La escasez de gasolina y diésel en el país es un síntoma de problemas más profundos dentro de las políticas económicas gubernamentales, caracterizadas por una dependencia excesiva en subsidios y medidas de control de precios que no abordan el fondo de la cuestión. Desde una perspectiva jurídica, el Estado tiene el mandato de asegurar el acceso y disponibilidad de recursos básicos para el bienestar de la población. Sin embargo, las políticas implementadas hasta ahora han sido paliativas, diseñadas para aliviar la crisis temporalmente sin garantizar soluciones estructurales. Estas decisiones, además, generan tensiones en el gasto público, afectando la estabilidad económica a largo plazo.
Desde un enfoque político, las políticas de control de precios y subsidios intentan proteger a la población, pero terminan por distorsionar el mercado de combustibles. La dependencia en el control estatal ha inhibido la inversión privada y la innovación en el sector energético, perpetuando una estructura económica donde la importación y los precios internacionales dictan el acceso y la disponibilidad de combustibles. Esto, a su vez, fortalece el mercado negro y fomenta la especulación, afectando a quienes dependen del diésel y la gasolina en sectores como el transporte y la agricultura.
Ante esta problemática, es urgente redefinir la estrategia energética con una perspectiva más innovadora y sostenible.
1. Revisión de la política de subsidios y precios: Es necesario repensar el sistema de subsidios, focalizando su alcance hacia los sectores vulnerables y evitando los efectos colaterales negativos de los controles de precios. Esto permitiría una asignación de recursos más equitativa y responsable.
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2. Promoción de energías alternativas: El desarrollo de energías renovables, como la solar y la eólica, es fundamental para reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Invertir en estas fuentes de energía contribuye a la seguridad energética y a la creación de empleos en el país.
3. Alianzas con el sector privado: Una regulación que garantice seguridad jurídica y promueva las asociaciones público-privadas es esencial para captar inversión en infraestructura energética. Esto puede incluir la construcción de plantas de refinación y almacenamiento que aseguren un abastecimiento más estable.
4. Incentivos a la movilidad eléctrica: Implementar políticas que promuevan la adopción de vehículos eléctricos, con incentivos fiscales y la instalación de estaciones de carga en puntos clave del país.
En conclusión, el Estado debe abandonar políticas reactivas y adoptar una visión estratégica que priorice la autosuficiencia energética y el desarrollo de fuentes alternativas, promoviendo así un mercado más equilibrado y una economía más resiliente frente a crisis externas.
Autor: Carlos Pol Limpias, Abogado, Doctor en Derecho Constitucional