Varios medios de comunicación críticos al Gobierno de Luis Arce tienen problemas económicos; por ejemplo, Página Siete cerró su edición por la “asfixia económica”. Otros aún están vigentes, pero con serios problemas para sostenerse económicamente, en tanto, la publicidad estatal favorece a los medios afines al Ejecutivo, según informes de organismos nacionales e internacionales.
Fuente: ANF / La Paz
El presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de Diputados, Andrés Flores (arcista), admitió el uso del dinero público en propaganda mediática a favor del gobierno de Luis Arce y cuestionó que algunos medios de comunicación sólo se dediquen a “satanizar” al Gobierno y supuestamente a desinformar.
“Obviamente, eso (de medios parcializados) existe. Conocemos y sabemos, hay medios que prácticamente y simplemente se avocan a querer satanizar (al Gobierno), desinformar a la población. Como otros medios, como Kawsachun Coca, lamentablemente (están) totalmente direccionados. Esos medios no merecen estar (en la lista para que reciban pauta publicitaria). Se apoya, obviamente, (pero) no simplemente es para dañar una gestión de un Gobierno”, declaró Flores a la ANF.
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Una revisión a contratos en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes) reveló que, este 2024, tres radioemisoras del Pacto de Unidad arcista suscribieron cinco convenios de pautas publicitarias con el Ministerio de la Presidencia por un monto de Bs 800.000.
Los beneficiados son las radioemisoras de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (CSCIOB), de la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).
Otro informe divulgado por el Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom) de Uruguay, mostró que entre 2006 y 2019, el gobierno de Evo Morales aplicó una política de premios y castigos a través de la publicidad estatal y abiertamente se declaró que los recursos estatales beneficiaban a los medios con una línea editorial favorable a la gestión del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Bajo esa misma lógica, dicho informe subraya que el gobierno de Luis Arce mantiene una exclusión de los diarios independientes y dirige recursos a medios audiovisuales menos críticos con las políticas gubernamentales y a plataformas extranjeras.
El diputado arcista del MAS Sandro Ramírez reprochó esa conducta de los todos gobiernos de turno que premian a algunos medios de comunicación y castigan a otros que son críticos. Planteó trabajar en una normativa que ponga un equilibrio a la distribución publicitaria.
“En el fondo, ningún medio de comunicación debería tener preferencia (publicitarias), sino equitativamente hacer un trabajo de información correcto y sin dañar. También sancionar a cualquier medio de comunicación que difame (…). Reprocho esa actitud (de premio y castigo a los medios)”, subrayó Ramírez.
Varios medios de comunicación críticos al Gobierno tienen problemas económicos; por ejemplo, Página Siete cerró su edición por la “asfixia económica”. Otros aún están vigentes, pero con serios problemas para sostenerse económicamente.
En ese marco, Comunidad Ciudadana presentó en gestiones pasadas un proyecto Ley de Distribución Equitativa de los Recursos Públicos Destinados a la Propaganda y la Publicidad Estatal, pero no fue debatido ni tratado producto de las pugnas internas del oficialismo.