Jhon Rioja, defensa de los dirigentes Humberto Claros y Ramiro Chucho, denunció este martes que los juzgados de Instrucción Penal 14 y 9 de la ciudad de La Paz ocultaron expedientes, de ambos dirigentes, por más de 50 días para impedir que se lleve adelante una acción de libertad. Advirtió que existe una mano política para impedir la acción de libertad.

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El jurista indicó que el 15 de noviembre se llevó la audiencia cautelar de Cucho y Claros y que desde esa fecha ya transcurrieron 52 días en el que el juez de Instrucción 14 de La Paz debió elevar los antecedentes a la sala penal respetiva donde se pedirá su libertad.

“Es lamentable que este juzgado ha ocultado el expediente, en complicidad con el Juzgado de Instrucción 9 que estaba de vacaciones judiciales. Entre los dos se han pasado la pelotita indicando que no hay el expediente, lo han oculado. Se nota que hay mano política, presión por detrás”, dijo Rioja.

Recordó que el artículo 251 del Código de Procedimiento Penal señala que cuando una apela en una audiencia cautelar en 24 horas, el juez debe remitir todos los antecedentes, esto debido a que se trata de la libertad personal, la cual está protegida por el artículo 22 de la Constitución Política del Estado.

Acusó a los dos jueces de Instrucción Cautelar 9 y 14 de ser cómplices de la vulneración de los derechos y garantías constitucionales de Cucho y Claros.

“Como defensa técnica no podemos quedarnos de brazos cruzados o hacernos pasar por el buenito para que el juez en una cesación les de la libertad. Lo que exigimos es en derecho y hemos planteado de acuerdo al artículo 125 de la Constitución, lo que es la acción traslativa a los dos juzgados, porque ambos van a decir que el otro lo tiene”, explicó.

Indicó que en criterio de la defensa técnica no existe ni un solo elemento para su privación de libertad y señaló que el juez se basó “en meras suposiciones” prohibidas por la ley.

Cucho y Claros, ambos dirigentes del Pacto de Unidad afín al expresidente Evo Morales, fueron detenidos el 13 de noviembre y enviados al penal de Patacamaya de La Paz con detención preventiva por cinco meses.

Esto debido a que lideraron el bloqueo de caminos de 24 días en las rutas que conectan el occidente y oriente del país, entre octubre y noviembre del año pasado.

Según el gobierno, esta manifestación generó una pérdida de $us 2.200 millones. Por este hecho, el dirigente campesino Ponciano Santos y el exministro Juan Ramón Quintana también son requeridos por la Justicia; sin embargo, ambos se declararon en la clandestinidad.