Riesgos para la economía boliviana. Los ajustes son necesarios porque, de lo contrario, según advierten empresarios y expertos, se agudizarán los problemas por la escasez de dólares, de combustibles, menor crecimiento, desempleo y conflictos políticos y sociales.
La falta de dólares, la escasez de combustible que tiende a agudizarse, el elevado déficit fiscal y gasto público, la inflación, desempleo y mayor precariedad laboral son las principales amenazas para la economía en 2025, según advierten industriales, economistas y empresarios.
A nivel interno, la conflictividad política, los bloqueos económicos son otro riesgo.
Aunque el Gobierno proyecta un crecimiento económico de 3,51% para 2025, organismos internacionales hicieron proyecciones menores, como el Banco Mundial que estima una tasa de 1,5% y el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Cepal, 2,2%.
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Álvaro Ríos, exministro de Hidrocarburos, advierte que el Gobierno necesita 3.800 millones de dólares para importar combustibles; de lo contrario, la escasez de gasolina y diésel persistirá.
“Un país que está desabastecido de energía no puede subsistir y si esta situación persiste, lo único que va a traer es mayor pobreza a la población. El mercado debe estar con el suministro de todo tipo de energías para mantener la economía en crecimiento o, por lo menos, con estabilidad”, precisó.
Juan Antonio Morales, expresidente del Banco Central de Bolivia (BCB), advirtió que las principales amenazas tienen que ver con el elevado déficit fiscal y que es muy difícil financiar. A esto se suma la escasez de divisas y de combustible.
“Si no se da una solución a estos problemas, la situación puede agravarse. Si no hay combustible, la producción y el transporte pueden paralizarse por un periodo largo de tiempo y esto puede incidir en un menor crecimiento económico y desempleo”, recalcó.
Para el presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Pablo Camacho, la falta de dólares y de diésel para el normal funcionamiento de las empresas y el aparato productivo es la principal amenaza que se tiene para 2025.
Además, dijo que el Gobierno debe realizar los ajustes necesarios para tener un equilibrio fiscal, de la balanza comercial y un “sinceramiento” en el manejo de las empresas estatales.
Para el sector exportador, una de las principales amenazas que se ciernen, en un año electoral como 2025, es la debilidad de la gestión pública.
El gerente de la Caneb, Marcelo Olguín, advirtió que, si es que no hay una atención adecuada a los problemas como la falta de dólares, combustibles, las consecuencias se reflejarán en un bajo crecimiento económico, menor producción y oferta de alimentos.
Esto, a su vez, puede traducirse en una mayor inflación.
La voz de los analistas
“Sin $us 3.800 MM, seguirá la escasez de combustible”
Un país que está desabastecido de energía no puede subsistir y si esta situación persiste, lo único que va a traer es mayor pobreza a la población. El mercado debe estar con el suministro de todo tipo de energías para mantener la economía en crecimiento o por lo menos con estabilidad.
Este 2024, Bolivia dejó de exportar gas natural al mercado de Argentina; segundo, el Gobierno ha reconocido, luego de más de 10 años, que hay una profunda crisis energética; y, tercero, se ha liberalizado la importación y comercialización de combustibles.
Este 2025, a no ser que el Gobierno tenga un as bajo la manga, esto es contar con 3.800 millones de dólares contantes y sonantes, el desabastecimiento de combustible va a continuar, y de una manera más severa, porque el aumento de la subvención a los carburantes es más grande. Esto debido a que cada vez hay menor producción de gas natural, petróleo y condensado; por lo tanto, se exportará menos gas y vamos a importar más gasolina y diésel y, muy probablemente también, Gas Licuado de Petróleo (GLP).
Esto obliga a contar con una mayor disponibilidad de divisas, para importar y mantener al país abastecido de combustibles.
Además, 2025 por tratarse de un año electoral, va a marcar el rumbo de cómo se va a reencaminar la “desastrosa” política económica actual, que se caracteriza por un “estatismo secante” y un Estado empresario que solo quiere crear más empresas públicas, que son “deficitarias”.
Según Ríos, los partidos de oposición y oficialismo tendrían que ofrecer a la población un cambio de rumbo en el ámbito económico y energético. “Qué vamos a hacer y de dónde vamos a sacar 3.800 millones de dólares para importar combustibles.
Qué vamos a hacer con los gasoductos vacíos y oleoductos sin capacidad de transporte, refinerías operando al 50% de capacidad, una planta separadora de líquidos de Yacuiba vacía y la planta de urea operando con poca capacidad”, apuntó. Cuál es el giro a la Ley de Hidrocarburos para atraer inversión, dar seguridad jurídica y reponer reservas.
“La principal amenaza es el déficit, la falta de dólares”
La principal amenaza para la economía boliviana en 2025 es el elevado déficit fiscal, el cual es muy difícil financiar. El Presupuesto General del Estado (PGE) menciona cifras elevadas de recursos que es complicado de obtener, como financiamiento externo e interno.
No es posible que se arrastren déficits de tantos años por encima de 7% y aunque no se dispone de datos oficiales sobre la brecha de este año, entre ingresos y gastos, pero se proyecta que el nivel está por el 12% del PIB. Para corregir esa situación se necesitan medidas de saneamiento fiscal urgentes.
El segundo problema o amenaza es la falta de disponibilidad de dólares para las necesidades personales y de comercio exterior, y hay un virtual congelamiento de depósitos en dólares en el sistema financiero.
El tercer problema es la falta de una disponibilidad regular de combustible. No puede ser que en la actualidad el suministro sea objeto de interrupciones frecuentes.
Si no se da una solución a estos problemas, la situación económica de Bolivia puede agravarse. Si no hay combustible, la producción y el transporte pueden paralizarse por un periodo largo de tiempo y esto puede incidir en un menor crecimiento económico y un mayor desempleo.
Si hoy no se consigue combustible, más que por ninguna otra razón, es por la falta de dólares para cancelar las facturas por la importación.
Los bloqueos pueden perjudicar temporalmente el suministro, pero es un problema que debe ser solucionado lo más pronto posible con una política cambiaria adecuada.
El año electoral puede postergar una solución a estos problemas estructurales que tiene la economía boliviana, pero la estrategia del Gobierno es aguantar hasta el momento de las elecciones.
Sin embargo, hay luces al final del túnel, con las propuestas que han ido presentando los principales aspirantes a la Presidencia como Samuel Doria Medina, Jorge Quiroga, Carlos D. Mesa.
“Hay más precariedad laboral, vulneración de derechos”
Para el investigador Bruno Rojas, el mayor desafío que se tiene para 2025 es superar la crisis económica y generar empleo estable, porque, hasta el momento, el Gobierno solo mostró ineficacia y priorizó la disputa política.
El otro reto es cómo se va a encarar la caída de la producción de gas natural y de las exportaciones de este energético, lo cual implica atraer inversión de manera acelerada para exploración y aumento de reservas. El otro aspecto es recuperar y subir el nivel de Reservas Internacionales Netas (RIN) y aumentar la producción de alimentos, porque hay un alza de precios de la canasta familiar.
Rojas sostuvo que, en la parte social, el Gobierno debe mejorar la calidad del empleo que en los últimos años ha caído, y se ha traducido en un deterioro y precarización de la actividad laboral.
“No hay actividad económica donde no exista precariedad laboral, con contratos a destajo, empleos eventuales, contratos civiles sin acceso a seguridad social. El otro desafío es hacer cumplir la legislación laboral, porque todos los días se vulneran los derechos de los trabajadores, con despidos, salarios devengados, no pago de subsidios, acoso laboral”, remarcó. Otro desafío, dijo, es la necesidad de encarar políticas que mejoren la inserción laboral de jóvenes, y de aquella población con mayor nivel educativo y profesionales que salen de las universidades y no encuentran empleo.
Además, urge generar empleos estables con mayores ingresos y con seguridad social porque, de lo contrario, el país tendrá que enfrentar cada vez una mayor informalidad y con tasas de subempleo en alza. “El 75% a 80% de la población ocupada está en la informalidad y eso implica subempleo y oculta la pobreza y la precariedad. El 96% a 97% del sector informal tiene empleos precarios y el Estado no hace nada para revertir esto. Solo en la 16 de Julio de El Alto, hay mil ferias donde la gente se refugia para conseguir algo de ingresos”, puntualizó Rojas.
Se necesita mayor inversión en la prevención de violencia de género, una nueva ley de pensiones, protección de parques nacionales y pueblos indígenas.
“Conflictos políticos, devaluación, riesgos en 2025”
El presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, manifestó que las principales amenazas de 2025 a nivel interno son los problemas de gobernabilidad y gobernanza, conflictividad política, bloqueos de carreteras y paros indefinidos.
A esto se suma el mayor endeudamiento público, deterioro del comercio exterior, agudización de la crisis fiscal y cambiaria, agotamiento crónico de las RIN (divisas y oro), poca sinergia entre el sector público y privado, desabastecimiento y encarecimiento de productos básicos, alimentos y otros en la economía, aumento del contrabando, falta de políticas públicas de reajuste estructural, inicio de una estanflación y otros.
A nivel externo, las amenazas tienen que ver con el alza del precio del petróleo, caída de los precios de los commodities (gas natural y minerales), elevación de las tasas de interés, incremento de la inflación mundial, mayor caída de la inversión extranjera, fenómenos climatológicos, agudización de los conflictos bélicos mundiales, incremento de los costos de comercio exterior, devaluación de monedas vecinas, deterioro de calificaciones de riesgo, crédito e inversión por entidades internacionales.
Las consecuencias, si es que no se hacen reajustes en nuestra economía, serán la agudización de la falta de carburantes, escasez de divisas y encarecimiento de su precio, y una inflación galopante. Caída del PIB, inversión y empleo, además, se devaluará más nuestra moneda y su poder adquisitivo, lo cual significaría incremento de la pobreza en la población.
Para sacar a Bolivia de esta crisis multidimensional de origen, principalmente fiscal, se requiere un viraje de 180 grados en la administración de la economía, finanzas y el Estado. No solo se debe pensar en la implementación de políticas fiscales y monetarias que estabilicen y hagan sostenible nuestra economía, sino de un cambio en la estructura política, normativa e institucional que acompañen este proceso. Esto debe estar acompañado con la atracción de capitales extranjeros estratégicos, bajo un marco de Estado de Derecho y libertad económica.
“La falta de dólares, la inflación, déficit son un riesgo”
La gestión 2024 ha estado marcada por el agravamiento de la crisis económica, donde la continua escasez de dólares ha llevado a la devaluación real de la moneda nacional frente al dólar, y la escasez de combustibles han provocado un quiebre en la cadena de suministros.
El sector empresarial tropezó con muchas dificultades para realizar transferencias al exterior para realizar pagos a sus proveedores. La industria nacional también sufrió por la falta de divisas puesto que depende en gran medida de las importaciones de insumos para la producción. La agroindustria ha advertido que esta situación pone en riesgo la seguridad alimenticia del país y se empiezan a observar el desabastecimiento de productos básicos de la canasta familiar.
A pesar de que el INE registra un crecimiento de 2,6% al primer semestre del año, la percepción de los agentes económicos es que la cifra del INE no refleja la dura situación económica. Al mes de noviembre la inflación acumulada ha sido de 8,8% y puede llegar a los dos dígitos. Lo preocupante es que el dato es utilizado posteriormente para fijar el aumento salarial.
Esta crisis proviene del agotamiento de las reservas de gas, las reservas internacionales y la capacidad de endeudamiento del país. Esto hace que el sector público genere un déficit público que solo se puede financiar recurriendo principalmente al endeudamiento interno, constituido por préstamos de la Gestora y del Banco Central, generando emisión inorgánica. Esto genera el aumento de la demanda de dólares y bienes, y deriva en la depreciación del boliviano y la inflación. Para evitar que esto se desborde es necesario reducir el déficit fiscal a niveles manejables (alrededor del 3% del PIB). Pero esto no es una prioridad para el Gobierno.
Lamentablemente las proyecciones para 2025 son poco alentadoras. Todo hace pensar que los problemas que observamos en 2024 podrían ahondarse aún más. Sin embargo, debemos ser optimistas respecto al anhelo de mejores días para nuestro país, considerando que hay elecciones y es el Bicentenario.
“El exceso de gasto público es la mayor amenaza”
A nivel interno, la principal amenaza que va a afectar a los hogares y a empresarios es el exceso de gasto público de parte del Estado, que se financiará con crédito interno y externo, y que puede traducirse en un aumento de la inflación y consecuente pérdida del poder adquisitivo de la moneda, opinó el economista Germán Molina.
A nivel externo la situación es incierta porque una vez que asuma la Presidencia de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, modificará su política de comercio con el mundo y se desconoce si la tasa de interés de la reserva federal bajará, se mantendrá o subirá.
A Bolivia le conviene que las tasas disminuyan, porque de esa manera se puede evitar la salida de capitales hacia el país del norte.
Los conflictos en Ucrania, Palestina aún tendrán efectos en el comercio internacional porque los costos de fletes y transporte seguirán en alza.
Según Molina, para 2025 no se prevé ningún ajuste al gasto fiscal, ya que el Presupuesto General del Estado (PGE) prevé que esto será financiado con crédito interno y externo, como por ejemplo la emisión de bonos soberanos por 3.000 millones de dólares, la entrega en garantía de las reservas de oro, entre otras medidas.
“Estamos en un año electoral y se intensificará el gasto público porque el Gobierno quiere demostrar que hace obras, pero poniendo en riesgo la economía. No habrá cambio, a no ser que entre un nuevo Gobierno luego de las elecciones, y defina una nueva política económica y ponga en orden las cuentas fiscales, cambiarias y externas”, advirtió Molina.
De acuerdo con el economista, el gasto es superior en 110% respecto a la producción de bienes y servicios, porque el Gobierno considera que, si se hace esto, habrá mayor crecimiento económico, lo cual no se observa en los últimos años.
La solución a la crisis se esperaría con una nueva administración, pero si el MAS se mantiene en el poder, la política actual va a continuar por cinco años, con un camino a desequilibrios económicos con alta inflación y bajo crecimiento.
“La mayor amenaza es una gestión pública débil”
Una de las principales amenazas que se ciernen en un año electoral como 2025 es la debilidad de gestión pública, opinó el gerente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Marcelo Olguín.
Explicó que se ha tenido una gestión 2024 muy difícil por la escasez de dólares y de combustibles. Esto puede generar dificultades al sector productivo para movilizar la maquinaria y la importación de insumos y materia prima, si es que no existe una solución.
La otra amenaza es que el Gobierno estará más abocado a la campaña que a la gestión económica. “Si es que no hay una atención adecuada a los problemas identificados, las consecuencias se reflejarán en un menor crecimiento económico, menor producción y oferta, particularmente de alimentos. Esto a su vez puede traducirse en una mayor inflación. En 2024 ya se tuvo casi el triple de la inflación proyectada en el PGE de ese año y el programa fiscal financiero suscrito con el Banco Central de Bolivia”, advirtió.
La Caneb observa para 2025 mayor inflación y elevados niveles de pobreza. Por eso es que para el sector es urgente que el país pueda recomponer las Reservas Internacionales Netas (RIN), asumir las debidas acciones para tocar las puertas de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), que han sido creados para atender crisis y problemas de balanza de pagos de los países. “De no asumir acciones, vamos a seguir de manera errática generando situaciones más complicadas para la sociedad”, anticipó.
Los exportadores consideran que 2024 ha sido un año negro para las ventas al mundo, pero es posible que se haya tocado fondo y no se espera una mayor caída de la que se tuvo este año, 20% a 22%.
“Se espera una cierta recuperación de las exportaciones porque, en el plano internacional, la Reserva Federal de Estados Unidos ha aplicado ya reducciones de las tasas de interés y anunció que habrá un nuevo ajuste a la baja. Por lo tanto, la demanda agregada global debería reactivarse y mejorar en términos de volumen y precios las exportaciones”, subrayó.
“Falta de dólares y diésel preocupan a los industriales”
El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Pablo Camacho, señaló que la falta de dólares y de diésel, para el normal funcionamiento de las empresas y el aparato productivo, es la principal amenaza que se tiene para 2025.
“Aún se enfrenta una seria escasez y dificultades para acceder a dólares al tipo de cambio oficial y se debe tener acceso a divisas con el pago de comisiones que alcanzan al 60%”, remarcó.
El tercer problema para la industria es el contrabando no solo de productos que compiten de manera ilegal, sino con la salida ilegal de alimentos y otros productos (contrabando a la inversa). Esto genera presión sobre el sector formal al establecer mayores controles, como estipula el proyecto de Presupuesto 2025. “El contrabando a la inversa ha provocado que el Gobierno en lugar de aumentar la presión sobre el crimen organizado, los contrabandistas intermediarios, lo haga sobre el sector privado”, precisó Camacho.
El cuarto problema es la falta de seguridad jurídica y las constantes tomas de propiedades agrícolas en el oriente y propiedades mineras en el occidente.
Para la CNI se necesitan algunas medidas urgentes porque, de lo contrario, el país no podrá reactivarse si el sector privado no logra una mayor participación en la economía. Se necesita una nueva ley de inversión, de hidrocarburos, de electricidad, de minería y una ley contra los bloqueos. “La Asamblea Legislativa y el Gobierno tienen la obligación con 11,5 millones de bolivianos de aprobar leyes que hagan viable y atractiva a Bolivia para las inversiones, independiente de la afiliación política, para que futuras administraciones tengan un marco adecuado para atraer capital privado”, remarcó.
Además, el Gobierno debe realizar los ajustes necesarios para tener un equilibrio fiscal, de la balanza comercial y un sinceramiento en el manejo de las empresas estatales. “No se escucha de alguna empresa estatal que no cumple con su propósito, en lugar de que esa firma esté absorbiendo presupuesto de los bolivianos y generando déficit o pérdida, debería cerrar”, recalcó el titular de la CNI.