La Policía Boliviana, las empresas privadas y las instituciones públicas deben trabajar juntas para enfrentar el cibercrimen y proteger a la ciudadanía en un entorno cada vez más digitalizado, afirma el Mayor Williams Roldán, jefe de la División Cibercrimen de la FELCC en La Paz.
Fuente: ANF / La Paz
La lucha contra el cibercrimen en Bolivia enfrenta un desafío crucial: la ausencia de una coordinación efectiva entre la Policía y las empresas privadas, en particular las telefónicas y entidades bancarias. Así lo afirmó el Mayor Williams Roldán, jefe de la División Cibercrimen de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en La Paz.
“Necesitamos crear canales de comunicación con estas empresas privadas que reciben estos pagos para poder mejorar y ser más eficaces”, declaró Roldán a ANF, destacando la urgencia de establecer acuerdos que permitan una colaboración más fluida. Actualmente, la investigación de casos relacionados con cibercrimen se ve obstaculizada por procesos burocráticos y la falta de acceso inmediato a información clave.
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Según el jefe policial, el trabajo de la FELCC depende de las herramientas disponibles, pero muchas empresas privadas mantienen una actitud reservada respecto a sus operaciones. “Necesitamos que estas empresas puedan realizar ciertos acuerdos con nosotros para que podamos mejorar nuestra protección a la ciudadanía”, enfatizó.
Además, dijo, el seguimiento de direcciones, líneas telefónicas o transacciones requiere de procedimientos extensos. “Actualmente, para hacer el seguimiento de una dirección, de un número telefónico, tenemos que pasar por varios pasos: hacer la denuncia ante el Ministerio Público, esperar el requerimiento fiscal, enviar el requerimiento a la telefónica, y luego esperar la respuesta de la telefónica. Hasta entonces, ya todo ha pasado”, explicó.
En contraste, Roldán señaló que en otros países de Sudamérica la relación entre la Policía y las empresas telefónicas y bancarias es mucho más directa. Esto permite una respuesta inmediata ante casos de cibercrimen. “Cuando una persona viene a pedirnos ayuda, necesita respuestas inmediatas. Sin embargo, el sistema actual obliga a la víctima a seguir una larga cadena de procesos”.
El acceso a información en tiempo real podría marcar una diferencia significativa en la eficacia de las investigaciones. “Si tuviéramos esos acuerdos, por ejemplo, con Tigo Money para identificar a nombre de quién está una línea o ubicar un número telefónico, podríamos trabajar directamente y de manera inmediata”, afirmó Roldán. Además, resaltó la importancia de contar con bases de datos accesibles para identificar a personas y ubicaciones de manera más eficiente.
El jefe policial hizo un llamado a las empresas privadas a sumarse al esfuerzo de proteger al ciudadano común. “Necesitamos mejorar los canales de comunicación. Debemos ponernos todos la camiseta de ayudar al ciudadano de a pie”, dijo, subrayando que la Policía está capacitándose constantemente, pero requiere el apoyo de las telefónicas y las plataformas de pago donde ocurren las estafas.
Roldán también destacó la experiencia de otros países sudamericanos, donde la cooperación entre policías, entidades bancarias y telefónicas permite identificar de inmediato movimientos sospechosos de dinero o el uso de líneas telefónicas en actividades criminales. Este modelo podría replicarse en Bolivia con el compromiso de todas las partes involucradas.
“Cuando se realiza un pago sospechoso o se utiliza un teléfono en actividades ilícitas, en otros países la coordinación inmediata permite saber si la persona está en el país o en el extranjero. Esto acelera las operaciones”, explicó.
La FELCC enfrenta un reto diario en un escenario donde el cibercrimen evoluciona rápidamente. Sin embargo, la falta de una infraestructura adecuada para la colaboración interinstitucional representa un obstáculo crítico. Otro de los problemas es la ausencia de una base de datos única que centralice las denuncias de cibercrimen que llegan a instituciones como la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) y la Oficina de Defensa del Consumidor (ODECO).
“Estamos comprometidos con mejorar, pero necesitamos apoyo directo para ser más efectivos”, concluyó el mayor Roldán.
El oficial dejó el llamado a la acción sobre la mesa. La Policía, las empresas privadas y las instituciones públicas deben trabajar juntas para enfrentar el cibercrimen y proteger a la ciudadanía en un entorno cada vez más digitalizado.