La construcción de grandes infraestructuras, instalación de empresas mineras, ampliación de la frontera agrícola, exploración gasífera e industrialización que forman parte del proyecto “Marcha al Norte”, es cuestionado y se advierte que se busca afectar a los pueblos indígenas del norte de La Paz e ingresar a las áreas protegidas, afirmó el líder indígena Uchupiamona, Álex Villca.
Fuente: ANF
La Paz. – La construcción de grandes infraestructuras, instalación de empresas mineras, ampliación de la frontera agrícola, exploración gasífera e industrialización que forman parte del proyecto “Marcha al Norte”, es cuestionado y se advierte que se busca afectar a los pueblos indígenas del norte de La Paz e ingresar a las áreas protegidas, afirmó el líder indígena Uchupiamona, Álex Villca.
“Este plan denominado la ‘Marcha al Norte’ tiene varias aristas. Por un lado, están las grandes infraestructuras y recuerden que, en el norte del departamento de La Paz, nosotros iniciamos una dura lucha para frenar la imposición de dos grandes centrales hidroeléctricas Chepete y Bala. Lo único que se busca es afectar a las comunidades indígenas, acabar con su medio de vida y con las reservas naturales”, afirmó Villca, en contacto con la ANF.
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Estas aseveraciones surgen luego que se conoció que el Gobierno pretende “desmovilizar” la Reserva Forestal de Inmovilización Iturralde ubicada en el municipio de Ixiamas, en el norte de La Paz, para permitir el ingreso de nuevos asentamientos y realizar actividades de deforestación.
A través de una nota, el 14 de noviembre el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, solicitó a su par de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer, que “se dé curso a las gestiones técnicas, legales y normativas para la desafectación del área 1, área 2 y área 3 ubicadas en el municipio de Ixiamas”.
En ese sentido, Villca afirmó que esa solicitud forma parte del proyecto de la “marcha al norte” y cuestionó que el gobierno desconozca las normas que protegen a las reservas naturales. Indicó que se harán los reclamos correspondientes ante organismos internacionales de defensa de derechos humanos y de la madre tierra.
El proyecto
Villca explicó que ese proyecto tiene diferentes ejes, uno de ellos es la agroindustria y consideró que eso se hizo visible con la construcción de la Empresa Azucarera San Buenaventura (Easba) en el municipio de ese mismo nombre, que permitió la ampliación del cultivo de caña de azúcar.
A la vez, indicó que desde los incendios que se registraron en 2019 se diversificó el agronegocio de monocultivo. “En los últimos años hemos denunciado que no solo es el inicio del agronegocio con monocultivos de caña de azúcar, sino desde el 2019 tras los incendios se ha hecho muy evidente la intención de diversificar los monocultivos. Por ejemplo, arroz, maíz, soya y lo más preocupante es que se está intentando introducir la palma africana que generaría daños irreversibles”, puntualizó.
Dijo que a esa situación se suma la instalación de las empresas mineras auríferas en el norte de La Paz y consideró que esa situación emergió cuando se aprobó la Ley 535 de Minería y Metalurgia.
“La minería es una de las actividades económicas que ha tomado mayor fuerza en nuestro país, nosotros consideramos que se debe a partir de la aprobación de la Ley de la Minería, es a partir de ese periodo en adelante que se ve un crecimiento vertiginoso de esta actividad. Lo grave de ese crecimiento es que está afectando justamente a territorios indígenas, áreas protegidas y el Parque Nacional Madidi no es la excepción de esa afectación”, sostuvo.
Otro de los factores que observó es la construcción de carreteras que también afectará al Parque Nacional Madidi, tomando en cuenta que está previsto que comience en Apolobamba pase por Apolo, Azariamas, San José de Uchupiamonas, Tumupasa, Ixiamas y conectarse con puerto Chivé, en Cobija.
En mayo de 2023, la Cámara Departamental de Industrias de La Paz (Cadinpaz) presentó la Marcha al norte de La Paz que busca promover la inversión y la industrialización del norte amazónico. El presidente Luis Arce calificó como una política de Estado la ejecución de proyectos viales y puentes, de industrialización y definió como una “necesidad imperiosa” la conexión con Pando.
Al respecto, la senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Cecilia Requena consideró que ese proyecto solo pretende desmontar la tierra y deforestar los bosques, al igual que se hizo en la Chiquitanía, que perdió su riqueza cultural y natural.
“Esto afecta a las comunidades indígenas que viven del bosque, tenemos conocimiento de que hay pueblos indígenas no contactados que también están en riesgo. No solo se entregarán tierras a quienes quieran cultivar, sino implica devastación de esa tierra, así como se lo hizo con la Chiquitanía”, añadió.
Dijo que se enviaron peticiones de informe escrito a los ministros de Medio Ambiente y de Desarrollo Productivo para que expliquen el alcance de ese proyecto.
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