En estaciones de servicio o gasolineras ubicadas en al menos 17 municipios de Bolivia se desvía diésel para distribuirlo en las zonas del país en donde la minería ilegal del oro está en auge.
Fuente: ANF
La Brava
Esa madrugada de mayo de 2024, el conductor de un «torito» —motocicleta adaptada para llevar a tres personas en la parte trasera— y dirigentes de transportistas de Guanay descubrieron dos camiones cisterna ocultos en una desviación cercana a la carretera entre ese municipio y Caranavi, en el norte del departamento de La Paz. Después de cuestionar a los conductores de los dos camiones y revisar sus documentos detectaron algo extraño: una cisterna transportaba combustible para operaciones mineras en Tipuani, mientras que la otra estaba destinada a Mapiri. Esa última información no coincidía con lo escrito en la hoja de ruta, en donde decía que el segundo camión debía descargar su contenido en la Estación de Servicio Teoponte.
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Los transportistas, molestos, acompañaron a la segunda cisterna hasta la estación de servicio, ubicada en Guanay y propiedad de José Luis Iriarte. Allí, el conductor del camión y la administradora suplicaron que se permitiera el paso de la cisterna hacia Mapiri, a tres horas de Guanay. Explicaron que un minero había pagado por los 24 000 litros de diésel que transportaban.
“¡Van a vendernos primero!”, ordenó el conductor del torito, quien al recordar la escena pide que no se revele su nombre para resguardar su seguridad. Los transportistas exigieron lo mismo. Solo así pudieron comprar el diésel. Ya llevaban varios días haciendo fila en la estación, donde les decían que no llegaba el combustible desde la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la empresa estatal boliviana dedicada a la explotación, importación y comercialización de combustibles.
Aquella fue la primera vez que los pobladores de Guanay comprobaron que el diésel destinado a una de las estaciones de servicio se desviaba a la minería de oro que se realiza en esta región de la Amazonía boliviana, en el departamento de La Paz. Aunque era un secreto a voces, y algo que todos sospechaban, no fue hasta ese momento que sorprendieron in fraganti a algunos de los involucrados que comprendieron mejor la situación.
A partir de los desvíos de los camiones cisterna, el diésel subvencionado por el Gobierno boliviano termina impulsando la minería tanto legal como ilegal del oro, actividad que se expande cada vez más en la Amazonía boliviana y en otras regiones del país. Este desvío de combustible se realiza a través de las estaciones de servicio de, al menos, 17 municipios del país. Este es uno de los hallazgos de esta investigación realizada por La Brava y Mongabay Latam.
Este equipo periodístico visitó la zona en tres momentos diferentes de 2024. Entre sus visitas, el equipo llegó a Guanay a mediados de julio, en temporada seca, la más favorable para la minería aurífera. En dos de las tres estaciones de servicio del municipio (una estaba cerrada temporalmente) se observaban largas filas de autos, camiones, toritos y personas que querían comprar gasolina y diésel en bidones. En esos días también era evidente la escasez de combustible que desde hace meses ya se sentía en varias regiones bolivianas. Y es que la falta de dólares en el país, según el Gobierno, afectó la importación de combustible.
El incremento en la demanda de diésel en esta zona de Bolivia no es reciente, y está relacionado con el crecimiento de la explotación tanto legal como ilegal del oro en poblaciones como Guanay, Tipuani, Mapiri y Teoponte. Estos municipios situados en la vasta Amazonía paceña han sido escenarios de la explotación aurífera durante más de medio siglo; sin embargo, desde 2019 la fiebre del oro se ha intensificado, como lo muestran los datos del Ministerio de Minería y Metalurgia. Aquel año, la producción del oro legal fue de 42 toneladas, mientras que en 2023 alcanzó las 46,6 toneladas. Así, estas poblaciones se convirtieron en el epicentro de la minería en la región y, al mismo tiempo, en sitios con una notoria devastación ambiental.
Cerros desmontados y ríos desviados son algunos de los daños que ha dejado la explotación de oro en la región, una actividad impulsada por el incremento del precio del metal precioso en los últimos 10 años. De acuerdo con el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), la producción nacional de oro se ha quintuplicado en la última década en Bolivia.
Cooperativismo y demanda de diésel
La actual legislación boliviana, como la Ley de Minería y Metalurgia, tiene “como actor protagonista de la minería aurífera al sector cooperativista, que domina la producción de oro, relegando al operador privado, que hasta finales de la pasada década era el actor principal en la explotación de este mineral”, explica un estudio del CEDLA publicado en junio de este año.
En Bolivia se conoce como “sector cooperativista” a las personas que se asocian para realizar minería en pequeña y mediana escala. Sin embargo, en las últimas décadas, este modelo se ha mecanizado y ha impulsado operaciones a gran escala. Como resultado, los socios ya no participan directamente en las actividades, sino que contratan trabajadores o subarriendan las áreas cedidas por el Estado a empresas, lo que, de acuerdo con el artículo 151 de la Ley de Minería y Metalurgia, es ilegal.
Aún así, de acuerdo con un dirigente cooperativista, en Guanay es común que las cooperativas se asocien con empresas privadas para que estas sean las que exploten en las concesiones mineras otorgadas por el Estado.
“Con el encarecimiento del oro han empezado a proliferar más cooperativas, han ingresado muchas más empresas y, por tanto, hay mayor demanda de combustible. Eso ya no se puede controlar acá”, comenta un vecino de Guanay que pidió guardar su identidad en el anonimato.
El incremento de la demanda de diésel para las operaciones mineras en el norte de La Paz se siente desde 2013, de acuerdo con una nota de prensa publicada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Los entrevistados para esta investigación aseguran que esa situación se evidenció aún más desde 2019, cuando la explotación del oro tomó mayor fuerza.
Francisco, quien solicitó mantener su nombre real en reserva, corrobora esta información, al igual que lo hacen todos los cooperativistas con los que hablaron La Brava y Mongabay Latam. Sentado a orillas del río Coroico, cuenta que las tres operaciones mineras que están a unos 200 metros de distancia de donde él se encuentra están a cargo de empresas privadas.
Francisco explica que, como esta actividad necesita maquinaria pesada para operar, la minería aurífera requiere un capital que muchas cooperativas no poseen. Por lo tanto, suelen “contratar servicios” de empresas, tanto nacionales como extranjeras.
El entrevistado explica que no siempre se encuentra oro; sin embargo, cuando esto ocurre, las ganancias son significativas. Por ello, él y su cooperativa, que trabajan a orillas del río Coroico —uno de los cuatro afluentes que pasan por Guanay—, invirtieron en maquinaria y ellos mismos realizan los trabajos en lugar de depender de terceros, a diferencia de lo que hacen las cooperativas que se asocian con las empresas que poseen la maquinaria.
En la minería también se invierten grandes sumas de dinero destinadas a la compra de miles de litros de diésel para que las máquinas no se detengan, ya sea en el cauce del río, dentro del afluente o en las plataformas, los tres sistemas de explotación en Guanay.