Esta medida se tomó tras la denuncia de despidos injustificados, presuntamente motivados por las denuncias de actividades mineras ilegales en áreas protegidas.
Fuente: Brújula Digital
La Defensoría del Pueblo presentó un amparo constitucional contra el director ejecutivo del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), Jhonson Jiménez Cobo, en respuesta a la destitución del guardaparque Marcos Uzquiano y otros funcionarios. Esta medida se tomó tras la denuncia de despidos injustificados, presuntamente motivados por las denuncias de actividades mineras ilegales en áreas protegidas.
La semana pasada, la Defensoría del Pueblo solicitó un informe al SERNAP tras conocer la emisión de memorándums de agradecimiento a guardaparques destacados, incluyendo a Uzquiano. Estos despidos han sido calificados por grupos de defensa del medio ambiente como represalias directas.
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Claudia Flores, responsable de la unidad de Debida Diligencia y Derechos de la Madre Tierra, afirmó que “el SERNAP desvinculó a funcionarios reconocidos internacionalmente, lo que representa un grave retroceso en la protección ambiental del país”. Flores destacó que, a pesar de los intentos de obtener una reunión con las autoridades del SERNAP, no se recibió respuesta.
Además, Uzquiano enfrenta ahora un proceso administrativo, impulsado por el SERNAP, a través de la Resolución Sumariante N° 001/2025. La entidad argumenta que el guardaparque violó diversas normativas, incluyendo la Constitución y la Ley del Funcionario Público, y lo sanciona por emitir un llamado a las autoridades ante la amenaza de incendios sin informar a sus superiores, lo cual, según ellos, contradice sus deberes como servidor público del SERNAP.
Uzquiano expresó en sus redes sociales que el SERNAP lo está procesando por alertar sobre incendios forestales, por su liderazgo en la Asociación Boliviana de Guardaparques, y por cuestionar a autoridades en entrevistas públicas. También denunció la muerte de un jaguar en instalaciones de una empresa china y participó en eventos internacionales, como la COP3 sobre el Acuerdo Regional de Escazú.
BD/RED