El Gobierno, por su parte, defiende la necesidad de extender los plazos debido a la falta de consenso en torno a la renovación judicial.
Imagen referencial Foto: TCP
Por medio de dos fallos, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró la inconstitucionalidad de los proyectos de ley 073 y 075 que buscaban cesar el mandato de los magistrados prorrogados. La resolución también anula varias convocatorias de sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de diciembre de 2023.
De acuerdo con el Tribunal, los proyectos de ley 073/2023-2024 y 075/2023-2024, de cesación de funciones a los magistrados y suspender los plazos procesales mientras se desarrollen las elecciones judiciales, eran contrarios a lo resuelto previamente en un Decisión Constitucional Plurinacional.
En otro fallo, el TCP declaró nulas las convocatorias para tres sesiones ordinarias de la ALP programadas para el 26, 27 y 28 de diciembre de 2023. Estas sesiones, que buscaban tratar diversos asuntos legislativos, fueron anuladas debido a vicios legales en su convocatoria. El fallo se basó en los fundamentos jurídicos establecidos en la misma resolución, invalidando las decisiones relacionadas con dichas sesiones.
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El TCP también llamó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a cumplir con lo dispuesto, exhortando a los legisladores a “abstenerse de reproducir contenidos declarados inconstitucionales”. Además, recordó a los parlamentarios la necesidad de cumplir con sus funciones dentro del marco constitucional, en particular en el proceso de preselección de los candidatos a altos cargos del sistema judicial.
Este fallo se produce en medio de una creciente controversia política sobre la prórroga de magistrados. La ALP, presidida por Andrónico Rodríguez, había aprobado en sesiones previas los mencionados proyectos de ley, aprovechando la ausencia del presidente del país, Luis Arce, para convocar a una sesión extraordinaria en la que se discutieron estas iniciativas.
Además, en diciembre de 2023 el Senado aprobó declaraciones camarales que expresaban su rechazo a la prórroga en el mandato de los magistrados y donde señalaron que es de “imposible cumplimiento” la decisión del Tribunal Constitucional de prorrogar en el cargo a los magistrados, al considerar que se usurpó funciones de la Asamblea con esa determinación.
Esa sesión del Senado estuvo marcada por la polémica, toda vez que se convocó desoyendo el receso dictado por Choquehuanca. Se logró para su instalación un quórum de 21 de 36 senadores, entre “evistas” y opositores.
El Gobierno, por su parte, defiende la necesidad de extender los plazos debido a la falta de consenso en torno a la renovación judicial.