Así fue el impresionante operativo de seguridad desplegado en Seúl para capturar al presidente destituido Yoon Suk-yeol

 

Fuente: infobae.com

Apenas habían pasado las tres de la madrugada cuando las luces comenzaron a encenderse en las calles de Yongsan, el distrito central de Seúl donde se encuentra la residencia presidencial. Una caravana de vehículos policiales y camiones blindados se acercaba sigilosamente mientras miles de agentes, en formación cerrada, tomaban posiciones alrededor del recinto.

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Los pasos resonaban en la oscuridad húmeda del invierno, marcando el inicio de una operación que sería histórica: la captura del presidente destituido Yoon Suk-yeol, acusado de insurrección tras su fallido intento de imponer la ley marcial.

Las imágenes difundidas por los medios parecían escenas sacadas de un thriller político. En una toma, un grupo de investigadores avanzaba en silencio por el sendero principal hacia la entrada de la villa presidencial, donde las sombras de los guardias del Servicio de Seguridad Presidencial (PSS), leales al mandatario, se recortaban contra las barricadas de alambre de púas y autobuses cruzados. En otra, policías antidisturbios permanecían de pie junto al alto muro perimetral, mientras otros se preparaban para usar escaleras portátiles con el fin de sortear los obstáculos.

Desde su inhabilitación el pasado 14 de diciembre, cuando el Parlamento surcoreano aprobó una moción para suspenderlo tras la declaración de un efímero estado de excepción, Yoon Suk-yeol había convertido su residencia en una fortaleza. Las barricadas físicas se complementaban con las cadenas humanas del PSS y los parlamentarios de su partido gobernante, quienes bloquearon con sus propios cuerpos un primer intento de arresto el 3 de enero. Aquel enfrentamiento había puesto en evidencia el caos político que envuelve a una de las democracias más consolidadas de Asia.

Esta vez, el despliegue fue monumental: 3.200 agentes de la policía, oficiales de la Oficina para los Casos de Corrupción de Altos Funcionarios (CIO) y decenas de efectivos antidisturbios rodearon la residencia antes del amanecer. Además de enfrentar la resistencia de los guardias presidenciales, tuvieron que lidiar con miles de simpatizantes del mandatario. Algunos agitaban banderas de Corea del Sur y Estados Unidos, mientras otros, armados con bastones luminosos, gritaban:

—¡Orden de arresto ilegal!

Algunos se tumbaron en el suelo frente a las puertas, en un gesto de desafío desesperado.

A las 5:10 de la mañana, los oficiales de la policía y la fiscalía presentaron formalmente la orden de arresto ante el equipo legal del presidente, una medida que él mismo había calificado de “ilegal” y “persecución política”. Durante dos horas, el caos reinó en los alrededores. Las tensiones alcanzaron su punto más alto cuando los investigadores lograron superar las barricadas, cortaron el alambre de púas y rebasaron el perímetro principal, forzando su entrada al edificio principal alrededor de las 7:00.

En el interior de la residencia, el presidente Yoon Suk-yeol y su equipo legal negociaron con los oficiales durante horas. Finalmente, a las 10:33 de la mañana, el mandatario fue detenido. Con un rostro imperturbable, abandonó su hogar rodeado de agentes, mientras en el exterior los gritos de sus seguidores todavía resonaban como un eco de resistencia. Minutos después, su equipo publicó un video pregrabado en sus redes sociales, donde Yoon declaraba:

—Decidí comparecer ante las autoridades para evitar un potencial derramamiento de sangre, aunque esta investigación sea ilegal.

El arresto de Yoon Suk-yeol representa un hecho sin precedentes en la historia de Corea del Sur. Ningún presidente en funciones había sido detenido anteriormente. Pero el camino que lo llevó hasta este momento estuvo marcado por decisiones polémicas y una gestión cada vez más autoritaria. La noche del 3 de diciembre, Yoon sorprendió al país al declarar la ley marcial, desplegando tropas en el Parlamento bajo el pretexto de proteger al país de “fuerzas comunistas” y “elementos antiestatales”. Sin embargo, los legisladores desafiaron su autoridad y votaron en contra de la medida, obligándolo a revocar el decreto apenas seis horas después de haberlo implementado.

La respuesta parlamentaria fue inmediata. Una semana después, la oposición, que controla la mayoría en el Parlamento, impulsó una moción para inhabilitarlo, argumentando que su decisión representaba un abuso de poder y una amenaza al orden democrático.

Tras su detención, Yoon fue trasladado a la sede de la Oficina para los Casos de Corrupción de Altos Funcionarios (CIO) en Gwacheon, al sur de Seúl, donde comenzó un prolongado interrogatorio. Según funcionarios de la CIO, el ex presidente ejerció su derecho a guardar silencio durante las primeras horas y rechazó ser grabado. Pero el mutismo en la sala de interrogatorios contrastaba con la actividad en sus redes sociales, donde apareció una carta manuscrita en la que el mandatario defendía su decisión de imponer la ley marcial.

El caso de Yoon Suk-yeol no solo representa una investigación penal, sino también un desafío constitucional. Además de enfrentar cargos por insurrección, un delito que podría conllevar cadena perpetua o incluso la pena de muerte (aunque Corea del Sur mantiene una moratoria desde hace casi 40 años), el Tribunal Constitucional deberá decidir en los próximos meses si la inhabilitación parlamentaria es definitiva.

Mientras tanto, el país permanece dividido. En el centro de Seúl, los partidarios de Yoon se concentran en vigilias, mientras los líderes de la oposición celebran lo que consideran una victoria para la democracia. Woo Won-shik, presidente del Parlamento, resumió el sentir de la oposición:

—Debemos concentrar nuestros esfuerzos en estabilizar los asuntos estatales y restaurar la confianza de la ciudadanía.

En los pasillos de la política surcoreana, el arresto de Yoon Suk-yeol resuena como un terremoto, pero también como un recordatorio del frágil equilibrio entre el poder y la democracia en una nación que ha superado dictaduras, guerras y crisis económicas para convertirse en uno de los baluartes democráticos de Asia.