El Órgano Electoral, un carnaval   


Mgr. Fernando Berríos Ayala / Politólogo

El 3 de enero de 2025, Oscar Hassenteufel, presidente del Tribunal Supremo Electoral adelantó que las elecciones generales en Bolivia se realizarán el 10 de agosto de 2025 y que la convocatoria debe darse hasta el 10 de abril del presente año. El pasado jueves el vicepresidente de esta institución, Francisco Vargas manifestó que todavía no se definió la fecha de las elecciones generales debido a que se deben revisar criterios técnicos, indicó que, si bien se habla de que las elecciones serán el domingo 10 de agosto, esta fecha todavía es una “posibilidad”. “La fecha de elección no ha sido decidida en Sala Plena, hay criterios técnicos que se han dado”, indicó Vargas y agregó que la fecha “se debe determinar en los próximos días” solicitando a sus direcciones nacionales que presenten “la fecha idónea” para la jornada electoral, concluyo señalando que incluso existen propuestas de realizar los comicios el 17 de agosto o la última semana de ese mes. El objetivo del Órgano Electoral es cumplir con los plazos establecidos por Ley de cara al 8 de noviembre, fecha en que se cumple el mandato del presidente Luis Arce y no querer acomodar las fechas a gusto de alguien o de algunos, si cumplimos lo que establecen las Leyes del Régimen Electoral, del Órgano Electoral, de las Organizaciones Políticas y otros, se deben establecer fechas que están definidas en aquellas normas.



La convocatoria a elecciones se realiza con 120 días de antelación, se deben sumar 60 días si corresponde realizar una segunda vuelta, los resultados en primera vuelta se entregan en 7 días y los de segunda vuelta en 5 días, lo que significa que para fines de octubre exista el Cómputo Nacional definitivo y luego posesionar a las autoridades electas. Si la convocatoria es el 10 de abril, las elecciones son el 10 de agosto, le entrega de resultados el 17 de agosto. Si hay segunda vuelta, será el 17 de octubre y los resultados se entregarán el 22 de octubre. La entrega de credenciales 12 días después, el 3 de noviembre, la posesión del presidente y vicepresidente será el 8 de noviembre. Difícil? No lo es, los del TSE –supongo- que saben que es así.

En días pasados el Vocal Tahuichi del TSE advirtió del riesgo que corrían las elecciones 2025 si no se aprobaba la Ley de Escaños. Según esta autoridad, “El riesgo potencial es que se frene la elección. Hay que recordar que hay más de tres millones de cruceños que podrían presentar un recurso de amparo constitucional una vez que comience la elección presidencial, poniendo en peligro todo el proceso electoral”. Aquello es una falacia, no se puede poner en riego el proceso de elecciones generales y encima se haya chantajeado a la Asamblea Plurinacional para que apruebe la Ley sobre la nueva distribución de escaños. No existe ninguna norma que establezca aquello so pena de suspender los comicios. En todo caso si no se aprobaba esta Ley, la obligación era aplicar la anterior norma de circunscripciones, lo que mantendría la distribución antes del Censo, que de hecho ya fue cuestionado porque sus resultados nos son el reflejo de las proyecciones establecidas por el propio Instituto Nacional de Estadística. Una vez más, el Órgano Electoral parece que responde a intereses y no así a las reglas establecidas.

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Para ponerle la cereza a la torta, el Tribunal Constitucional Plurinacional y el Tribunal Supremo Electoral suscribieron un acuerdo de colaboración conjunta para garantizar las elecciones generales de agosto próximo. El TSE se compromete a cumplir la Ley en el ámbito de su jurisdicción en las elecciones generales 2025 y el TCP hacer lo propio desde su jurisdicción y competencia en el proceso electoral. Es inadmisible que el TSE se someta al TCP y permita que exista un acuerdo para avalar los comicios, el Órgano Electoral tiene toda la autoridad e independencia para realizar su trabajo y garantizar las elecciones. Seguimos sometidos a la justicia y por lo tanto a las decisiones de Lucho y los masistas. ¿Será posible?

Fuente: eju.tv


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