Bancada legislativa de Creemos no aprobará el PGE 2025 convertido en “instrumento atentatorio de los derechos”


La bancada institucional “camachista” de Creemos mediante un comunicado anticipó que los legisladores nacionales no aprobarán el proyecto de ley de Presupuesto General del Estado (PGE) 003/2024-2025 debido a las serias observaciones acerca de la distribución de los fondos públicos y la pretensión confiscatoria de la propiedad privada, utilizando la Ley Financial como un nuevo instrumento de persecución política.

Fuente:  Prensa Creemos



Los asambleístas nacionales exigen al presidente de país, Luis Arce Catacora, priorizar la asignación de recursos a la gestión productiva que genere el ingreso de divisas para sostener el comercio exterior y no a la abultada burocracia estatal clientelar que está socavando la economía de todos los bolivianos hasta las siguientes generaciones y que a la fecha ha ocasionado esta crisis económica.

“La bancada ‘camachista’ se mantiene firme en sus convicciones de defensa de los derechos ciudadanos y no se va a prestar a aprobar un Presupuesto General del Estado irreal, de fantasía y que busca empeñar el poco oro que nos queda, centralizar los recursos de las regiones y endeudar a los bolivianos por tres o cuatro generaciones, sin pensar que el pan de hoy será el hambre de mañana para nuestros hijos.

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Por eso, alertamos a la población a estar atentos contra las estrategias envolventes que pretende utilizar el Movimiento Al Socialismo (MAS) para querer aplicar estas normas atentatorias contra el pueblo”, señala parte del comunicado.

En este contexto, los diputados y senadores de Creemos sostienen sus cuestionamientos sobre el uso y destino de $us 45.000 millones que ingresaron al país, resultado de la venta de hidrocarburos, dilapidados por el MAS durante 20 años de gobierno y cuando Luis Arce Catacora ejercía como Ministro de Economía y Finanzas Públicas.

Es así que, la bancada de Creemos, sostiene que el proyecto de presupuesto fiscal 2025 fue planteado como un nuevo instrumento punitivo por actos ya tipificados como agio y especulación.


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