Hace dos semanas, Evo Morales destacó que la falta de una distribución regular de combustible afecta directamente la “seguridad alimentaria” del país, especialmente en el departamento de Santa Cruz. Esta afirmación nos invita a reflexionar: ¿qué entendió el gobierno de Morales por soberanía alimentaria durante los casi 14 años de su gestión? Según las declaraciones del exmandatario y en línea con la definición de la FAO, su gobierno priorizó el comercio como estrategia para garantizar la seguridad alimentaria y promover el crecimiento económico, buscando beneficiar a los sectores más vulnerables.
Sin embargo, la soberanía alimentaria, según la Declaración de Nyéléni de 2007 y la definición de La Vía Campesina de 1996, va mucho más allá. Se basa en un principio esencial: la seguridad alimentaria solo puede lograrse respetando el derecho de los pueblos a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Ignorar la contribución de quienes producen los alimentos perpetúa el fracaso en erradicar la pobreza y el hambre tanto en áreas rurales como urbanas. En este sentido, el gobierno de Morales no logró adoptar esta concepción integral y transformadora de soberanía alimentaria, limitándose a un enfoque más convencional.
Un análisis de estas dos perspectivas, en paralelo con las políticas actuales, muestra que tanto el gobierno de Evo Morales como el de Luis Arce han privilegiado una visión centrada en la seguridad alimentaria en detrimento de la soberanía alimentaria. Este enfoque tiene consecuencias palpables: entre 2006 y 2020, Bolivia importó más de 9,6 millones de toneladas de alimentos a un costo de 7.019 millones de dólares. A pesar de los cambios en las tendencias económicas, las importaciones de alimentos entre 2023 y 2024 continúan en aumento, agravadas por la escasez de dólares.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
En este contexto, el debate sobre la soberanía alimentaria no debe limitarse a los discursos de organismos internacionales o movimientos sociales. Es crucial que las instituciones estatales y privadas bolivianas asuman esta temática como prioridad. Un abordaje efectivo debe enmarcarse en el marco normativo vigente y orientarse al fortalecimiento de sistemas alimentarios familiares, campesinos, comunitarios y agroecológicos. La Constitución Política del Estado de 2009, en su artículo 16, establece el deber del Estado de garantizar tanto la seguridad como la soberanía alimentaria.
Pero surge una interrogante inevitable: ¿ha cumplido el Estado Plurinacional con este mandato constitucional? A la luz de los hechos, la respuesta es negativa. Ni la seguridad ni la soberanía alimentaria han sido plenamente garantizadas. En su lugar, se ha priorizado el desarrollo de unidades productivas agrícolas convencionales y agroindustriales, fomentando una expansión significativa de la frontera agropecuaria, con profundos impactos sociales y económicos en el ámbito rural.
En contraposición, las unidades productivas familiares y comunitarias, que desempeñan un papel crucial en el abastecimiento del mercado interno, han recibido un apoyo limitado por parte del Estado. Este desequilibrio compromete no solo la soberanía alimentaria, sino también la sostenibilidad de los sistemas alimentarios tradicionales.
Es urgente que Bolivia avance hacia un modelo de desarrollo económico y social adaptado a las particularidades regionales. Este modelo debe integrar las cuatro unidades productivas agrícolas existentes, promoviendo simultáneamente la conservación del suelo, el acceso sostenible al agua y la contención de la expansión urbana. Solo así será posible construir un futuro sostenible para el sector agroalimentario y, en consecuencia, para toda la sociedad boliviana.