Se ha hablado mucho la semana pasada sobre el Presupuesto General del Estado 2025, un presupuesto sinvergüenza e irresponsable que muestra claramente la verdadera intención del gobierno: continuar con la destrucción del país. Esto no es una exageración o un “desvarío liberal.” El MAS ha venido aplicando sin ninguna clemencia la receta del castro-chavismo en la región (llevar a los países a la miseria para mantener el poder tiránico de gobiernos socialistas) y este presupuesto es solo un paso más en esa perversa dirección.
¿Cómo explicar, si no, que este presupuesto sea un 12% mayor al del año pasado, cuando ya no queda plata ni para hacer rezar a un ciego? ¿Cómo explicar que se proyecte un nuevo déficit (altísimo, además) después de 11 años consecutivos de cifras rojas que han acabado con las reservas internacionales? ¿Cómo explicar que el total del presupuesto represente el 93% del PIB, es decir, que el gobierno planee gastar lo equivalente a casi todo lo que producimos en un año? ¿Cómo explicar que se permita poner en garantía para nuevo endeudamiento las 22 toneladas de oro que nos quedan? ¿Cómo explicar que se le autorice al Banco Central a prestarle plata al gobierno sin ninguna contraparte, es decir, imprimiendo inorgánicamente? ¿Cómo explicar que no se den de baja decenas de empresas estatales que pierden plata a chorros y encima se planifique crear nuevas?… No, no existe otra conclusión, el PGE 2025 está diseñado para seguir desmantelando la estabilidad macroeconómica y seguir golpeando al ya bastante apaleado aparato productivo.
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Un aspecto nuevo en el PGE 2025 y que va, por supuesto, en la misma dirección que lo mencionado arriba, es la disposición adicional séptima de la ley que apunta contra el agio y la especulación. Esa disposición “faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos.”
El agio y la especulación han sido tradicionalmente vilipendiados por los políticos populistas que quieren mostrarse como paladines de los bolsillos de las familias, pero no entienden que estas acciones hacen, en realidad, más eficiente la asignación de recursos escasos. El agio y la especulación son respuestas naturales ante repentinos incrementos en la escasez de las cosas y ante distorsiones que generan ciertas políticas económicas. Aunque cueste creerlo después de décadas de adoctrinamiento estatista, estas respuestas no son malas o inmorales, tienen importantes beneficios e incluso son necesarias para salvar vidas.
Empecemos diciendo nuevamente que el gobierno ha causado un completo desbarajuste en la economía. Los constantes déficits fiscales que mencionamos arriba han acabado con las RIN y, como el gobierno sigue gastando a manos llenas, el Banco Central cubre los déficits con emisión inorgánica. Esto nos ha llevado rápidamente a un proceso inflacionario y de devaluación. Sin dólares, además, no tenemos combustibles y así ponemos en serio riesgo el proceso productivo, sobre todo el agrícola. En suma, la estabilidad macroeconómica que atesoramos desde 1985 está herida de muerte y, por lo tanto, la gente se protege ante la incertidumbre, subiendo precios, protegiendo inventarios y abasteciéndose como puede y con miedo antes de que ya no quede comida en los mercados.
En este contexto, el agio o la rápida subida de precios, es una respuesta natural ante lo imprevisible. Combatirlo a través de leyes, control policial o confiscaciones, causa problemas mucho mayores a la enfermedad.
Los precios mandan señales importantísimas para que nos comportemos de una forma eficiente, es decir, para que asignemos eficientemente nuestros recursos. Por el lado de la demanda, cuando los precios suben “exageradamente,” la señal para las familias es que ese bien no está siendo producido de forma normal, es decir que por alguna razón o razones (no hay dólares para importar insumos, no hay combustible, etc.) el bien está escaseando. Los precios altos nos mandan, entonces, una fuerte señal para ser muy cuidadosos con nuestro consumo y para buscar substitutos que sean más baratos. Si forzamos, en cambio, a los productores a mantener el precio “normal” por ley, lo que ocasionamos es que la gente no regule su consumo, compre más de lo debido porque sabe que ese precio es una ganga dada la escasez del bien, y hacemos, por lo tanto, que el bien desaparezca rápidamente de los mercados. Si estamos hablando de medicamentos, por ejemplo, esto puede poner en riesgo la vida de muchas personas. La medicina más cara es la que no se encuentra.
Por el lado de la oferta, el agio o la especulación con precios altos motiva a otros oferentes, importadores o productores a buscar alguna forma de producir más de ese bien. El incentivo de poder vender el producto a un precio “exagerado” es poderoso. Si, en cambio, el gobierno controla el precio y no lo deja flotar, nadie tendrá incentivos a buscar la forma de producir más y la escasez se perpetuará.
El control de precios y las abusivas confiscaciones, entonces, solo empeoran los problemas y crean mercados negros. La inmoralidad no reside en subir precios empujados por incertidumbre y escasez, la inmoralidad reside en imponer controles que no le permitan a la gente hacer transacciones de forma voluntaria. La Cámara Agropecuaria del Oriente respondió a la disposición séptima de la ley del PGE 2025 diciendo que ya existían leyes contra el agio en el código penal y que, por lo tanto, una nueva disposición no era necesaria. Esa no es la respuesta correcta. Los empresarios del país deberían rechazar toda ley que controle precios a partir de la inmoralidad que supone que los políticos les digan dónde y a cómo vender sus productos.
Antonio Saravia es PhD en economía