El sector gremial enfila movilizaciones en los próximos días en rechazo a una disposición del PGE 2025, mientras que el viceministro Jorge Silva dijo que la reglamentación se debe abordar de manera conjunta.
Fuente: Unitel
En medio del rechazo de diferentes sectores por la disposición adicional séptima recogida en la Ley 1613 del Presupuesto General del Estado, el viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, sostuvo que se prevé abordar la reglamentación de la norma con los actores que se consideren afectados con esta disposición.
La disposición establece que las entidades competentes podrán activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos.
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Además, señala que todo actor de la cadena productiva de alimentos esenciales, debe declarar, información de producción, transformación y comercialización, conforme a la reglamentación aprobada por Resolución Biministerial emitida por los Ministerios de Desarrollo Rural y Tierras y de Desarrollo Productivo y Economía Plural.
Desde diferentes esferas del sector gremial existe intranquilidad por la disposición adicional séptima del PGE (Foto referencial)
Para aplicar la Ley, “debe trabajarse una reglamentación aprobada a través de una resolución biministerial entre el Ministerio de Desarrollo Rural y el Ministerio de Desarrollo Productivo, para cuyo efecto va a ser importante la incorporación o la participación de aquellos actores que se crean afectados con esta disposición”, dijo Silva.
Sin embargo, la molestia latente que hay entre los actores del aparato productivo es que se hubiera suprimido esta disposición, pese a que en su momento se expresó el rechazo y que incluso fue dada de baja en la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados, pero este apartado se mantuvo debido a que la norma no fue abordada por el pleno del Parlamento.
“El objeto de esta disposición va en el sentido no de afectar a los gremialistas o a los comerciantes o al sector productivo. Va orientada a proteger el derecho a la alimentación que tenemos los bolivianos. Va en contra de aquellas personas, que son muy pocas, que almacenan alimentos para posteriormente sacar del país vía contrabando a la inversa”, dijo el viceministro.
Mientras tanto, desde la dirigencia de la Central de Trabajadores de Bolivia adelantó que el 13 de enero se realizará una marcha en rechazo a la disposición incluida en el PGE, misma que saldrá desde La Ceja alteña rumbo al centro paceño.
Mientras que el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), José Luis Farah, señaló que esta disposición atenta contra el sector productivo y al sector privado en general, ya que da vía libre para que se intervengan unidades productivas.