La sociedad en la que vivimos hoy está marcada por décadas de malas prácticas administrativas, corrupción y una pérdida alarmante de valores fundamentales. Con el tiempo, hemos observado cómo la línea entre lo correcto y lo incorrecto se ha difuminado, y cómo lo legal se confunde con lo ilegal, mientras lo moral se entrelaza con lo inmoral. La consecuencia es clara: nos encontramos ante una sociedad en decadencia, donde la confianza en las instituciones se ha visto gravemente afectada.
Es preocupante ver que, en el actual panorama político, ninguno de los partidos o agrupaciones que se presentan como alternativa de cambio está proponiendo un plan integral y estratégico que aborde esta crisis estructural. A pesar de las promesas económicas, ninguna medida por sí sola podrá superar la profunda crisis social, política y moral que vivimos. Para revertir esta situación, necesitamos un enfoque que aborde el problema de raíz.
Uno de los principales desafíos que enfrentamos es la lucha contra la corrupción estructural que corroe nuestras instituciones. Este desafío debe ser prioridad en cualquier nuevo gobierno, implementando políticas de Estado con un compromiso firme y un cumplimiento estricto de la ley. La impunidad no debe tener cabida, y aquellos que hayan cometido delitos, sin importar su naturaleza, deben ser juzgados y condenados.
Es cierto que las reformas de amplio alcance necesitarán más de un periodo de gobierno para dar resultados visibles. Sin embargo, es imperativo que se inicie de inmediato un plan gradual y sistemático, en el que se cuente con el compromiso de todos los sectores de la sociedad. La política de corto plazo puede ganar elecciones, pero solo la política de largo plazo puede cimentar un futuro próspero y sostenible.
El verdadero reto, por lo tanto, no es solo elegir a los mejores líderes, sino también cambiar nuestra concepción del ejercicio del poder. La verdadera medida del legado político de una generación no se encuentra en los procesos que implementó, sino en los proyectos que dejó como herencia.
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Frente a la magnitud de esta crisis, los especialistas coinciden en que el país necesita una «cirugía mayor». Debemos intervenir todos los males que nos aquejan, empezando por la crisis moral que corroe los cimientos de nuestra sociedad. La clave de este cambio está en un modelo educativo que no solo forme profesionales, sino que también forme seres humanos íntegros, con principios y valores sólidos. Esta tarea no es solo responsabilidad del sistema educativo, sino también de las familias y de todos los actores sociales.
No estamos desconociendo la necesidad urgente de implementar un plan económico con un enfoque social que aborde las recomendaciones de los expertos. Sin embargo, este plan económico debe ser liderado por un estadista con una conducta moral intachable, que tenga una visión inclusiva y que esté dispuesto a trabajar por el bien común.
La tarea de reconstruir nuestra nación es titánica, pero no es imposible. Es esencial que todos, desde los empresarios hasta los estudiantes, desde los trabajadores hasta las amas de casa, nos sumemos a este esfuerzo. La Gran Cruzada Patriótica que necesitamos debe ser una causa nacional, con campañas de concientización en cada comunidad y municipio, para que todos comprendamos los beneficios de este ambicioso plan.
Este proceso no es solo una reforma política o económica, sino una Revolución Cultural que transforme nuestra sociedad desde sus cimientos. Solo así podremos construir el país que merecemos, un país basado en la justicia, la equidad y el respeto a los valores fundamentales.
Fernando Crespo Lijeron