El anteproyecto de ley del PGE se encuentra en poder de la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados y aún no inició su análisis. Creemos cerró filas y descartó la aprobación
Álvaro Rosales Melgar
Fuente: Unitel
Pasan los días y aún no avanza el análisis del anteproyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 en el Legislativo, a diferencia de otros espacios económicos y políticos en los que se cuestiona esta iniciativa que fue remitida por el Ministerio de Economía, siendo lo más reciente el rechazo de la bancada camachista de Creemos que ya descartó la aprobación.
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“La bancada de Creemos camachista no se va a prestar a aprobar un PGE irreal, de fantasía y que busca empeñar el poco oro que nos queda, centralizar los recursos de las regiones y endeudar a los bolivianos por tres o cuatro generaciones, sin pensar que el pan de hoy será el hambre de mañana para nuestros hijos”, reza el comunicado difundido este miércoles
Desde el bloque opositor piden a la población a estar atentos a “las estrategias envolventes” que pretende utilizar el Movimiento al Socialismo para querer aplicar esta norma a la que califica de persecutoria y confiscatoria, en contra de los productores y comercializadores.
Y es que uno de los aspectos que mayor ruido causó se centra en la disposición adicional séptima del anteproyecto de ley, el cual contempla el decomiso de productos si es que al Gobierno le parece que el precio de los mismos es caro, de acuerdo con la denuncia lanza en días pasados por el diputado Miguel Roca (Comunidad Ciudadana).
Foto referencial
Actualmente, el anteproyecto de ley está en poder de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara Baja, instancia que no inicio el análisis que estaba previsto para este miércoles y que tuvo que ser postergado ante la ausencia del ministro de Economía, Marcelo Montenegro.
Es así que el parlamentario Roca denunció que se está dilatando el análisis tanto en comisión como en el Pleno de Diputados para que no se lleven adelante las labores legislativas y que esta es una estrategia del Gobierno para que el presidente Luis Arce dè luz verde a la norma tal y como está.
Desde la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), el economista Pablo Mendieta manifestó este jueves que, más allá de artículos específicos, el PGE no está acorde con la realidad del país y remarcó que en lugar de afrontar la crisis es una copia del presupuesto de la pasada gestión.
El PGE 2025 contempla un déficit fiscal superior al 9% del PIB y Mendieta advirtió que esto está en torno a los Bs 35.000 millones, lo cual no es prudente cuando la lógica exige ser más racional con los gastos y que se enfoque en la sostenibilidad y en el control de la inflación, tema que también fue advertido por otros entes camarales del sector privado.
Para el economista José Gabriel Espinoza, el Gobierno niega la realidad y advirtió un encubrimiento de la inflación, ya que al usar un tipo de cambio oficial muy inferior al del mercado, se subestima la presión inflacionaria esperada para 2025.
“Es un presupuesto inflacionario. El artículo 19 y la Disposición Adicional Sexta del proyecto de ley proponen modificar la Ley 1670 del Banco Central de Bolivia (BCB), eliminando limitaciones al financiamiento del gasto público, lo que genera un riesgo de inflación descontrolada. Plantea una vuelta al pasado retrocediendo a un modelo donde el BCB financia al gobierno imprimiendo billetes para proyectos que históricamente han fracasado”, apuntó.