El sector privado se declaró en emergencia y en reunión permanente para a defender la seguridad alimentaria nacional, rechazando el PGE 2025, la suspensión de exportaciones y la intervención a ingenios arroceros
[UNITEL] / Los empresarios advierten 18 años de políticas contraproducentes
Fuente: Unitel
“No permitiremos que decisiones políticas mal diseñadas debiliten aún más el tejido productivo del país”. De esta manera, el sector privado cruceño cierra filas para exigir al Gobierno soluciones inmediatas a la crisis, rechazando así el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, la suspensión de las exportaciones de aceite y la intervención a los ingenios arroceros.
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Estos tres últimos puntos desataron la intranquilidad y la molestia del sector, que este lunes se reunió en instalaciones de la Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz (Cadex), declarando un estado de emergencia y de reunión permanente para defender la seguridad alimentaria y los derechos de las familias bolivianas, en especial la estabilidad económica.
El presidente de la Cadex, Oswaldo Barriga, fue el encargado de dar lectura a la posición del sector privado, desde donde advierten 18 años de políticas contraproducentes, situación que se agrava en la actualidad con la escalada de precios debido a la falta de dólares y al contexto de incertidumbre que golpea tanto a productores como a consumidores.
“Desde hace casi dos décadas las políticas restrictivas han limitado las exportaciones, han impuesto bandas de precios y han establecido cupos que lejos de cumplir con su objetivo han aumentado la dependencia de productos importados”, cuestionó Barriga.
En contraste, el sector empresarial considera que forma correcta de solucionar estos problemas es con políticas fiscales, monetarias y cambiarias que corrijan “el grave desequilibrio macroeconómico causado por las políticas erradas del Gobierno nacional”, que por años han incentivado el contrabando.
Además de la Cadex, en el encuentro participaron la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y sus instituciones afiliadas, la Cámara de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob) y dirigente del sector del transporte y gremial, además del Comité pro Santa Cruz.
“Rechazamos de manera contundente estas acciones porque van en deterioro del sector, la población y de la obtención de divisas. Un llamado urgente a la reflexión: la represión y las restricciones económicas no garantizan el abastecimiento de alimentos. Al contrario, obstaculizan la producción, desaceleran la economía y ponen en riesgo el acceso a productos básicos”, concluye el reporte.