El Ministerio de Justicia informó sobre los resultados de los operativos interinstitucionales realizados en La Paz, El Alto y Montero (Santa Cruz), con el objetivo de combatir el agio y la especulación en productos esenciales de la canasta familiar.

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En La Paz, se intervino en la zona El Tejar, donde se identificaron irregularidades en seis tiendas, incluyendo el almacenamiento irregular de 3.000 litros de aceite a granel y la venta de productos vencidos y sin registro sanitario.

Ante estas infracciones, el Ministerio aplicó sanciones administrativas y ordenó la venta directa del aceite incautado.

Aceite

En El Alto, las operaciones se centraron en las zonas Faro Murillo y Villa Dolores, donde se detectaron irregularidades en nueve tiendas. Entre los hallazgos más relevantes está el acopio de aceite, lo que llevó a la aprehensión de la propietaria y el precintado del local.

También se identificó el cobro de sobreprecio en la venta de arroz, por lo que dos propietarios fueron arrestados y tres personas fueron conducidas a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para ser investigadas por los delitos de agio y especulación.

El operativo más significativo se desarrolló en Montero, en coordinación con el Ministerio de Gobierno, la Policía Boliviana, el Ministerio de Desarrollo Productivo y la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa).

Arroz

Se inspeccionaron los ingenios arroceros «Imperio», «El Pantanal», «Tropical» y «Grano Real», donde se evidenció el ocultamiento de grandes cantidades de arroz, una práctica que genera el “aumento artificial” de precios. Como resultado, se secuestraron 5.600 quintales de arroz procesado y se identificaron 20.600 fanegas de arroz en chala.

El Ministerio de Justicia calificó estas acciones como un incumplimiento deliberado de las normas de comercialización, que afecta a las familias bolivianas, especialmente a las más vulnerables.

Esta cartera de Estado reafirmó su compromiso de garantizar el acceso a precios justos y exhortó a la población a denunciar irregularidades a través de los canales oficiales.

Con estas medidas, el Gobierno busca frenar la especulación, garantizar la estabilidad de precios en los alimentos esenciales y proteger “el bolsillo de los bolivianos”.