La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) advierte que la medida contenida en el PGE provocó “inseguridad y zozobra” entre los productores nacionales y el comercio formal.
Fuente: ANF / La Paz
En un pronunciamiento oficial publicado esta jornada, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) pidió al Gobierno dejar sin efecto la Disposición Séptima de la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, alegando que genera incertidumbre y afecta negativamente al sector productivo y comercial del país.
Según el comunicado, la medida contenida en el PGE provocó “inseguridad y zozobra” entre los productores nacionales y el comercio formal. Los empresarios consideran que la implementación de esta disposición careció de los debidos procesos de coordinación y diálogo con los sectores afectados, lo que incrementó la desconfianza y los conflictos sociales.
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“La indudable inseguridad y zozobra generada por la Disposición Séptima del PGE 2025 entre los productores nacionales y el sector del comercio, evidencian la necesidad de que la coordinación y el diálogo previo sean los mecanismos indispensables que se apliquen en cualquier decisión que afecte a los sectores productivos,” dice el comunicado oficial de la CEPB.
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Además, los representantes del sector empresarial pidieron al gobierno nacional realizar “ajustes normativos urgentes” para derogar la medida y evitar mayores perjuicios económicos y sociales. También enfatizaron la importancia de fortalecer acciones para combatir problemas estructurales como el contrabando, el agio y la especulación, los cuales consideran que son los principales generadores de distorsiones en el mercado.
“Pedimos al gobierno nacional que se consideren de manera urgente los ajustes normativos que correspondan para dejar sin efecto esta medida que ocasiona incertidumbre y desconfianza en las empresas y genera conflictos sociales innecesarios. Es importante que se fortalezcan las acciones para combatir el contrabando, el agio y la especulación en los espacios donde realmente ocurren,” afirmaron.
El sector subrayó que la vigencia de esa disposición podría traducirse en una desaceleración económica y en un mayor deterioro de las condiciones para la inversión privada. Por ello, instó al Gobierno a priorizar el diálogo con todos los sectores productivos para garantizar la estabilidad y sostenibilidad económica del país.
Pese a que la disposición fue eliminada en una comisión de la Cámara de Diputados, las autoridades no mostraron predisposición para derogar la medida. Sin embargo, se espera que el tema sea debatido en las próximas jornadas.