“La paralización de exportaciones no solo pone en riesgo a la cadena productiva oleaginosa, sino también afecta la estabilidad de sectores vinculados, como los transportistas y proveedores”, señala el Legislativo departamental.
Fuente: Unitel
Ante el veto temporal dictado por el Gobierno a la exportación de aceite, desde la Asamblea Legislativa Departamental del Santa Cruz (ALD) pidieron a la administración estatal reconsiderar esta medida que genera rechazo e intranquilidad entre las diferentes esferas del aparato productivo.
“Desde la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, instamos al Gobierno nacional a reconsiderar de manera inmediata esta medida regresiva. Es fundamental que se adopten soluciones estructurales”, reza el comunicado difundido la noche de este sábado.
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¿Qué medidas pueden ser oportunas? Desde el Parlamento cruceño coinciden con el Gobierno en la necesidad de combatir el contrabando y la especulación, pero remarcan que se lo debe hacer sin afectar a los productores nacionales.
Asimismo, consideran que urge garantizar la seguridad de acceso a mercados internos y externos, así como promover la producción nacional con políticas públicas que generen certidumbre y seguridad jurídica al sector productivo.
Desde que se dictó la medida, desde diferentes instituciones productivas, entre ellas la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob), encendieron las alertas al referir que son varias las consecuencias que se pueden dar, las cuales van desde pérdidas de mercados hasta afectación laboral para miles de familias.
“Esta medida (freno a la exportación) afecta a toda la cadena productiva oleaginosa, compromete la seguridad jurídica y pone en riesgo los mercados internacionales de soya y sus derivados, repercutiendo negativamente en la generación de divisas que el país hoy tanto necesita”, sostuvo el presidente de la Caniob, Jorge Amantegui.
Ante este escenario, la ALD señalaron que el sector oleaginoso genera más de 120.000 empleos directos e indirectos y aporta ingresos anuales superiores a los $us 2.000 millones. Además, el 80% de los productores de esta cadena son pequeños agricultores, alrededor de 14.000 familias, que dependen de la venta de su producción a las industrias y exportadores.
“La paralización de exportaciones no solo pone en riesgo su sustento, sino también afecta la estabilidad de sectores vinculados, como los transportistas y proveedores de insumos y maquinaria”, remarcaron desde el ente legislativo.
En este sentido, reiteran que el diálogo es la única vía para solucionar las diferencias; sin embargo, los acuerdos deben ser cumplidos inmediatamente y “no solo quedar en la foto, como ha sucedido varias veces” y que ha provocado desconfianza en la población.