El comunicado de la ANP, que representa a los diarios, reivindica el alto valor de la Ley de Imprenta frente a normas creadas por los gobiernos de izquierda en los últimos 17 años
Fuente: ANF
La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) proclamaron este domingo la vigencia plena de la Centenaria Ley de Imprenta y ratificaron su compromiso de defensa permanente de la norma que impidió la censura al periodismo libre y evitó el encarcelamiento de periodistas.
En un mensaje institucional, el presidente de la ANP, Jorge Carrasco, calificó a la Ley promulgada el 19 de enero de 1925, de visionaria al declarar que “todo hombre tiene el derecho de publicar sus pensamientos por la prensa, sin previa censura”.
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Luego de 23 años de la vigencia de la Ley de Imprenta en Bolivia, las Naciones Unidas adoptaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos que en su artículo 19 reconoce a todo individuo “el derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
“Nuestra Ley de Imprenta protege la libertad de informar como un derecho fundamental universal, inalienable, irrenunciable, imprescriptible, inviolable y reconocido, aunque no creado, por la legislación positiva. Un siglo después es el escudo del derecho a informar y ser informados y representa el baluarte para el periodismo libre y responsable en Bolivia,” refirió Carrasco.
El comunicado de la ANP, que representa a los diarios, reivindica el alto valor de la Ley de Imprenta frente a normas creadas por los gobiernos de izquierda en los últimos 17 años que, bajo el argumento de luchar contra la discriminación, introdujeron sanciones para castigar y perseguir a periodistas y propietarios de medios con penas de cárcel de hasta cinco años.
“Frente a este reprochable intento, la Ley de Imprenta es la única garantía para el ejercicio de un periodismo independiente,” señala la ANP que mantiene con firmeza su rechazo a la censura previa y la pena de cárcel porque contravienen las Convenciones internacionales en materia de libertad de prensa y la propia Constitución Política del Estado (CPE), promulgada por el presidente Evo Morales, el 9 de febrero de 2009.
Como efecto de la aplicación de las sanciones contenidas en la Ley contra la discriminación, en el año 2012 se iniciaron procesos judiciales contra los periódicos El Diario y Página Siete, y la Agencia de Noticias Fides (ANF) por una supuesta incitación al racismo. Los casos continúan abiertos en la justicia como un mecanismo para amedrentar al periodismo libre.
El 5 de agosto de 2014, el Tribunal Departamental de Justicia de la ciudad de La Paz resolvió que una acusación de espionaje presentada por el entonces procurador general, Héctor Arce, contra los periodistas Claudia Benavente y Ricardo Aguilar(+) sea resuelto en el Tribunal de Imprenta.
La ANP fue la única organización que exigió la aplicación de este procedimiento y realizó acciones de respaldo a los periodistas acusados y su medio, el periódico La Razón, según su comunicado.
La ANP y sus organizaciones aliadas en Latinoamérica rechazaron la aplicación de un proceso judicial ordinario que habría derivado en la aplicación de la pena de cárcel y demandó que el caso sea conocido por un Tribunal de Imprenta considerando que el motivo de la demanda era una publicación periodística.
Fuente: ANF