El crecimiento económico programado por el Gobierno está lejos de cumplirse, de 3,71%, ya que los organismos internacionales proyectan una cifra menor a 2%.
Fuente: El Diario
La actual coyuntura que vive el país con la escasez de divisas, de combustible y de alimentos, así como el incremento de los mismos requiere, en primer lugar una agenda política, para implementar una serie de políticas económicas de largo plazo; pero también avanzar para que el Estado sea un facilitador que cree condiciones a favor de las empresas privadas y genere fuentes de empleo y desarrollo económico, según el análisis de economistas.
En los últimos 20 años, el Estado amplió su rol en la economía nacional, a través de empresas estatales estratégicas, así como con la creación de otras, como Boliviana de Aviación (BoA) y la Empresa Pública de Cementos Bolivia (Ecebol).
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Las superintendencias de regulación y fiscalización, fueron reemplazadas por Autoridades o agencias para realizar el mismo trabajo, sin embargo, en algunas áreas sólo operan empresas públicas, por lo que el regulador no realiza su trabajo a favor de los usuarios.
En ese contexto, el analista económico Joshua Bellott sostiene que el Estado debe ser juez o árbitro, pero nunca juez y parte, y este es el problema por el que atraviesa Bolivia desde hace años, porque siempre fue lo segundo.
“Siempre ha sido juez y parte no hay quien defienda al ciudadano”, dijo Bellott a tiempo de indicar que, por ejemplo, cuando comete alguna infracción o cuando el servicio que le prestan no cumple con los estándares regulados, el Estado debería salir a defender al usuario.
Sin embargo, al ser el Estado que ofrece esos servicios no hay dónde quejarse, por ello asegura que estas actividades deben ser administrados por privados y acudir al Estado para que cumplan con su trabajo.
Por tanto, los empleados estatales deben convertirse en servidores públicos, de esta manera también se cortan las uñas a los políticos y no puedan incurrir en corrupción y afectar a instituciones, personas y regiones, así como se reducen los gastos del Estado.
“Todos los servicios estatales deberían ser administrados por privados y se respetaría ese principio de juez o árbitro”, explicó Bellott al señalar que otro de los principios que debería jugar el Estado es el de facilitador para que los agentes económicos puedan generar fuentes de trabajo y desarrollo económico.
Recordó que Bolivia es considerada como el tercer infierno fiscal del mundo, por ello se requiere reformas tributarias y una de ellas es reducir los impuestos para quitar la presión tributaria en los agentes económicos.
Por tal razón, sostuvo que se debe implementar los dos principios claves para que la economía nacional pueda desarrollar su potencial económico, como la libertad económica y el respeto a la propiedad privada.
En su momento, el analista económico Darío Monasterio indicó que la falta de institucionalidad sería una de las causas por lo que las entidades públicas no cumplen sus funciones.
El economista y expresidente de CAF, Enrique García, en entrevista con el periodista Juan Cruz Castiñeiras, asevera que el gran problema del país y del que no se quiere hablar, tiene que ver con la institucionalidad.
García dijo que se requiere de políticas de Estado estables de largo plazo, y no cambios que se registren cuando ingresa un nuevo presidente al Gobierno, que sólo aplican el refundacionismo y el dogmatismo.
Insiste que debe estar claro el rol del Estado y del sector privado para que cada uno haga su trabajo en favor de la economía nacional.
En su momento, el economista Gonzalo Chávez indicó que el primer paso para avanzar en la solución de los problemas económicos del país, es que el gobierno reconozca que hay un problema.
Pero también reflexionó que para avanzar en la solución o empezar, se requiere estabilidad política, por ello sugirió que los políticos se pongan de acuerdo.
Asimismo, el presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (Feplp), Rolando Kempff, sugirió, en su momento, una cumbre política para avanzar en la implementación de soluciones económicas en favor del país.
Política
García aseguró que el primer paso corresponde a un plan de acción de la clase política del país, a través de un acuerdo y luego dar un salto de un modelo de ventajas comparativas tradicionales, como la exportación sólo de materias primas, a un esquema de ventajas competitivas que lleve a Bolivia a la implementación de tecnologías y nuevas innovaciones.
En tanto, es partidario que para encarar la situación actual de Bolivia es fundamental acuerdos políticos, que apunten a una construcción de una agenda o fijar el camino a seguir para revertir la actual situación.
Ese contexto, permitirá implementar políticas de equilibrio macroeconómico, con crecimientos sostenidos; también eficiencia económica, con inversiones de calidad, productividad y competitividad, que culmine con la creación de fuentes de empleo; equidad social y reducción de la pobreza serán aplicados; y finalmente, equilibrios ambientales para tener una economía sostenible.
“Haciendo la correcciones necesarias”, se puede empezar a cambiar la situación actual de la economía nacional, que tiene problemas de escasez de divisas y falta de combustibles, situaciones que no son las causas, sino lo efectos del gasto público excesivo.
Gas
Recordó que el gobierno de Evo Morales recibió un país con contratos petroleros, con Brasil y Argentina, para la venta de gas, pero también con reservas hidrocarburíferas por la inversión realizada en la década de los 90 y en los 2000, el alivio de la deuda externa.
No obstante, no se tomaron las previsiones correctas en su momento y la declinación de los campos gasíferos, así como la caída de los precios internacionales del barril de petróleo en el mercado internacional que a partir de 2014 la situación cambió y ahora Bolivia enfrenta una de sus peores crisis por falta de divisas, de combustible y alimentos, así como por los altos precios de los productos.
La Fundación Jubileo señala que los recursos que ingresaron para el país por la venta del gas en el período de bonanza llegaron a 60.000 millones de dólares y que la renta petrolera recibida por el Estado bordeó los 45.000 millones.
DATOS
Proyectan un crecimiento de la economía nacional de 3,71%, sin embargo, organismos internacionales bajan la cifra a menos de 2%.
Se estima terminar con un déficit fiscal de 10% y repetir el porcentaje con respecto al PIB el 2025.
Fuente: El Diario