Hacia el Juicio oral. La familia del principal acusado, Joel P., niega la versión del feminicidio. Sin embargo, el Ministerio Público pide 30 años de cárcel para él y 15 para sus padres, por supuesta complicidad.
Para el juicio por el presunto feminicidio de Odalys Vaquiata, los fiscales del caso presentaron 135 pruebas documentales y 33 testigos de cargo, con el fin de lograr una condena de 30 años contra Joel P., el principal sindicado, y de 15 para sus padres, por una presunta complicidad.
“Todas las pruebas y evidencias recolectadas señalan que el imputado: Joel Sebastián P. G. ha incurrido en el delito de feminicidio, previsto y sancionado por el artículo 252 bis. Num. 1) y 5) del Código Penal, en calidad de autor, artículo 20 del Código Penal, y los imputados: Rudy P. G. (padre) y Betty G. Ch. (madre) han incurrido en el delito de feminicidio (…) en grado de complicidad”, señala parte de la acusación que presentó la Fiscalía, a la que Visión 360 tuvo acceso.
La joven madre, de 28 años, desapareció cerca a la población yungueña de Yolosita, el 30 de marzo de 2023, luego de que asistió a una fiesta en la población de Tocaña. En dicho evento, tanto su expareja como ella, consumieron bebidas alcohólicas y discutieron, según el relato de Joel P., quien afirma que, durante la discusión, Odalys se bajó del vehículo en una parte del camino y que desde ese momento desapareció.
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La acusación fue presentada el viernes 27 de diciembre, sólo unas horas antes de que los abogados de la familia Vaquiata presentaran un memorial solicitando a los fiscales que presenten el documento ante la jueza Regina Santa Cruz, del Juzgado Noveno Anticorrupción y Lucha Contra la Violencia hacia la Mujer.
El documento lleva la firma de los fiscales, Carlos Cortez, Gustavo Valdez y Sheila Rodríguez. Los mismo también presentarán como testigos de cargo a seis peritos.
En contacto con Visión 360, los asesores legales del acusado sostienen que Joel P. no incurrió en contradicciones, que los padres tampoco fueron cómplices de ningún delito y esperan que, durante el juicio, el testimonio de los testigos pueda desmentir y esclarecer las “afirmaciones tergiversadas” que se dieron por medios de comunicación.
Entre los testigos, figuran varios policías, pobladores de la zona, por donde se dieron los rastrillajes, además de otros implicados que, aún se desconoce los motivos, no fueron incluidos en la acusación.
Recordemos que la investigación inició como trata y tráfico de personas, ante la desaparición de Odalys, cuyos restos nunca fueron hallados. En ese sentido, se tiene que los fiscales modificaron el tipo penal, en función de otros antecedentes jurídicos, pero no porque haya certeza de que la joven madre haya perdido la vida.
Tanto Joel P. como sus padres, se hallan detenidos preventivamente. Por otro lado, entre los otros implicados figuran, Amilkar S., quien fue denunciado desde las primeras semanas de enero, por trata y tráfico, a quien ampliaron por feminicidio, en grado en encubrimiento. No obstante, el mismo no fue imputado ni sometido a medidas cautelares.
Otro implicado, que no fue incluido en la acusación, es el oficial de la Policía, José María A., quien cuenta con detención domiciliaria. Recordemos que el uniformado fue sindicado por, supuestamente, filtrar datos de la investigación a los padres de Joel P.
Asimismo, recientemente se amplió la investigación en contra de Jessica Daniela Q., detenida en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes y finalmente, Israel Z. con detención preventiva en el penal de San Pedro. Los fiscales no explicaron los motivos por los cuales se apartó del juicio a estas personas.
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