El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya pidió a las instancias del Estado a trabajar no solo “en la atención represiva del conflicto, sino en el ámbito de prevención”.
Marcha de los gremiales por el centro de La Paz. Foto: APG
La Defensoría del Pueblo presentó este miércoles su informe respecto de la conflictividad en el país en el período 2024. La mayoría de los reclamos tuvo que ver con la economía, según el análisis presentado por el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.
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“En la gestión 2024, la principal demanda al gobierno central se enfocó al campo económico (145), que afectó el ámbito laboral (93) y la disconformidad con la gobernanza (87), sobre todo a nivel central”, dice parte del reporte presentado en conferencia de prensa.
Callisaya atribuyó esos conflictos, principalmente, a los reclamos de varios sectores respecto de problemas como la escasez de combustibles y de dólares en el mercado nacional. Además, los constantes reclamos por el incremento en el precio de los productos de la canasta familiar.
En la descripción de los tipos de conflicto la Defensoría detalló que en 2024 se generaron 166 bloqueos; 142 marchas; 42 enfrentamientos; 39 paros y 31 tomas de instituciones, entre otros, como vigilias, huelgas, cabildos, avasallamientos y otros, con menor proporción.
Defensoría del Pueblo
“De los 563 hechos de conflictividad producidos en la gestión 2024, la Defensoría del Pueblo realizó Intervenciones en 452, equivaliendo al 75% del total de las hechas de conflictividad”, añade el informe.
Asimismo, en sus conclusiones, la defensoría del Pueblo recomendó al Gobierno fortalecer la gestión de la conflictividad en el país.
“Denotamos la necesidad de fortalecer la gestión de conflictividad en esta gestión 2025 que, como vemos, ha ido repuntando. Por tratarse de un año arrastra los problemas económicos, sumado al ambiente electoral, hay posibilidad pueda generar situaciones (de conflicto) con mayor recurrencia”, vaticinó Callisaya.
Finalmente, en su recomendación, el Defensor pidió a las instancias del Estado a trabajar no solo en la “atención represiva del conflicto, sino en el ámbito de prevención”.