La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz ordenó al alcalde Arias cumplir con la Ley de Fiscalización 499. Bajo esta norma, ocho funcionarios que fueron censurados por el Concejo Municipal, el año pasado, debían dejar el Ejecutivo municipal 24 horas después de que el burgomaestre sea notificado; sin embargo, Arias los restituyó en sus cargos.
Fuente: ABI / La Paz
Una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ratificó que cinco secretarios y tres subalcaldes del municipio de La Paz deben ser destituidos de sus cargos y se anunció una posible demanda contra el alcalde, Iván Arias, por reincorporar a esos funcionarios.
“Acaban de notificarnos con la Sentencia Constitucional 070/2024, que ratifica el fallo de aquí, de La Paz. En su momento, cinco secretarios y tres subalcaldes tenían que haber sido destituidos de sus cargos, pero el alcalde los destituyó y luego los volvió a poner en sus cargos, cuando la Ley 099 dice lo contrario. Él tenía que haber respetado esto y no lo hizo”, informó el concejal Pierre Chaín, en Radio Panamericana.
En febrero de este año, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz ordenó al alcalde Arias cumplir con la Ley de Fiscalización 499.
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Bajo esta norma, ocho funcionarios que fueron censurados por el Concejo Municipal, el año pasado, debían dejar el Ejecutivo municipal 24 horas después de que el burgomaestre sea notificado; sin embargo, Arias los restituyó en sus cargos.
Ahora, el TCP resolvió confirmar la Resolución del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Chaín explicó que, tras ratificarse el fallo del Tribunal de Justicia de La Paz, se pone en riesgo la seguridad jurídica.
“El secretario (José Carlos) Campero está viajando a Argentina para un evento con parte del alcalde, pero él ya no debería haber sido secretario de la Alcaldía. Varios secretarios han firmado muchos trámites y, de acuerdo a la ley, no debían haberlo hecho; los subalcaldes igual”, cuestionó.
Advirtió que Arias, al no cumplir con la destitución de los servidores públicos del Ejecutivo Municipal y mantenerlos en ejercicio, podría ser sujeto a un proceso penal.
“El alcalde va a ser demandado, primero por malversación de fondos y por incumplimiento de deberes; y esos señores van a tener que devolver toda la plata que han cobrado. Además, parece que se pueden anular todas las firmas que hicieron durante un año, hasta que llegó el fallo de Sucre”, sostuvo Chaín.