Nadia Beller
El juicio oral contra Virgilio Lema, comunicador y conductor del programa digital El Bunker, nos lleva a cuestionarnos sobre los límites de la libertad de expresión, el derecho a la protesta y el rol de la justicia en una democracia. Acusado de “instigación pública a no pagar tributos” bajo el artículo 179 del Código Tributario, Lema enfrenta un proceso judicial que vulnera no solo sus derechos fundamentales, sino también estándares internacionales de protección a la protesta y a la labor informativa.
El caso de Lema no puede analizarse de forma aislada. Su video lo hizo en el marco de una propuesta cívica que incluía la iniciativa de retener temporalmente el pago de impuestos como medida de protesta. Irónicamente, mientras los promotores de esta propuesta no enfrentan procesos legales por este tema, Lema es llevado a juicio simplemente por preguntar a su audiencia “si estaban o no de acuerdo con dicha propuesta”, lo cual denota una evidente disparidad y persecución judicial.
El caso expone cómo, en un contexto de alta polarización política, el sistema judicial boliviano ha desestimado garantías esenciales como la Ley de Imprenta y principios de proporcionalidad y necesidad reconocidos por el derecho internacional.
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-Una decisión que atenta contra la Ley de Imprenta
Lema presentó ante los tribunales de Tarija la solicitud de que su caso sea tratado bajo la Ley de Imprenta, vigente desde 1925, la cual protege la labor periodística e informativa. Sin embargo, dicha solicitud fue rechazada, ignorando el carácter informativo y de opinión de las declaraciones emitidas en su programa.
La Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 0545/2012-R establece que los periodistas, incluso en plataformas digitales, están amparados por la Ley de Imprenta cuando emiten opiniones o informan sobre temas de interés público. El rechazo del tribunal refleja una postura jurídica que desconoce las transformaciones digitales de los medios de comunicación, así como la jurisprudencia nacional que protege el ejercicio de la libertad de prensa en su sentido más amplio.
El programa de Lema no instó ni promovió acciones ilegales; por el contrario, analizó de manera abierta una propuesta planteada por terceros, fomentando el debate público. Esta labor, claramente informativa, no puede ser criminalizada bajo ningún argumento jurídico.
-Estándares internacionales: derecho a la protesta y libertad de expresión
El juicio contra Lema también contraviene estándares internacionales establecidos por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH y tratados como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Según el informe de la Relatoría de 2019, el derecho a la protesta es una forma legítima de participación política y social, estrechamente vinculada con el ejercicio de la libertad de expresión.
La criminalización de discursos críticos, como el de Lema, viola principios esenciales reconocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha señalado en múltiples casos que las restricciones a la libertad de expresión solo son admisibles cuando cumplen con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Esto significa que una opinión, aunque sea polémica o disonante, no puede ser reprimida si no representa un riesgo claro, real e inminente para el orden público o los derechos de terceros.
Por otro lado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en fallos como Ezelin vs. Francia y Handyside vs. Reino Unido, ha reiterado que la libertad de expresión incluye el derecho a expresar opiniones que puedan “ofender, impactar o molestar”. El discurso crítico hacia políticas públicas o instituciones gubernamentales es fundamental en una democracia y no puede ser restringido bajo pretextos políticos o judiciales. Del mismo modo la CIDH en el caso Palamara-Iribarne vs. Chile, subrayó que el debate político, incluso cuando resulta incómodo o crítico para las autoridades, es un componente esencial de las democracias pluralistas.
-El carácter politizado de la justicia en Tarija
El contexto político del juicio no puede ser ignorado. La decisión de procesar a Lema bajo el Código Tributario y no bajo la Ley de Imprenta refleja un sesgo judicial evidente en Tarija, donde los tribunales han mostrado una preocupante falta de independencia en casos que involucran a figuras críticas del gobierno.
Más allá de las implicaciones legales, este juicio sienta un precedente peligroso: el uso del sistema judicial como herramienta para silenciar voces disidentes. La independencia del poder judicial es un pilar esencial de cualquier democracia, y su ausencia es una afrenta al Estado de derecho.
La CPE garantiza la independencia del sistema judicial (artículo 178), pero casos como este demuestran que la justicia en Bolivia se utiliza, con frecuencia, como herramienta de reprensión política.
-Un debate legítimo no es un delito
Las declaraciones de Lema en su programa se limitan a analizar una propuesta cívica y fomentar la reflexión sobre los mecanismos de protesta ciudadana, nótese que en todo momento lanza la pregunta a su audiencia: “¿Está usted o no de acuerdo?”. La pregunta fundamental que plantea este caso no es si se debe o no pagar impuestos, sino si un ciudadano puede ejercer su derecho a debatir públicamente sobre las acciones del Estado y los pactos sociales que lo sustentan.
Criminalizar a un comunicador por plantear estas cuestiones constituye una vulneración directa a derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política del Estado, como el derecho a la libertad de pensamiento, opinión y expresión (artículo 21). Además, socava el principio democrático de que los ciudadanos tienen el derecho —y la obligación— de cuestionar las acciones del poder público.
-Conclusión: proteger la libertad de expresión es proteger la democracia
El caso de Virgilio Lema no es solo el juicio a un comunicador, sino un ataque a la esencia misma de la libertad de expresión y a los derechos ciudadanos en Bolivia. Procesos como este solo sirven para reforzar un sistema que privilegia la censura sobre el debate, la represión sobre la participación y la obediencia sobre el pensamiento crítico.
Los tribunales bolivianos deben rectificar su postura, aplicar la Ley de Imprenta y ceñirse a los estándares internacionales que protegen el derecho a la protesta y la libertad de expresión. De lo contrario, el país continuará deslizándose hacia un modelo autoritario donde el precio de pensar diferente será el silencio. Virgilio Lema no debe ser criminalizado; debe ser defendido como un ejemplo de resistencia frente a un sistema que busca callar lo que no puede controlar.