El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, advirtió que la protesta pacífica es un derecho fundamental y no debe ser objeto de judicialización en Bolivia. Esta declaración surge tras la evaluación del Examen Periódico Universal (EPU) de derechos humanos, donde se recibieron recomendaciones relacionadas con la protección de la libertad de expresión y de reunión pacífica.

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Consultado en La Razón Radio sobre si dentro de las recomendaciones está asegurar el derecho a tener reuniones, a manifestaciones y el derecho a la protesta, Callisaya respondió:

“No podemos ingresar a una etapa de judicialización de la protesta, porque la protesta, reiteramos en la medida en que sea pacífica, es manifestación de esta libertad de expresión, que es parte del ejercicio de un derecho en un sistema democrático”, dijo.

Explicó que dentro de las recomendaciones que le hicieron a Bolivia en el marco del EPU, implica fortalecer las capacidades de las fuerzas del orden para garantizar protestas sin represión, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.

Además, dijo que la Defensoría, en un anterior informe, insistió en la importancia de proteger la protesta “en términos pacíficos y no alterar o limitar el derecho de terceros”.

El martes 21 de enero, Bolivia se sometió a este proceso de evaluación por cuarta vez desde la implementación del mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En la última revisión, se hicieron más de 280 recomendaciones al país.

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