El presidente electo de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, tras su victoria electoral de 5 de noviembre, por segunda vez pidió el martes 3 de diciembre al juez de instrucción del Estado de New York Juan Merchan, que desestime la causa penal del caso de la exactriz porno de un programa para adultos Stormy Daniels, en la que fue condenado en mayo por 34 delitos por el jurado por cargos de «falsificación contable agravada» consistente en el pago de 130.000 dólares que el abogado Michael Cohen hizo a la exactriz en 2016, a efecto que Daniels guardara silencio de una supuesta relación extramatrimonial que habían mantenido diez años antes, cuya relación Trump siempre ha negado.
Trump no pide la suspensión del proceso hasta que concluya su mandato de cuatro años, sino que pide Sobreseimiento definitivo por los 34 cargos, y la consiguiente anulación del veredicto del jurado que lo declara culpable del fraude fiscal. Además, que se aplique en su favor la inmunidad presidencial dictaminada por la Corte Suprema.
¿Cuáles son los argumentos que la defensa de Trump hace valer ante el Juez Merchan?
Con una prolijidad jurídica que enseña que el derecho es ciencia y a su vez arte, los abogados de la defensa de Trump rescatan y aplican que Joe Biden, presidente demócrata de salida de la Casa Blanca, indultó plena e incondicionalmente el domingo primero de diciembre a su hijo Hunter Biden, para dejar de lado años de problemas legales incluida una condena federal por la compra ilegal de un arma y por evasión de impuestos. El uso del poder llegó al punto de sostener que Hunter Biden «fue procesado de forma selectiva e injusta», solo «porque es mi hijo».
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Joe Biden durante mucho tiempo dijo que él no tomaría ninguna decisión de clemencia a favor de su hijo que mintió ser consumidor de droga; sin embargo, su posición inicial no fue resistida dando curso al indulto que desportilla la gestión gubernamental.
Resaltan que «estos comentarios equivalen a una condena extraordinaria del propio Departamento de Justicia (DOJ) del presidente Biden. Este es el mismo DOJ que condenó y supervisó la casa de brujas motivada políticamente, la interferencia electoral dirigida contra el presidente Trump»; así, señalan en su escrito de 69 páginas dirigido al magistrado del Tribunal Supremo de Manhattan.
Debe destacarse, que la defensa invoca la doctrina de la inmunidad presidencial (dictaminada por la Corte Suprema que dictaminó que los presidentes tienen inmunidad por sus actos oficiales), y la ley de transición presidencial, entre otras, para «desestimar inmediatamente la acusación y anular los veredictos del jurado».
En una realidad auténticamente singular evaluada por el juez Juan Merchan, el pasado mes aplazó de manera indefinida la sentencia que estaba fijada para el 26 de noviembre. Esto es que la elección reciente del presidente Trump tuvo su impacto, traducido en dar lugar a la defensa para que hasta el 2 de diciembre interponga la cuestión de Sobreseimiento del caso Stormy Daniels.
Simultánea a la decisión precedente, el juez Merchan aceptó también posponer la decisión sobre la inmunidad presidencial hasta revisar los documentos que presenten las partes del proceso.
Una cuestión interesante es que los abogados de Trump han reclamado al juez Merchan que se aplique el fallo sobre inmunidad presidencial del Tribunal Supremo de Estados Unidos o, en su defecto, se considere que sus derechos como presidente electo son a estos efectos similares a los de un presidente en ejercicio.
Por su parte, el Fiscal Alvin Bragg que impulsa la causa dijo que, ante las «circunstancias sin precedentes» que generó su victoria electoral en 5 de noviembre, expuso que el pago de 130.000 dólares a la exactriz porno pretendía encubrir un eventual escándalo que empañara su campaña electoral de 2016, que finalmente ganó frente a la demócrata Hilary Clinton.
En este mismo plano, el Fiscal Bragg con buen sentido de cautela y responsabilidad ante este hecho inédito afirmó, ahora el juez Juan Merchan tendrá que decidir si anula todo el proceso o sólo suspende cualquier decisión sobre la condena hasta que termine el mandato del republicano, que regresará a la Casa Blanca el 20 de enero.
Como apuntábamos antes, la postura de los abogados que apoyan al fiscal del Distrito de la ciudad de Manhattan del Estado de Nueva York, Alvin Bragg, no es otra que los procedimientos se aplican hasta que Trump abandone la Casa Blanca en 2029. Definitivamente, el fiscal apoya retrasar la sentencia, pero se opondría que se opere el sobreseimiento de la causa penal.
Es verdad, que el caso se cierra sobre el mandato presidencial de cuatro años que Trump iniciará el 20 de enero de 2025, causaría «impedimentos inconstitucionales» a la capacidad de gobernar del republicano, porque va a embarcarse no solo sobre asuntos públicos de EE.UU., sino de temas que interesan a la comunidad internacional, las guerras, los Brics, migración, refugiados, aranceles, penetración asiática en países de América, por ejemplo.
John F. Kennedy dijo: «Cuando el poder conduce al hombre hacia la arrogancia, la poesía le recuerda sus limitaciones. Cuando el poder reduce el área de interés del hombre, la poesía le recuerda la riqueza y la diversidad. Cuando el poder corrompe la poesía se limpia».
Pedro Gareca Perales