El suboficial Agustín Nahuel Gallo había viajado para visitar a su pareja y su hijo. Lo acusan de realizar tareas de espionaje, pero el Gobierno niega esta posibilidad. “Exigimos su inmediata liberación”, reclamó Patricia Bullrich.
Fuente: Infobae
“La Argentina no tolerará actos de esta naturaleza contra sus ciudadanos”, reclamaron en un comunicado difundido por la Cancillería Argentina y el Ministerio de Seguridad. Según explicaron, Agustín Nahuel Gallo ingresó el pasado 8 de diciembre “al territorio de la República Bolivariana de Venezuela desde Colombia, a través de un paso fronterizo terrestre, cruzando el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, para dirigirse a la localidad venezolana de Táchira, con el único propósito de visitar a su familia y a su pareja, con quien comparte un hijo en común”.
Desde el Foro Argentino por la Defensa de la Democracia (FADD) emitieron un comunicado en el que denunciaron la detención del gendarme argentino y agregaron: “A una semana de su secuestro, no se tiene información oficial sobre su paradero ni sobre su estado, lo que constituye una grave violación a los derechos humanos y a las normas internacionales”.
“Este acto se suma a las tácticas de terrorismo de Estado del régimen venezolano, que utiliza el secuestro y la intimidación como herramientas para presionar a Gobiernos democráticos y perpetuar su dictadura. Exigimos la inmediata liberación de Nahuel Agustín Gallo y reiteramos nuestro compromiso de luchar por la democracia, los derechos humanos y la justicia en nuestra región. No más atropellos. No más dictaduras en América Latina”, concluyeron.
Desde Gendarmería Nacional Argentina informaron que “Gallo se encontraba en Venezuela con licencia anual ordinaria, autorizada por la GNA, lo que sugiere que su presencia en el país no tenía relación directa con operaciones oficiales”.
La ruptura de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Argentina se profundizó con las acusaciones de fraude electoral en las últimas presidenciales. Desde agosto, la Embajada de Argentina en Venezuela permanece bajo la protección de Brasil, después de la expulsión de los diplomáticos argentinos. Además, allí residen seis dirigentes del equipo de la líder opositora Corina Machado que están recibiendo asilo porque pesa sobre ellos una polémica orden de detención. Las personas que están refugiadas son Pedro Urruchurtu Noselli, Humberto Villalobos, Claudia Macero, Omar González, Fernando Martínez y Mottola y Magalí Meda.
Ayer, Argentina, Estados Unidos, Chile y otros diez países presentaron en la OEA una declaración conjunta para exigir “la concesión inmediata” de los salvoconductos para los seis opositores asilados en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas con el objetivo de que puedan salir del país sin ser detenidos.
La declaración, que fue presentada por el representante de Paraguay ante la OEA, Raúl Florentín, contó con el apoyo de las delegaciones de Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Panamá, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay.
Florentín expuso el texto de la resolución después de la comparecencia del ministro de Relaciones Exteriores argentino, Gerardo Werthein, en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, quien pidió a la organización que llevara a cabo una actuación “con firmeza y determinación”.
“Los países antes mencionados declaran su voluntad de exigir al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela”, dijo leyendo el comunicado, “que proceda de forma inmediata a conceder los salvoconductos necesarios que permitan la salida segura, digna y sin restricciones de los seis ciudadanos venezolanos que gozan de asilo diplomático hacia un territorio seguro”.
Asimismo, reafirmaron su compromiso con “la garantía de la inviolabilidad de las misiones diplomáticas” y el “derecho de asilo diplomático establecido en tratados interamericanos y a la protección internacional que éste confiere”.
El pasado 4 de diciembre, Estados Unidos exigió a Maduro que entregue salvoconductos a los seis antichavistas asilados, una petición que también hizo la mayor coalición opositora, Plataforma Unitaria Democrática, en reiteradas ocasiones sin todavía conocerse la respuesta del Gobierno.
Los salvoconductos están contemplados en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 -constantemente citada por Argentina para solicitar estos permisos-, firmada y ratificada por el país austral y Venezuela.