La Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), a través del rector Vicente Cuéllar, expresó su preocupación por el proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, señalando que este amenaza la seguridad alimentaria en Bolivia.
Fuente: Prensa UAGRM
A través de una carta dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra Santos, la institución solicitó que se modifique el proyecto durante su tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y exhortó a no aprobarlo en su forma actual.
El rector de la UAGRM, Vicente Cuéllar, calificó el proyecto como “abusivo” y “cien por ciento político”, cuestionando su intención de modificar leyes ordinarias mediante una ley especial.
Observaciones clave al proyecto de ley
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El rector indicó que, en la disposición séptima del proyecto, se menciona una supuesta confiscación para garantizar la seguridad alimentaria, algo que ya está contemplado en la Ley 453/2013.
“No hay necesidad de modificar esta norma en el proyecto de ley”, sostuvo Cuéllar, subrayando que las medidas propuestas carecen de sustento técnico.
Además, Cuéllar afirmó que garantizar la seguridad alimentaria, el Gobierno debe ejecutar acciones concretas, como garantizar el abastecimiento de gasolina y diésel, brindar seguridad jurídica a los empresarios, frenar los avasallamientos y la corrupción, además de proteger y fomentar al sector productivo del país.
Inquietudes sobre el endeudamiento
Otra observación relevante planteada por la UAGRM se refiere al endeudamiento incluido en el proyecto de ley. Según el rector, el Gobierno pretende endeudarse por 4.400 millones de dólares, una medida que, conforme a la Constitución Política del Estado (CPE), debe ser tratada en una sesión específica, no en una ley financial.
Llamado a los parlamentarios
Cuéllar hizo un llamado enérgico a los legisladores, instándolos a participar en la sesión del pleno de la ALP para analizar este proyecto de manera responsable. Recordó que, de acuerdo al artículo 158 de la CPE, si el proyecto no es tratado en el pleno, se aprobaría automáticamente, lo cual sería un grave perjuicio para el país.
“No sesionar ni debatir este proyecto de ley es ser cómplice de este Gobierno que busca aprovecharse de esta ley financial para hipotecar el futuro del pueblo boliviano”, concluyó el rector.