El líder de oposición también recordó los problemas que rodearon la aprobación de la actual Constitución en el primer gobierno de Evo Morales.
eju.tv / Video: La Hora Pico
Santa Cruz.- El empresario y líder opositor Samuel Doria Medina planteó una ambiciosa reforma a la Constitución Política del Estado (CPE), cuyo primer paso sería eliminar el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), debido a que esta institución habría obstaculizado el avance del país y se convirtió en una instancia que alarga los procesos judiciales y fomenta la corrupción.
Doria Medina explicó que el TCP no solo ha complicado la vida institucional de la justicia, sino que también asumió un rol poniéndose por encima de los demás poderes del Estado. “Yo no veo ninguna utilidad en ese TCP. Propongo volver al esquema en el que el Tribunal Supremo de Justicia sea la última instancia, y dentro de este tribunal, crear una sala especializada en el control de constitucionalidad”, afirmó.
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El líder de Unidad Nacional también destacó que la actual Constitución incluye barreras que dificultan la inversión extranjera, fundamentales para el desarrollo de sectores estratégicos como el gas y el litio. Además, criticó la escasez de recursos asignados al sistema judicial, señalando que Bolivia destina menos del 0,5% del presupuesto estatal a la justicia, un porcentaje que está lejos del estándar internacional de entre 1% y 3%.
En ese marco, Doria Medina citó el modelo de Costa Rica como un ejemplo de justicia eficiente, donde la Constitución garantiza un presupuesto adecuado para el sector judicial. Por lo que propuso seguir esa línea, destinando recursos suficientes para fortalecer la independencia y funcionalidad del sistema judicial boliviano.
Asimismo, el empresario recordó los problemas que rodearon la aprobación de la actual Constitución en el primer gobierno de Evo Morales. “Fue un proceso conflictivo, aprobado en un cuartel y sin consenso. La oposición se opuso a ese proyecto desde el inicio, pero lamentablemente el MAS consolidó una Constitución sin legitimidad ni consenso nacional”, recordó.