El asesinato de una abogada desvela una trama delictiva que profundiza el deterioro de la mala imagen del poder legislativo.
El Congreso de Perú en una imagen de archivo. / MARTIN MEJIA / AP
Fuente: elperiodico.com
Apenas un 4% de los peruanos aprueban el papel que desempeña el Congreso. Es posible que la imagen de los parlamentarios se deteriore aún más a la luz de un escándalo que conecta a la legislatura con una red de prostitución. El asesinato de la abogada Andrea Vidal Gómez, quien hasta tres meses atrás se desempeñaba como asesora en la Oficina Legal y Constitucional de la legislatura hizo que la mirada de la sociedad se concentrara en los sótanos y pasillos de ese poder.
La muerte de Vidal Gómez, de 28 años, llevó a seguir los pasos de su exjefe en esa dependencia, Jorge Torres Saravia, quien por estas horas aparece como uno de los responsables de esa trama. El abogado Torres Saravia confirmó este jueves que había contratado a la abogada y expresó sus condolencias a la familia por el trágico desenlace. «Sé que hay una investigación abierta y soy el primero que (quiere) que se esclarezca«, dijo sobre las sospechas que caen sobre su espalda. Según los medios limeños la red de prostitución se había tejido sobre la base de un simulacro: las mujeres eran contratadas como secretarias o empleadas de algunos legisladores y Vidal Gómez no era ajena a esos encubrimientos. «Estoy muy preocupado, estoy consternado, estoy indignado por todas esas acusaciones. Y no solo es la que me sindican de proxeneta, sino también me ha sindicado de violador y asesino, que es lo más grave. De verdad que estoy bastante indignado y niego rotundamente todos los cargos», reaccionó Torres Saravia.
Reacciones
El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Juan Burgos, anunció que se ha formado un «grupo de trabajo» que investigará la existencia de esa urdimbre delictiva. «Vamos a convocar a una sesión extraordinaria. Mostramos nuestra indignación y vamos a sesionar y, sobre todo, pedir informes a la Dirección de Recursos Humanos del Congreso de la República. No es posible que el primer poder del Estado se vea manchado con un tema tan escabroso y, sobre todo, que haya implicado la muerte de una extrabajadora».
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Otro congresista, Juan Burgos, llamó por su parte a «limpiar la casa», pasando por alto de que el desprestigio de los parlamentarios es parte de una historia de suciedades que implica no solo tres destituciones de presidentes, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y Pedro Castillo, sino una cantidad de ilícitos que no han sido juzgados. El propio Torres Saravia mantuvo su puesto como funcionario del Congreso a pesar de las denuncias de haber agredido sexualmente a una funcionaria.
El legislador derechista Héctor Acuña expresó su malestar frente al silencio del Gobierno y, en particular, la ministra de la Mujer, Teresa Hernández. «¿Qué razones habrá? En verdad no lo entiendo. Pero espero realmente que los responsables puedan ser castigados».
El congresista de Alianza para el Progreso, Alejandro Soto, ha sido involucrado con la trama delictiva. «Tengo que rechazar esas afirmaciones tendenciosas y calumniosas que se vienen efectuando a través de distintos medios de comunicación. Yo no sé cuál es la base, o cuál es el argumento, o cuál es la prueba que demuestre que en el Congreso haya una red de prostitución».
«Aún se puede caer más bajo»
En su editorial de este jueves, el diario limeño ‘La República’ no pasó por alto que los hechos que remecen al poder legislativo son precedidos por un historial de deterioro de la imagen. Sin embargo, «aún se puede caer más bajo». Si las investigaciones fiscales son certeras, «el Congreso anidaba en su interior una red de prostitución dirigida por Jorge Torres Saravia, hombre cercanísimo a Héctor Acuña y que ofrecía los servicios sexuales de sus contactadas a los propios parlamentarios, probablemente, a cambio de votos».
En este punto de la historia, «se cruza además otro episodio que incluye la supuesta delación de una de las integrantes de la red, la abogada Andrea Vidal, quien luego acabó baleada y muerta, en un oscuro incidente en el que también fue asesinado el chófer del taxi que la llevaba». Para agravar la situación, «se intentó borrar toda referencia del ahora investigado por la Fiscalía en la web del Congreso, en un acto por lo demás tardío y vergonzante». Los peruanos, señala por último el diario, están «frente a un suceso que confirma la ilegitimidad del Congreso, ese poder que precisamente le da mínima estabilidad al irrelevante régimen de Dina Boluarte».