar una medida cautelar a la CIDH y, obviamente, la CIDH tendrá que pronunciarse ante una persecución injustificada, ante el intento de detención ilegal y ante el silenciamiento de la libertad de expresión”, dijo.

Quintana añadió que, con este pedido de aprehensión, se busca “mutilar y silenciar” las críticas y los cuestionamientos que se hacer a las acciones del Gobierno, por las prácticas “autoritarias, antidemocráticas e inconstitucionales”.

El miércoles, la Procuraduría solicitó la ampliación de las investigaciones por la presunta comisión de los delitos de asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y terrorismo contra Quintana y los dirigentes del Pacto de Unidad, afín al expresidente Evo Morales, Humberto Claros y Ponciano Santos.

Solicitud

“La Procuraduría… ha reiterado la solicitud de aprehensión para Juan Ramón Quintana, Humberto Claros, Ponciano Santos… permitiendo así el uso de la fuerza pública para asegurar su comparecencia”, señala parte del comunicado de esa institución.

Según la institución, los antecedente de investigación indican que “se habría organizado y alentado a realizar bloqueos y protestas violentas, incluyendo llamados públicos a la toma de acciones específicas contra el orden público, tales como bloquear vías de tránsito estratégicas y la toma de rehenes en instalaciones de las Fuerzas Armadas”.

Quintana señaló también que esperará “pacientemente” la activación de esta solicitud, pero, además, preparará los recursos legales que la Constitución le asiste para defender su honra y reputación.

La exautoridad indicó que no le extraña “en absoluto” que el Gobierno promueva este tipo de acciones inconstitucionales que son “propias de las dictaduras”.

“No me extraña que presionen a la Fiscalía, ya sea desde el Ministerio de Justicia o desde la Procuraduría para solicitar una aprehensión con el argumento de promover acciones ilegales de estar vinculados con el terrorismo”, reiteró.

Indicó que quienes no comulgan con los métodos y formas de gobernabilidad “mafiosa” del régimen de Arce, “somos declarados enemigos públicos y lo que hace es colocar todo el aparato del Estado contra toda nuestra integridad física”.

Pandilla

Sostuvo también que los bolivianos están “en manos de una pandilla” y reprochó que ahora sea el mismo Gobierno que usa a los sectores indígenas para conservar el poder.

“Estamos en manos de una gran pandilla, no en manos de un Gobierno democrático, estamos bajo un régimen de terror”.

La solicitud de la Procuraduría surge a raíz del paro de 24 días generado por organizaciones sociales afines Morales, pero, además, ante la toma de tres unidades militares en el Trópico de Cochabamba, tras la intervención policial en el bloqueo de Parotani de aquella región.