Investigación. Sólo hay 196 centros infantiles públicos en las ciudades de Santa Cruz de la Sierra, El Alto, Cochabamba, La Paz y Sucre, de acuerdo con un registro elaborado por un equipo periodístico.
El día que dejó por primera vez a su niño de tres años en un centro infantil de la ciudad de El Alto, Beatriz se levantó a las 5.00 de la mañana para cocinar y lavar ropa pendiente. Había peregrinado semanas para acceder a un cupo en una guardería pública, y por un instante pensó que no conseguiría el espacio al ver la hilera de solicitudes y se imaginó otro año más de cargar en su espalda a su hijo mientras vende en las calles, pero al final recibió la confirmación de la inscripción.
“Fue difícil conseguir un espacio para inscribir a mi hijito”, dice Beatriz, quien primero aclara que está agradecida por tener un lugar dónde dejar a su niño mientras trabaja. Ella prefiere guardar su verdadero nombre en reserva, porque no quiere tener problemas o excusas para perder el espacio ganado.
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Considera, al igual que otras madres, que es importante revelar la peregrinación que viven a la hora de conseguir un cupo en un centro infantil público. “Deberían abrir más (guarderías)”, dice y reniega contra las autoridades del Estado por no resolver este problema, por no saldar la deuda del trabajo de cuidado, una responsabilidad que se ha impuesto a las mujeres y es una de las principales causas de la desigualdad entre hombres y mujeres.
En Bolivia, las cifras reflejan esta deuda sin resolver. Sólo hay 196 centros infantiles públicos en Santa Cruz de la Sierra, El Alto, La Paz, Cochabamba y Sucre, las ciudades más pobladas del país, de acuerdo con un registro elaborado por el equipo periodístico de este reportaje, con base en datos recolectados de los gobiernos municipales.
En las cinco urbes, estos 196 centros infantiles públicos atienden en total a 7.705 niños y niñas menores de cuatro años. Sucre amplía el servicio hasta los cinco años y El Alto acepta a menores de esa edad sólo en casos excepcionales. (Ver infografía 1).
Esta cantidad de guarderías públicas sólo beneficia al 1,9% de la población menor de cuatro años en las cinco ciudades analizadas, según un cálculo basado en la cantidad de beneficiarios del total de los centros infantiles (7.705) y los datos del Censo de Población y Vivienda de 2012 (398.864 niños y niñas de 0 a cuatro años). (Ver infografía 2).
Para las usuarias, este porcentaje es una evidencia de la deuda que tiene el Estado con las mujeres, la deuda del trabajo de cuidado. “Es difícil”, “Hay que tener paciencia”, “Dos años he esperado para inscribir a mi hijito”, “Es una preocupación para las mamás”, “No alcanza la plata para una guardería privada, son carísimas” y “Deberían abrir más centros”. Estas son algunas frases de las mujeres, quienes coinciden en reiterar que la falta de cupos en los centros infantiles es un problema sin resolver de las autoridades de los municipios, las gobernaciones y el Gobierno central.
Sucre, Cochabamba y El Alto son las ciudades que más centros infantiles públicos tienen, mientras que La Paz es la que menos tiene, de acuerdo con un registro elaborado por un equipo periodístico, con base en información de los gobiernos municipales. Las 196 guarderías atienden de lunes a viernes y la mayoría ofrece un servicio de ocho horas. (Ver infografía 3)
La larga espera
De los 30 testimonios de madres y usuarias de centros infantiles públicos en Santa Cruz de la Sierra, El Alto, La Paz, Cochabamba y Sucre, 20 revelaron que peregrinaron para conseguir un cupo. En 10 casos, tuvieron que esperar hasta un año para acceder a un espacio.
Daniela, de 24 años, cruzó los dedos durante semanas para conseguir un cupo en el Centro Infantil La Morita de la ciudad de Santa Cruz. Antes, en enero, dejó los papeles de solicitud de un espacio para su niña de dos años y medio. “No me llamaban. Decidí venir a averiguar y me dijeron que tenía que esperar”, cuenta.
Esperó la confirmación en medio de incertidumbre y preocupación, hasta que recibió la llamada de la administración del centro infantil. Le preguntaron si podía solventar el costo de la cuota mensual, además le pidieron los certificados de trabajo de ella y de su esposo. “Yo trabajo en cocina de 10.00 de la mañana a 4.00 de la tarde. Y estar con mi hija en la cocina es peligroso”, explica.
Daniela casi siempre se encarga de llevar a su niña a la guardería. “La dejo y me da tiempo para hacer las cosas de la casa. Luego, me voy a trabajar y al volver a casa, cuido a mi hija”, dice. Para recoger a su niña, hace turnos con su pareja. Todo depende si requiere quedarse más tiempo en el trabajo. Su caso no es único.
“Es otra pena que cargamos las mujeres, porque tenemos que trabajar y no hay a quién dejar a la wawa”, relata Yola, mamá de una niña en un centro infantil de El Alto. Al ser consultada sobre el padre y si él también siente esa preocupación, ella relata que él no se encarga del cuidado de sus hijos. “Es la realidad”, agrega.
Yola explica que desde niña en casa vio cómo su mamá se encargó de cuidar a sus cinco hermanos, además de cumplir las labores de casa. Asegura que de alguna manera ella asumió ese rol, que también lo vio cumplir en sus hermanas, tías, primas y amigas. Dice que hoy, con los años, esa situación no ha cambiado mucho.
Una muestra clara de lo que relata Yola se da al ver quiénes en su mayoría hacen las solicitudes para conseguir un cupo en los centros infantiles. “Somos las mujeres, las mamás”, agrega.
Esta realidad se refleja en datos e investigaciones. Las “mujeres bolivianas dedican cerca de siete horas diarias a trabajos de cuidado, casi el doble que los hombres, con consecuencias en su derecho al trabajo y la educación”, según el estudio “Tiempo para cuidar. Compartir el cuidado para la sostenibilidad de la vida”, de Oxfam en Bolivia.
¿Y por qué ocurre esta situación?
“En Bolivia, las tareas de cuidado han sido asignadas exclusiva e históricamente a las mujeres debido a la cultura, a las tradiciones o la religión, por las estructuras patriarcales arraigadas en nuestras dinámicas históricas y sociales”, asegura la periodista, feminista e investigadora en temas de género, Patricia Flores.
La especialista explica que estas responsabilidades se asignan a las mujeres porque son ellas quienes llevan el embarazo, amamantan y se desvelan desde que nacen sus hijos, pero además endosan las tareas del hogar, desde lavar pañales hasta cuidar a la pareja, darles de comer e “incluso estirar los magros recursos para que nada falte, lo que a menudo implica una carga laboral desproporcionada para las mujeres, incluso de triple o cuádruple jornada laboral”.
Mientras tanto, de acuerdo con Flores, “la intervención paterna en estas corresponsabilidades se ha invisibilizado, considerándose todavía como una ayuda ocasional o un gesto de buena voluntad, en lugar de una responsabilidad compartida”.
En las puertas de los centros infantiles de La Paz y El Alto se puede observar ese llamado “gesto de buena voluntad” al ver a algunos papás que llegan a recoger a sus niños. “Le estoy ayudando a mi esposa, porque ella no podía venir”. “También uno tiene que ayudar” o “Ella no pudo venir, le estoy ayudando”. Son algunas de las respuestas de los padres con los que se habló durante la reportería.
Asimismo, algunas mujeres también ven como una “colaboración” si su pareja cuida por unas horas a sus hijos. “Tal vez un poco está cambiando, yo le digo a mi esposo que tiene que cuidar a mi hijito los sábados, mientras yo aprovecho en ir a hacer mercado para la semana”, dice otra usuaria de un centro infantil de El Alto.
Ana Paola García, directora de la Casa de la Mujer en Santa Cruz de la Sierra, explica que todavía cuesta entender de que existe una responsabilidad compartida a la hora de hablar sobre el trabajo del cuidado, esto también ocurre con el Estado.
La especialista afirma que, tras el nacimiento de un hijo, la normativa otorga solo tres días de permiso al padre para que participe en el cuidado del bebé. En octubre, el Senado aprobó una ley que incrementó a diez los días de licencia laboral para los papás. Pasado ese período, según García, la mujer asume por completo la responsabilidad del cuidado del niño y, además, se encarga de las tareas del hogar. “El problema es quién ve esa situación”, se pregunta.
García resalta que hay estructuras y normas que naturalizan esa cuestión y “sobre todo colocan los trabajos del cuidado como un tema de abnegación materna, nos gusta estar de amas de casa y eso nos hace felices”.
Considera que la corresponsabilidad de los cuidados dentro de los hogares es un tema que se debe debatir. Precisa que dentro de esa discusión también se debe analizar las responsabilidades que tiene el Estado en este tema.
Entre esas responsabilidades del Estado está ofrecer el número suficiente de centros infantiles para que las familias dejen a sus niños o niñas, para que las mujeres, a las que se les ha impuesto el trabajo del cuidado, puedan hacer sus actividades, como trabajar o estudiar.
Es importante entender el tema de la maternidad no como un mandato social y cultural que se impone a la vida y al cuerpo de las mujeres, explica Rosario Adrián, exresponsable de la guardería del colectivo feminista Mujeres Creando, “Mi mamá trabaja”, que funcionó durante 10 años en la ciudad de La Paz.
“Nosotras entendimos que es importante generar una respuesta para todas las mujeres que tienen niños pequeños, porque una de las necesidades que nosotras tenemos como mujeres es ¿dónde voy a llevar a mi niño o niña?, ¿dónde lo voy a dejar?, porque quiero terminar los estudios, porque quiero terminar mi carrera universitaria o quiero finalmente tomarme una tarde libre. ¿Entonces con qué lugar ya cuento?”, explica Adrián.
Justamente a partir de esa mirada, el colectivo planteó la creación de este servicio social para las mujeres, sobre todo para las que pertenecen a los sectores populares, trabajadores del hogar y mujeres en situación de prostitución. “(Mi mamá trabaja) nació con esa idea, con esa visión de poder responder de manera concreta a esa necesidad que tienen las mujeres mamás”, añade.
Hasta 10 requisitos y listas de espera
Al contar con cupos limitados, los centros infantiles públicos de las cinco ciudades exigen una serie de requisitos, que van desde el certificado de trabajo de las madres y/o los padres de familia hasta la fotocopia del carnet de vacunas de los niños o niñas. Santa Cruz de la Sierra, La Paz y El Alto son los municipios que piden hasta 10 requisitos. (Ver infografías 4, 5, 6, 7 y 8).
En el caso de Santa Cruz de la Sierra, las madres que trabajan de forma independiente tienen que redactar un documento en el cual deben especificar cuánto ganan de forma semanal y mensual, de esa manera deben demostrar cuál es su situación económica.
En las cinco urbes, al inicio de cada gestión, los responsables de los centros lanzan la convocatoria. Luego, la unidad o el área de trabajo social hace una preselección y principalmente se basa en un ítem: los grupos más vulnerables, es decir niños o niñas de familias de escasos recursos, en situación de riesgo (sobreviviente de violencia, migrante y que tenga familiares con discapacidad) o hijos e hijas de madres solteras.
“Mayormente en las guarderías donde tenemos demanda, (en especial) donde solamente tenemos una guardería en un distrito, se seleccionan las carpetas, porque rebasamos (en solicitudes) de acuerdo con la población que tenemos”, explica Rosa María Romero Rojas, responsable del programa de Centro Municipal Infantil de Santa Cruz.
Romero aclara que todo el año reciben la documentación de solicitudes de inscripciones, además elaboran un registro de los números telefónicos de padres y madres que esperan un cupo, es decir una lista de espera. Según la funcionaria, dan prioridad al tipo de familia. “Trabajamos mayormente con madres solteras”, resalta y asegura que también priorizan a las familias en las que el padre y la madre trabajan.
Con 38 centros infantiles municipales, Santa Cruz de la Sierra da atención a 2.060 niños y niñas menores de cuatro años. Para Ana Paola García, directora de la Casa de la Mujer en Santa Cruz de la Sierra, esta cifra es “mínima”, la cobertura no llega ni siquiera a los 3.000 niños, además la mayoría de estos espacios exige un montón de requisitos.
“No son guarderías”
“Los llamamos Centros Municipales para el Desarrollo Infantil, ya no usamos el término de guardería. Damos apoyo integral de primera infancia, es decir (atendemos) a niños desde los seis meses hasta los cuatro años en etapa no escolarizada”, asegura Jacques Alcoba, secretario municipal de Educación y Desarrollo Social de La Paz.
Con una mirada similar, Isabela Moscoso, responsable de PAN-Manitos de El Alto, explica que en la urbe alteña se implementa este programa municipal de desarrollo infantil que trabaja en cuatro componentes: nutrición, salud, atención a la primera infancia y pedagogía para que los niños y las niñas puedan ingresar preparados a un pre kínder o un kínder.
“No solo trabajamos en el tema de cuidar, sino de precautelar su entorno, porque (damos atención) con una psicóloga, trabajadora social y pedagoga. Trabajamos también en el área de salud”, explica Moscoso y destaca que estos establecimientos son manejados por un equipo multidisciplinario.
El funcionamiento de los centros infantiles depende en su mayoría de la administración de los municipios. En tres de las cinco ciudades, hay establecimientos que operan a través de convenios con las gobernaciones o instituciones sin fines de lucro.
Tal es el caso de Sucre. Según las autoridades municipales, la capital tiene 48 centros infantiles, pero en la lista oficial de los establecimientos con direcciones suman 47. Del total de guarderías públicas, cuatro son administradas de forma directa por el municipio y las demás funcionan a través de un convenio con la gobernación.
“Los menores de edad ingresan a los centros infantiles desde los nueve meses hasta los cinco años, cuando ya deben ingresar a la educación regular. En estos centros integrales reciben educación, salud, alimentación y apoyo social a través de una trabajadora social y psicólogo”, explica Fabiola Rosales, responsable de los Centros Integrales de Desarrollo Infantil de esta urbe. Destaca que las niñas y los niños “tienen un alto nivel de cuidados”, porque se cuenta con 210 educadores, quienes se capacitan de forma regular.
En el caso de El Alto, tanto en el tema de mejoramiento de infraestructura como en la alimentación, las autoridades municipales coordinan con las juntas de vecinos y las madres y padres de familia. “Es un trabajo en equipo”, resalta Moscoso.
Una cuota “mínima” y la alimentación
Hortensia interrumpió el martes 15 de octubre su jornada laboral y se sumó al grupo de madres que decidió alzar la voz para exigir en una protesta a la Gobernación la dotación de alimentos a los 43 centros infantiles de El Alto.
Su hijo de tres años está inscrito en uno de esos establecimientos. Lo deja todas las mañanas, de lunes a viernes. “Es de gran ayuda. Tengo que trabajar”, dice y explica que debe estar pendiente de todo lo relacionado a la guardería, por eso se sumó sin dudar a la protesta para exigir la dotación de alimentos.
“Desde febrero ya se hizo la solicitud y nada”, comenta y cuenta que el gobernador paceño Santos Quispe se comprometió a realizar la dotación de alimentos durante esta gestión a los centros infantiles alteños, pero hasta octubre la promesa se quedó en palabras. “Nuestros niños no están recibiendo la alimentación”, agrega.
Al ofrecer el servicio desde las 8.00 hasta las 16.00, en los 43 centros infantiles alteños, los niños reciben desayuno, merienda de media mañana, almuerzo, merienda de media tarde y té. Estas comidas diarias también se dan en las guarderías de las otras cuatro ciudades, en algunas varían en el número de entregas, tres o cuatro.
En El Alto, el Gobierno municipal se encarga de asignar los recursos para la contratación del personal (educadores, facilitadores y administradores, entre otros funcionarios que forman parte del equipo multidisciplinario) y la dotación de alimentos secos. Además, tiene un convenio con las madres y los padres de familia del pago de una mensualidad de menos de 100 bolivianos.
En La Paz, la mensualidad es de 125 bolivianos. “Eso incluye toda la alimentación y los cuidados de psicomotricidad, atendemos de 8.30 a 16.00. Este es un costo subvencionado porque (en realidad) nos cuesta alrededor de 800 bolivianos cada niño, pero cobramos 125 bolivianos por ser una política social”, asegura Jacques Alcoba, secretario municipal de Educación y Desarrollo Social de La Paz.
Santa Cruz de la Sierra tiene la cuota más alta que es de 150 bolivianos. “Lo llamamos aporte voluntario, este aporte está contemplado para la compra de alimentos frescos (verduras, frutas, algunos abarrotes y gas), para complementación del menú”, explica Rosa María Romero Rojas, responsable del programa de Centro Municipal Infantil de Santa Cruz.
“El municipio nos da infraestructura, equipamiento mobiliario y personal, (además) nos da mantenimiento de los servicios básicos y 18 productos secos para la preparación del menú que consumen los niños”, agrega Romero.
En los establecimientos de la ciudad de Cochabamba no se cobra una mensualidad, pero las madres y los padres deben llevar alimentos secos para la preparación de las comidas de sus niñas y niños.
“Al ser gratuito el servicio, los padres se organizan para dar alimentos frescos, porque la Alcaldía con sus aliados les dan alimentos secos, es un ejercicio de corresponsabilidad”, explica Verónica Toro, ahora exjefa del departamento de Promoción a la Infancia de este municipio.
De acuerdo con Toro, para las 44 guarderías infantiles de la ciudad cochabambina, el municipio destina un presupuesto de 3,6 millones de bolivianos para atender a 1.300 niñas y niños inscritos.
“Este presupuesto permite el funcionamiento de los centros infantiles y la atención de los niños. Sin embargo, estos espacios requieren mantenimiento y para cumplir con este objetivo se necesitaría al menos otro medio millón de bolivianos”, dice Toro y explica que los recursos actuales son empleados en alimentación, salud, cuidados psicológicos y físicos.
La mayoría de los funcionarios consultados consideran que la mensualidad por el servicio de los centros infantiles es mínima, porque los gobiernos autónomos municipales subvencionan gran parte de la atención. Sin embargo, casi las 30 usuarias consultadas creen que el servicio debería ser totalmente gratuito, en especial ahora que el país vive una crisis económica y el encarecimiento de precios de varios alimentos básicos.
Ante la falta de cupos en los centros infantiles públicos en la ciudad de La Paz, Sonia optó por una guardería privada, pero su presupuesto alcanzó para cubrir los tres primeros meses. “La más barata y para el cuidado de todo el día cobra hasta 1.500 bolivianos al mes”, explica y sostiene que por eso, espera para el 2025, conseguir un cupo en una guardería municipal.
Para García, de la Casa de la Mujer en Santa Cruz, “el tema de los cuidados en Santa Cruz de la Sierra está totalmente capitalizado y privatizado”. El servicio mensual de una guardería privada llega a costar 1.600 bolivianos. “Entonces una mujer promedio en su mayoría tendría que hacer un monto de 4.000 bolivianos para cubrir ese pago, porque aparte del monto de la guardería, tiene que cubrir transporte y alimentación”, explica.
Este pago por el centro infantil, al igual que el trabajo del cuidado, se impone también a las mujeres. “Tenemos que trabajar para pagar el cuidado de nuestros hijos, tenemos que pagar para llevar el pan del día a nuestras casas. Así lo entiendo yo”, dice Sonia, una usuaria.
Pese a que ya tiene un cupo para su niño en un centro infantil de El Alto, Beatriz considera que las autoridades del Estado deben crear más guarderías y saldar su deuda con las mujeres que con su fuerza de trabajo sostienen la economía de Bolivia. “¿Qué pasaría si las mujeres comenzaríamos a cobrar por el trabajo del cuidado”, se pregunta.
(*) Este reportaje fue realizado por la Red de Periodismo Feminista con la subvención del Fondo de Mujeres Bolivia – Apthapi Jopueti.