Santa Cruz. Según el vicepresidente del Concejo Municipal, el incremento de 0.37 centavos al pasaje de 2 bolivianos generará 440.000 bolivianos diariamente.
Milen Saavedra
Fuente: Red Uno
El concejal José Alberti, vicepresidente del Concejo Municipal, rechazó la determinación del transporte público de Santa Cruz, apoyado por una Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), de una tarifa «provisional» de 2.37 bolivianos desde hoy. Afirmó que la decisión es «ilegal» y detrás habría intereses económicos de dirigentes.
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«El alcalde está evadiendo nuevamente su responsabilidad al transferir (la decisión) a las juntas vecinales, que son cuestionadas en su trabajo, ya que son netamente una institución cívica y no política. Técnicamente, no es posible cobrar Bs 2.37, no hay una moneda de 13 centavos (para dar cambio)», afirmó en El Mañanero.
También apuntó que se debe trabajar en un estudio de costos.
«El alcalde (Jhonny Fernández), en vez de estar provocando estas acciones ilegales de las juntas vecinales y dueños de micros, debería estar apurándose en hacer un buen estudio técnico de costos, también planes de corto, mediano y largo plazo que el Concejo Municipal le ha pedido para iniciar la transformación del sistema de transporte», agregó.
Apuntó que se le dio «un instrumento muy poderoso» para que pueda iniciar esa transformación, con la aprobación una ley de necesidad, de emergencia, que pone el foco de la política pública municipal en priorizar el problema del sistema del transporte.
«Él y sus técnicos deberían estar en China, en Brasil, en otras ciudades viendo sistemas de transporte exitosos para iniciar esa transformación de corto, mediano y largo plazo que la población ha pedido. Una vez más, la ilegalidad, la discrecionalidad, el abuso contra el ciudadano de a pie está dada y promovida por el alcalde», comentó.
Asimismo, respecto a la decisión de la Fejuve de respaldar la nueva tarifa, Alberti apuntó que no tiene respaldo porque no es su rol, ya que deben abocarse al control social de las obras de la alcaldía.
«Le están haciendo un flaco favor al alcalde, cuando, en este momento, la Alcaldía de Santa Cruz sufre una de las peores iliquidez de la historia reciente que ha tenido y cada día sube la deuda flotante. Estas cosas nos hacen desviar el foco en temas tan importantes como la crisis económica del municipio, pero, sobre todo, que el alcalde avance rápidamente en hacer su trabajo, que es el estudio técnico de costos», detalló.
Para Alberti, la necesidad del estudio consiste en transparentar cuánto va a ser la tarifa del pasaje y de «cuánto es el negocio».
«Nosotros hemos hecho cálculos y para que Santa Cruz lo sepa: el negocio del transporte, solamente por la tarifa del pasaje, es alrededor de 1.000 millones de bolivianos al año. Entonces es un negocio millonario, que ojalá que sea más grande y se lo maneje bien para que siga dando frutos», afirmó.
Sin embargo, cuestionó la actitud de la dirigencia.
«Algunos grupos de poder del transporte público y dueños de micro no quieren transparentar sus datos, no quieren dar a conocer cuál es su realidad. Entonces, este estudio nos va a ayudar a saber a profundidad, cómo está el sector, cómo se mueve, cuáles son sus costos, etcétera, para que, a partir de ahí, el alcalde envíe la nueva tarifa y el Concejo la trate», añadió.
Aseveró que no es rol de los transportistas definir la tarifa. Por lo tanto, hasta que el Concejo apruebe o trate una nueva tarifa; el pasaje sigue siendo 2 bolivianos, «eso es lo legal y lo que dice la ley».
«Instamos a las fuerzas públicas, al ministerio de Justicia, al fiscal de distrito, al director de Tránsito que hagan cumplir la ley y que aquel vecino que pague 2 bolivianos tiene el respaldo de la institucionalidad, de la normativa y está amparado bajo una ley que está vigente, mientras no se apruebe otra», reiteró Alberti.
Al ser consultado sobre el destino del monto incrementado, Alberti apuntó hacia los dueños de micros.
«Se va a ir al bolsillo de los dueños de micro. Un incremento de solamente de 0.37 centavos a los 2 bolivianos genera, diariamente en el sistema de transporte, alrededor de 440.000 bolivianos. Por eso, el apuro de los dirigentes. Ahí también se cuestiona a la dirigencia de estas Juntas vecinales, porque tal vez están detrás de la plata o alguna coima, deben responder. Los micros están apurados en cobrar porque quieren ganar más dinero, cuando pueden hacerlo de manera transparente y respaldada, a través de la ley», explicó.
Alberti indicó que el Concejo se reunirá esté lunes de emergencia para analizar plantear una ley de cumplimiento al alcalde y una ley de Acción Popular, junto con otras instituciones y vecinos, hacia los dueños de micro.
«Esas son las acciones que vamos a emprender en las próximas horas para defender la legalidad, el proceso, la ley y el bolsillo del vecino. Estas arbitrariedades, de alguna manera, confunden. Técnicamente, en este momento, es imposible aplicar una tarifa con centavos porque no se cuenta con el sistema de cobranza, de recaudo, el equipo tecnológico o como lo vayan a hacer. Entonces, van a matar cambio y y eso es mucho más dinero. Seguramente algunos dueños de micro están elevando la renta a su pobre chofer asalariado», añadió.
Reiteró que, como Concejo, no permitirán que se vulnere la norma y mantendrán una línea institucional apegada a la ley y la normativa.
«El que tiene que hacer su trabajo es el alcalde y hacer ese estudio técnico de costos, cuanto antes, como manda la ley, acompañado de un plan de corto, mediano y largo plazo, tal como lo ha determinado la ley de necesidad», finalizó.