El premio Nobel de Economía de 2001, Joseph Stiglitz, publicaba en el año 2010 su libro “Caída libre: América, los mercados libres y el hundimiento de la economía mundial”, y allí señalaba: “”Es cierto que muchas cosas cambiarán a causa de la crisis. El regreso a un mundo anterior a la crisis está excluido. ¿Pero estos cambios serán profundos, radicales? ¿Irán incluso en la dirección correcta? Hemos perdido el sentimiento de urgencia y lo que hasta ahora ha ocurrido proyecta un mal augurio sobre el futuro”. Ese augurio parece haberse cumplido porque señala exactamente estos momentos de crisis económica, política e institucional que vivimos. Está fase de la crisis, exhibe altos indicadores críticos, no hay medidas que intenten revertir la situación; un constante incremento del déficit fiscal; la precaria situación de las reservas internacionales; la dramática carencia de dólares y como consecuencia la falta de combustible en el país; un alto déficit comercial; inflación cercana a los dos dígitos y por último la credibilidad del presidente en caída libre sobre si está en condiciones de resolver el problema. La intransigencia de Lucho por no reconocer que el modelo económico ha perdido solvencia le impide pensar que se deben implementar nuevas políticas para reconducir el país, el colapso de la economía profundiza la molestia social, lo que se escucha es que hay que cambiar de gobierno y que el modelo está agotado. Esta obsesión incomprensible Luis Arce ha obligado a exponer otras propuestas de orden económicas, basadas principalmente en la reformulación de la participación del Estado en la producción; una economía desregulada que elimina las medidas estatales que afectan la actividad económica, un libre mercado; parece que sobre eso se sustentan las esperanzas de vida de los bolivianos.
La conmemoración del Bicentenario de la fundación de Bolivia el próximo 2025 ha de estar impregnada sobre el estado de la democracia y sí la construcción de una cultura política a lo largo de los últimos 25 o 30 años, ha servido para construir democracia y, por lo tanto, hubiera también, generado confianza en la democracia. El acto central del próximo año estará dominado por la transición política en medio de la explosión interna del MAS versus una posible y reclamada articulación de la oposición. Allí, de igual forma, aparecerán los eternos fantasmas sobre la justicia y la necesidad de recuperar las instituciones democráticas para ponerlas al servicio del pueblo y no de los políticos, allá deben acabar los autoritarismos; recuperar la credibilidad de los organismos estatales y recobrar la confianza en las autoridades. Es la oportunidad de rehacer la vida social, superar la crisis tantas veces desmentida, una nueva política y por supuesto nuevos políticos. Habrá que pensar en el retorno a la convivencia sana; nuevas formas de organización institucional; gobernabilidad con base en las necesidades ciudadanas y por encima de la negociación partidista; debemos volver a sentirnos bolivianos.
Estudios recientes miden la relación de los ciudadanos con las instituciones democráticas, la satisfacción con la democracia, la confianza en las elecciones y en las autoridades electorales, indican que se ganó mucho en términos de legitimidad asociados a la estabilidad económica entre 2006 y 2011, para posteriormente ir cuesta abajo y perder todo lo que se había ganado, los bajos niveles son similares a como los de finales del ciclo de la democracia pactada. Así perdimos la oportunidad de construir una institucionalidad democrática con altos estándares de legitimidad y que goce plenamente de la confianza de la ciudadanía, resulta claro que las percepciones que tienen los ciudadanos sobre el funcionamiento de estas instituciones son pésimas.
La crisis de la institución de administración de justicia en Bolivia es evidente, es imposible ocultarla o negarla, no hay indicadores que absuelvan el mal desempeño del sistema de justicia. El estado nocivo del aparato de justicia tiene consecuencias nefastas, arroja sombras sobre el futuro del proceso de las elecciones generales. Su injerencia en el proceso electoral judicial violando la constitución, el principio de preclusión y la independencia de los órganos del Estado, desnuda la debilidad del órgano electoral y la precariedad del sistema democrático sometido a una justicia manipulada y sin independencia, puesto así, representa una amenaza para la democracia. Hacia la sociedad genera una sensación de cero protecciones, es tal la inseguridad que alimenta actitudes de desconfianza interpersonal, por lo tanto, tenemos una sociedad más violenta producto de las acciones de las autoridades de poder central y de las autoridades judiciales. Parece una norma la violación y asesinato de mujeres y niños, en ese escenario, somos los más violentos de la región. Los culpables, libres gracias a jueces ladinos y corruptos.
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Bolivia necesita con urgencia reconstruir la institucionalidad, especialmente de las instituciones democráticas encargadas de la administración de justicia y ahora, más que nunca, de la institución encargada de conducir los procesos democráticos, el Tribunal Supremo Electoral. Hay que otorgar condiciones a estas instituciones que permitan recuperar su independencia y las herramientas administrativas necesarias para su funcionamiento. Esto pasa por la capacidad y disposición de los actores y el sistema político para lograr un gran acuerdo nacional que apruebe una reforma constitucional para contar con unos administradores de justicia idóneos, eficaces y creíbles. Lo mismo pasa con el Órgano Electoral. Si no entendemos la urgencia de estas reformas, no hemos avanzado nada, significa continuar por el camino del deterioro institucional y social que nos llevará a la destrucción del Estado de derecho y una confrontación con consecuencias desastrosas para el país en general. En estos casi 20 años de gobierno del MAS, nos dijeron que debíamos sumarnos al Proceso de Cambio, menos mal que no lo hicimos, nos hubiera hecho cómplices. Ahora es cuando deben bajar de su nube y dejar que se reconstruya la Patria, esa es una democracia efectiva.
Mgr. Fernando Berríos Ayala
Politólogo