El Presupuesto General del Estado 2025 establece que las entidades financieras deben destinar a fines sociales el 6% de sus utilidades netas alcanzadas en la gestión 2024, esta medida fue reglamentada mediante el Decreto Supremo N°5306 y anualmente se realiza esta canalización de utilidades del sector financiero hacia áreas prioritarias, teniendo como resultado la creación de mecanismos como los fondos de garantía para créditos productivos, créditos de vivienda de interés social y programas de capital semilla, entre otros.
Esta política tiene su fundamento en la Constitución Política del Estado, que establece que los criterios de regulación del sistema financiero son los de igualdad de oportunidades, solidaridad, distribución y redistribución equitativa, estos principios se complementan con la Ley de Servicios Financieros, que establece que los mismos deben cumplir una función social, contribuyendo a los objetivos de desarrollo integral para el vivir bien, la eliminación de la pobreza, así como también la exclusión social y económica de la población.
Este enfoque contrasta con los modelos financieros de otros países, donde la responsabilidad social se promueve a través de incentivos fiscales o programas voluntarios. Por ejemplo, en Estados Unidos, la Ley de Reinversión Comunitaria obliga a los bancos a invertir en comunidades de bajos ingresos, en Europa iniciativas como los microcréditos gestionados por bancos cooperativos también cumplen un propósito social, aunque suelen ser promovidas por el sector privado, mientras que en América Latina, países como Brasil y Colombia exigen que las instituciones financieras destinen un porcentaje de sus utilidades a proyectos sociales.
Sin embargo, Bolivia se distingue por incorporar esta responsabilidad como una obligación constitucional, subrayando su importancia como una política de Estado, buscando garantizar que el sistema financiero no se limite a perseguir fines lucrativos sino que también desempeñe un papel activo en la inclusión financiera, el acceso a servicios para sectores vulnerables y la promoción de actividades productivas, convirtiéndose en una característica diferenciadora del país a nivel internacional.
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De acuerdo a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, hasta noviembre de 2024 los créditos de vivienda de interés social otorgados a personas sin vivienda propia, beneficiaron a más de 101 mil familias, con un monto total de Bs23.324 millones, por otro lado, los créditos dirigidos al sector productivo alcanzaron Bs104.383 millones, favoreciendo principalmente a sectores como la manufactura, la agricultura, la ganadería y la construcción.
La función social del sistema financiero en Bolivia desempeña un papel clave en equilibrar la rentabilidad bancaria con el bienestar colectivo y la canalización del 6% de las utilidades hacia fines sociales no solo contribuye a mejorar la calidad de vida de miles de ciudadanos y a reducir desigualdades, sino que también reafirma el compromiso del sistema financiero con el desarrollo sostenible del país, impulsando el crecimiento económico inclusivo y consolidando a Bolivia como un modelo de referencia en la integración de políticas financieras con objetivos de desarrollo integral.
El autor es economista