En esta antesala del proceso electoral también se vieron acercamientos y acuerdos entre el TSE y el Legislativo con la aprobación de la Ley de escaños, con los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para dar “certidumbre” a la población.
Fuente: El Deber
Con la estructura prácticamente armada para ejecutar el proceso que elegirá a nuevos gobernantes, el 17 de agosto de este 2025, en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) nuevamente se rezaga el otro tema pendiente, como es aprobar una ley para realizar la preselección de candidatos para las elecciones judiciales complementarias y, así concluir con la auto prórroga de siete magistrados, cinco del TCP y dos del TSJ.
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Hasta la fecha, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), fijó tres hitos de esa agenda: la primera, ratificar que el domingo 17 de agosto, será el día de las elecciones generales; la segunda, es el encuentro nacional por la democracia que se fijó para el 17 de febrero, reunión de la que participará el presidente Luis Arce y con la que se busca “blindar” las elecciones, y el tercer hito es el lanzamiento del calendario electoral que contendrá todas las tareas y fechas específicas que deben cumplir los actores antes, durante y después de las elecciones.
En esta antesala del proceso electoral también se vieron acercamientos y acuerdos entre el TSE y el Legislativo con la aprobación de la Ley de escaños, con los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para dar “certidumbre” a la población y, con el Órgano Ejecutivo, con el que coordina acciones para administrar las elecciones.
Y en esa línea, estos actores insisten en posicionar ante la sociedad tres conceptos: “blindar, transparentar y garantizar” todo el proceso electoral y, con ello, preservar la democracia en el país. Pero no todos les creen. Analistas y opositores ven que el TSE no necesita convocar a ninguna cumbre para blindar nada ya que el único blindaje que necesita es la Constitución Política del Estado y, más bien, ven con recelo esos acercamientos entre los vocales electorales, el Gobierno de Luis Arce y los magistrados auto prorrogados. Están en alerta.
¿Habrá judiciales?
En los primeros actos oficiales de este año, dos órganos como el Electoral y el Ejecutivo demandaron al Legislativo comenzar, cuanto antes, el proceso de las elecciones judiciales complementarias, tarea que primero depende de la Asamblea, que debe aprobar una norma que modifique la Ley 1549 y convoque a un proceso de preselección de postulantes a cinco magistrados del TCP y dos del TSJ en Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Cochabamba.
“Necesitamos, en los próximos meses, acordar la ruta para completar la elección de magistrados de los cinco departamentos pendientes, para avanzar en las mejoras requeridas en el sistema judicial y cumplir con lo que manda la Constitución”, demandó Arce en su mensaje el 22 de enero.
El proyecto de ley existe, fue presentado por la senadora Silvia Salame, quien en la sesión del 15 de enero, pidió tratar el proyecto con dispensación de trámite para acelerar su aprobación. No obstante, sus colegas opositores y oficialistas rechazaron el pedido y enviaron dicho proyecto a las comisiones de Constitución y Justicia para su tratamiento.
Al respecto, el senador de Creemos Henry Montero precisó a EL DEBER que dichas comisiones tienen 15 días para analizar el proyecto de ley y emitir un informe al pleno del Senado. Se prevé que esta última semana de enero manden ese informe y la directiva ponga en agenda el proyecto para a aprobarlo y enviarlo a Diputados.
“Se tienen que llevar a cabo las elecciones judiciales complementarias. Yo confío que en el Senado no tendremos mayores problemas para su aprobación. El gran problema siempre es en la Cámara de Diputados, por las pugnas que existen en esa instancia”, afirmó el senador cruceño.
Es decir, que hasta el momento aún no se tiene una fecha definida para las judiciales complementarias y el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, dejó en claro que este proceso complementario no debe contaminarse ni tenga tintes políticos, por lo que “debería realizarse antes o después de la elección general, pero de ninguna manera en la misma fecha”.
CC: “es una trampa”
Para Comunidad Ciudadana (CC), el hecho que sea el mismo presidente Arce que demande como prioridad uno la realización de las judiciales complementarias, en el año que termina su mandato y en un año de elecciones generales, es una forma de engaño al país, y tiene el claro afán que, con la excusa de estas judiciales, no se realicen las elecciones generales y el actual Gobierno se prorrogué así como los cinco magistrados del TCP.
“Que Arce nos hable de respeto a la Constitución es una contradicción, no tiene sentido y es una falacia porque primero él tiene que cumplir con ese respeto. Y pedir unas judiciales complementarias es la trampa del Gobierno para que no se lleve a cabo la elección general. ¿Hasta qué nivel va a distorsionar las cosas el Gobierno para no llevar a cabo las elecciones generales?”, cuestionó la senadora Andrea Barrientos en contacto con EL DEBER.
La legisladora cochabambina no cree que se puedan realizar las judiciales complementarias y dijo más bien que la prioridad este año debe ser que se realicen sí o sí, las elecciones generales y que los candidatos a la presidencia realicen “un pacto nacional por la justicia”, para que cuando se instale el 8 de noviembre el nuevo Gobierno nacional, se realicen las elecciones o se hagan los ajustes necesarios para solucionar la crisis de la administración de justicia.
Lobby electoral
Antes que el TSE lance la primera quincena de abril la convocatoria a las elecciones generales, el TSE impulsa una intensa agenda preelectoral. La primera acción fue el 16 de enero, cuando realizó una inédita sala plena conjunta con los magistrados del TCP, incluidos los cinco auto prorrogados, con la premisa de dar “certidumbre a la población”, de que sí se van a realizar estas elecciones.
La segunda acción se divide en dos puntos: fijar como fecha “inmodificable” el 17 de agosto como jornada electoral y confirmar, para el 17 de febrero, la cumbre nacional por la democracia, evento en el que el jefe de Estado aseguró su presencia como representante del Ejecutivo, los del Legislativo y los líderes del sistema político boliviano.
El objetivo para el TSE es concreto: lograr un “blindaje” a las elecciones generales de este año. A esa meta, el presidente Arce reforzó la figura cuando pidió a todos los actores políticos “velar por unas elecciones generales limpias y transparentes”.
En ese marco, la cumbre nacional por la democracia del 17 de febrero que se realizará en la ciudad de La Paz, tiene puntos claves para tratar: garantizar del Tesoro General de la Nación el presupuesto necesario –que alcanza a un total de Bs 319 millones– para las elecciones generales; la aprobación del Legislativo de al menos unas tres normas: ley para juzgar a los vocales con caso de corte con la Ley 044, ley que obligue a los candidatos a debatir en elecciones y la ley de paridad de género en las candidaturas.
No ven transparencia
Desde Creemos desconfían del TSE y el Gobierno y ven innecesaria una cumbre para blindar las elecciones porque ese es un mandato constitucional. El senador Montero observa que tanto el TSE como Arce manejan con insistencia el término de “blindar”. El TSE busca blindar las elecciones y a sus vocales, y el jefe de Estado pidió también blindar el proceso de cambio.
“Cuando se habla de blindaje y blindaje nos preocupa si el TSE actúa con transparencia, además el presidente Arce insta a blindar el proceso de cambio, ¿será que en esas reuniones que han sostenido no será más bien para blindar al MAS y no así las elecciones? Esos temas nos dejan con sospechas de que algo oscuro puede estar ocurriendo entre el TSE y el Gobierno de Arce”, afirmó Montero.
Fuente: El Deber