Con relación a los hechos que se registraron en 2019 en Bolivia, el exmandatario dijo que no se trató de un golpe de Estado ni de fraude electoral, sino de un descalabro total del Estado y de todas sus instituciones.
Fuente: ANF / La Paz
Debido a la crisis institucional que el país vivió en 2019, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé sugirió modificar la Constitución Política del Estado (CPE) y el ordenamiento jurídico porque consideró que se traviesa un escenario previo de una constituyente.
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“Yo he sostenido desde el principio que, en Bolivia, particularmente desde la crisis del 2019 vivimos una antesala a momentos constituyentes o etapas en las que deberían abrirse reflexiones para modificar no solamente la Constitución, sino el ordenamiento legal a la luz de lo que nos ha tocado vivir todo este tiempo”, afirmó el exmandatario.
Esas reflexiones se dieron durante la presentación del libro «Momento Constituyente, de la Crisis a la Reforma Necesaria» que fue escrito por diversas personalidades, entre ellos el exmandatario, además de Farit Rojas, Luciana Jáuregui, Armando Ortuño, María Teresa Zegada, Fernando García, Pablo Mamani y Ricardo Sotillo con el apoyo de la Friedrich Ebert Stiftung (FES).
En el texto se hace un análisis de los eventos políticos que se registraron en Bolivia desde 2019 hasta la presente gestión, destacando cómo las crisis institucionales y las protestas ciudadanas han llevado a un «momento constituyente» que podría facilitar reformas constitucionales. Además, examina la desinstitucionalización y la necesidad de un pluralismo jurídico, sugiriendo que la movilización social es crucial para impulsar cambios significativos.
Rodríguez rememoró brevemente las anteriores normas supremas y las reformas que se realizaron posteriormente en el país, hasta la aprobación de la carta magna en 2009. Sobre todo, destacó los dos últimos cambios que se hicieron a la norma ya que le tocó participar.
A la vez hizo una comparación entre el 2005 y la presente gestión, tomando en cuenta que esa oportunidad aún no se había aprobado la ley de redistribución de escaños tras los resultados del censo de 2002. Actualmente, hasta el momento la Asamblea Legislativa no consideró el proyecto de ley que permite modificar los curules en Diputados, ya que el Órgano Electoral requiere la norma para la convocatoria a elecciones generales en 2025.
Con relación a los hechos que se registraron en 2019, el exmandatario dijo que no se trató de un golpe de Estado ni de fraude electoral, sino de un descalabro total del Estado y de todas sus instituciones. Dijo que a partir de esa situación se debió plantear reformas inmediatas.
A la vez, dijo que durante el gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca se generó la distorsión de la norma en al menos tres áreas. La primera tiene que ver con la justicia y la justicia constitucional, tomando en cuenta que el TCP no respetó los resultados del referéndum del 21-F y habilitó la candidatura de Evo Morales para las justas electoral de 2019.
El segundo elemento es con relación al debate de la importancia de la justicia constitucional, si bien no duda sobre su relevancia, se consideró que al carecer de una auto restricción y pensarse que sea la última instancia que interpreta la constitución, existía el riesgo que se surjan graves consecuencias.
Finalmente, la tercera son los pesos y balances o contrapesos que no funcionan en un Estado descentralizado y con autonomías, dijo que llama la atención la legitimidad de las representaciones que fiscalizan y que compartan la inquietud del Gobierno con las regiones y las autonomías.
“Son estas tres grandes áreas que, a mi juicio, marcan la necesidad de abrir un momento Constituyente en el país. En la producción de la última Constituyente hubo una impronta histórica de los movimientos sociales y del colapso de los modelos neoliberales, que dieron lugar a la constitución del 2009”, puntualizó.
La justicia constitucional
El exmandatario y expresidente de la Corte Suprema de Justicia rememoró las reformas constitucionales que llevó a cabo en entonces Congreso Nacional que dejó claro -dijo- que el Tribunal Constitucional no era el único intérprete de la Constitución Política del Estado.
Y que que ahora en 2005 había una incertidumbre sobre las elecciones generales me trae a la memoria las actuales elecciones judiciales y era la misma zozobra. Igual que ahora se multiplican los recursos constitucionales donde se desafía la legalidad y la constitucionalidad, cuando el bien mayor era lo más importante que era la celebración de elecciones democráticas. “En esa época el Tribunal Constitucional resolvió esas demandas por el bien mayor, resolvió por la celebración de las elecciones generales”.
El debate sobre la importancia de la justicia constitucional no pongo en duda su importancia y su pertinencia, pero hace 23 años ya debatíamos de una manera más intensa «al carecer ese Tribunal Constitucional de ‘autorestricción’ en ciertas áreas o de una votación cualificada o de pensarse a sí mismo de único y último interprete podían surgir gravísimas consecuencias. De hecho es lo que estamos viviendo«, afirmó Rodríguez.
La nueva configuración política
Luciana Jáuregui problematiza sobre el momento constituyente para intentar comprender la crisis a la que respondería. “Desde mi punto de vista había que mirar las dinámicas políticas (…) No hay buenas o malas formas de gobierno en abstracto, siempre responde}n a qué contexto a qué relaciones de fuerza”.
Argumenta que un primer diagnóstico identifica que la crisis institucional devenía de la división del Movimiento al Socialismo, es decir del partido predominante, estas pugnas que tienen efectos dentro del Estado, tenía que ver con el tránsito de un gobierno mayoritario a un gobierno minoritario.
En su opinión el gobierno de Luis Arce que llega al poder con una mayoría, tras la división interna pierde esa mayoría lo que va a repercutir en la Asamblea Legislativa donde no va a tener gobernabilidad, porque ha pasado a ser minoría.
Entonces, «vemos a un gobierno que se apunta progresivamente sobre el poder judicial como un mecanismo de gobernabilidad, ese es un efecto de la política sobre las instituciones«, comenta la analista y coautora del libro.
Observa que los actores y los liderazgos sigan pensando de manera anacrónica que son mayorías, cuando ya son fuerzas minoritarias obligadas a pactar, mucho más cuando “El derrumbe del partido hegemónico está afectando a las instituciones” es un hecho.
Argumentó que ahora el tema es el “presidencialismo minoritario”, porque «es un presidencialismo que para gobernar recurre a la instrumentalización de los otros poderes del Estado”, cree que esta nueva configuración es la que se va a quedar, por lo tanto cualquier reforma constitucional debe considerar esta nueva configuración política, argumenta Jáuregui.