Ambos funcionarios fueron suspendidos de sus cargos en medio de la crisis política generada por la declaración del estado de emergencia la semana pasada por parte del presidente Yoon Suk-yeol
La Asamblea Nacional de Corea del Sur aprobó la destitución del ministro de Justicia y del jefe de la Policía Nacional (EP/ARCHIVO)
(Con información de EFE y Europa Press)
Fuente: infobae.com
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La Asamblea Nacional de Corea del Sur aprobó este jueves la destitución del ministro de Justicia, Park Sung Jae, y del jefe de la Policía Nacional, Jo Ji Ho, suspendiéndolos de sus funciones en el contexto de la crisis política desatada tras la declaración de ley marcial por parte del presidente, Yoon Suk Yeol, la semana pasada.
La moción contra Park, la primera destitución de un ministro de Justicia en la historia constitucional del país, fue aprobada con 195 votos a favor y 100 en contra, mientras que la destitución de Jo obtuvo 202 votos a favor y 88 en contra, según informó la agencia de noticias surcoreana Yonhap.
La destitución de Park está vinculada a acusaciones de “conspiración para cometer rebelión”.
Según los legisladores, el ministro “participó en una reunión de gabinete y en la toma de decisiones” sobre la aplicación de la ley marcial, lo que incluyó supuestamente la planificación previa de lugares de detención para arrestar a figuras clave.
Además, se lo señaló por desconocer la autoridad de la Asamblea Nacional y alinear sus acciones con la visión del presidente Yoon, quien habría considerado a los políticos como objetivos de arresto.
La decisión del Presidente con respecto a la ley marcial causó mucho revuelo y muchos ciudadanos se manifestaron en las calles (REUTERS/Kim Soo-hyeon/ARCHIVO)
Por su parte, Jo fue acusado de abuso de autoridad al comandar y dar órdenes que bloquearon la entrada de miembros de la Asamblea Nacional, impidiendo que el órgano legislativo cumpliera con su rol constitucional de exigir el levantamiento de la ley marcial.
Según el Partido Demócrata, que impulsó las mociones, este bloqueo representó “un delito de traición” y “un intento de perturbar la Constitución”.
Jo Ji Ho, arrestado bajo sospecha de estar involucrado en la emergencia de la ley marcial, se encuentra hospitalizado en un centro médico de la Policía Nacional debido a un deterioro en su salud, según indicaron fuentes consultadas por medios locales.
Tras las votaciones, la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley que habilita a un fiscal especial para investigar las acusaciones de insurrección contra el presidente Yoon.
El presidente defendió su decreto de ley marcial
En paralelo a las destituciones, el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, justificó la implementación de la ley marcial, describiéndola como una medida “inevitable” para proteger la “democracia liberal” frente a lo que calificó como una “dictadura parlamentaria” ejercida por la oposición.
En un discurso televisado, Yoon declaró que no teme enfrentar investigaciones criminales ni intentos de destituirlo, y afirmó que encara el proceso “con confianza”. El mandatario sostuvo que las tropas movilizadas fueron “escasas” y pertenecientes a cuerpos de élite, cuya función fue prevenir “accidentes”.
El presidente surcoreano defendió su decreto de ley marcial por medio de un discurso público (REUTERS/Kim Hong-Ji/ARCHIVO)
Yoon también aseguró que se está “fabricando” un delito de insurrección en su contra mediante la difusión de información falsa. A pesar de esto, afirmó que asumirá “responsabilidades legales y políticas”. “Considerar las medidas de emergencia para salvar el país como un acto de rebelión para destruirlo pone en grave peligro nuestra Constitución y nuestro sistema legal”, expresó.
Además, enfatizó que las acciones tomadas bajo la ley marcial fueron un ejercicio legal de su autoridad presidencial, orientadas a “normalizar los asuntos estatales” en medio de lo que describió como “una parálisis nacional”.
En su intervención, Yoon acusó al Partido Demócrata, que cuenta con mayoría parlamentaria, de ejercer una “violencia legislativa” que socava el orden constitucional. Según el mandatario, su decreto de ley marcial buscaba proteger el sistema democrático y constitucional frente a la “dictadura parlamentaria” de la oposición.
El presidente también criticó que su decisión sea considerada un acto de rebelión, asegurando que fue tomada tras analizar que “no había otro camino”. En este contexto, explicó que retiró la solicitud de anular el decreto como un acto para respetar el control de la Asamblea Nacional sobre su decisión.