La Procuraduría General del Estado calificó de “favorable” para el pueblo boliviano la sentencia obtenida contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y tres de sus exministros en el caso Petrocontratos.

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“La Procuraduría… llevó a cabo una intervención responsable en este proceso penal, obteniendo un resultado favorable para el pueblo boliviano”, señaló la Procuraduría en un comunicado.

La noche del lunes, la Justicia sentenció a Sánchez de Lozada a una pena de seis años y tres meses. Es acusado por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

Además de expresidente, los exministros Jorge Berindoague Alcocer, Alberto Contreras del Solar y Carlos Alberto López Quiroga también fueron sentenciados a una condena de cinco años de prisión.

Los sentenciados deberán cumplir su condena en la cárcel de San Pedro de Chonchocoro. Según la sentencia, el cómputo se iniciará una vez ejecutados los mandamientos de condena respectivos “emitidos por el tribunal” de responsabilidad.

Inhabilitación

Además de las penas, se estable una inhabilitación “especial”, que incapacita a los imputados el obtener mandatos, cargos públicos, empleos, y cualquier tipo de comisiones públicas, sean estás por elección o libre designación, por un periodo de cinco años, de acuerdo normativa penal.

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“(…) Después de haber trascurrido casi 20 años de la presentación de la denuncia dentro del juicio de responsabilidades denominado Petrocontratos, el Tribunal de Justicia… emitió sentencia condenatoria, imponiéndose la pena privativa de libertad a cumplirse en el centro penitenciario de San Pedro de Chonchocoro”, resaltó la Procuraduría.

El 22 de agosto de 2023, el TSJ comenzó el juicio de responsabilidades contra Sánchez de Lozada (Goni) y tres de sus exministros; esto debido a la firma de contratos con 21 empresas transnacionales para tareas de verificación y explotación de reservas hidrocarburíferas. Los documentos se suscribieron sin autorización del otrora Congreso Nacional.

Contratos

De los 107 contratos, 52 fueron firmados en la primera gestión de gobierno de Sánchez de Lozada (1993-1997); 49 en la del extinto Hugo Banzer (1997-2001); cuatro en la de Jorge Quiroga (2001-2002), y uno en la de Carlos Mesa. Estos dos últimos fueron excluidos del juicio, en momentos distintos.

Esta situación, según la acusación presentada por el Ministerio Público, favoreció los intereses de esas empresas en detrimento del interés del Estado.

La denuncia sobre el caso fue presentada por Evo Morales en 2005, en su condición de diputado. La Fiscalía admitió la demanda el 14 de abril de ese año.

El 11 de septiembre de 2011, la Asamblea Legislativa autorizó el procesamiento de las exautoridades por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y encubrimiento.

Sánchez de Lozada huyó del país en octubre de 2003, tras la muerte de más de 60 personas en la denominada Guerra del Gas. Estableció su residencia en Estados Unidos.

El 17 de octubre, Carlos Mesa, entonces vicepresidente, asumió la sucesión constitucional.